El 87% de las empresas han mostrado su disposición a realizar una aportación sobre el salario a sus empleados para nutrir los planes de pensiones de sus empleados, aunque el 63% ha indicado que actualmente no se dan las condiciones económicas para realizarlo a día de hoy. Por otra parte, sólo el 27% de las empresas encuestadas tiene un plan de previsión, lo que es más común en sectores como el financiero, los servicios, el químico y farmacéutico. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe «Situación de las Pensiones en España. Edición 2020» que ha elaborado KPMG Abogados y que es resultado de una encuesta a 63 empresas españolas, entre ellas muchas multinacionales de sectores tan diferentes como el financiero, la industria o la distribución y de filiales españolas de multinacionales extranjeras. El estudio también analiza los tipos de planes de pensiones dentro de las empresas: El 79% de los analizados son de aportación definida y la mayoría de ellos fueron transformados en esta modalidad tras la normativa de exteriorización del 2002 y los que se mantienen en vigor corresponden, en la mayoría de los casos, a colectivos cerrados donde no se permite la entrada de nuevos partícipes. El porcentaje de planes mixtos responde normalmente a planes de aportación definida para la contingencia de jubilación y prestación definida para las contingencias de fallecimiento e incapacidad. De la muestra analizada, el 61% de los planes va dirigido a toda la plantilla y un 20% al personal directivo. La mayoría de los planes de jubilación implementados en España se corresponden a lo que se conoce como Planes de Pensiones de Empleo «ya que son los que reúnen mayores ventajas, tanto para las empresas como para los trabajadores», ha apuntado desde KPMG Abogados. Respecto a la fórmula de aportación, el 74% de las empresas ha optado por un porcentaje fijo sobre el salario pensionable, en la mayoría de los casos el salario fijo bruto, según el mencionado estudio. Sin embargo, el 73% de los encuestados ha reconocido que dispone de un sistema de ahorro individual para su jubilación y, de ellos, a pesar del impacto de la Covid-19, casi el 60% afirma no haber modificado su aportación habitual destinada a este fin. La política de inversión de los planes de jubilación suele ser conservadora, que persigue la preservación de capital y cabe tener en cuenta que las estrategias de inversión de estos planes se fijan en base al horizonte temporal de la jubilación. En opinión de Álvaro Granado, el director del área de Pensiones de KPMG Abogados, «empresa e individuo deben tomar conciencia de la necesidad de llevar a cabo una correcta planificación de la jubilación». En este sentido, ha constatado «el escaso desarrollo de la previsión complementaria en nuestro país» y apuntado que el poco éxito de la previsión social privada (planes de pensiones privados) se debe «a la suficiencia de los ingresos de la pensión que otorga el Estado y por el elevado coste de implantar planes de jubilación en las empresas». Al respecto, Granado ha advertido que las futuras reformas de las pensiones incidirán en el importe de las pensiones públicas y ha señalado que «el impacto de las reformas pone de manifiesto la necesidad de un mayor complemento a través del ahorro privado». Los incentivos fiscales es un tema recurrente a la hora de hablar de planes de pensiones y sistemas de previsión. En cuanto a la opinión de las empresas participantes en el estudio sobre los actuales incentivos fiscales al ahorro, el 83% de ellos considera que no son suficientes y han añadido que el Gobierno tendría que incentivar el ahorro para la jubilación a través de instrumentos de ahorro tanto colectivos como individuales. En relación con el impacto del Covid-19 en los planes de pensiones, el 90% de las empresas encuestadas ha asegurado no haber llevado a cabo una reducción en el importe de aportación al plan de previsión social como consecuencia de la crisis mientras que el otro 10% ha disminuido las aportaciones y, de estos, un tercio lo ha hecho hasta en un 75%. En el capítulo de novedades que ha generado esta crisis ha destacado también la creación de un supuesto excepcional de liquidez para partícipes afectados por un ERTE por fuerza mayor vinculado a la Covid-19, que ha sido utilizado por 44.209 personas hasta junio pasado, según datos de Inverco. En paralelo, la nómina mensual de las pensiones ha continuado su escalada y sumando récord: En agosto de 2020 ascendió a 9.904 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior del 2,30%. De este modo, en 2020, el déficit se ha visto incrementado por la propia evolución de los factores determinantes en la sostenibilidad del sistema como son la natalidad, la esperanza de vida y el crecimiento económico, así como por el impacto de la crisis sanitaria y económica derivado de la Covid-19. A cierre de julio, las cotizaciones sociales descendieron un 3,51% respecto al mismo periodo de 2019 debido a las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, entre las que se incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, así como por la caída en la actividad. El déficit registrado por la Seguridad Social ha escalado hasta los 5.167,60 millones de euros a 31 de julio de 2020, lo que supone el 0,46% del PIB. Granado ha señalado que, entre las conclusiones del Pacto de Toledo, ha una que incluye «desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias, que han aumentado desde 2014, y fomentar las jubilaciones demoradas con mayores incentivos». El propósito no es otro que los trabajadores continúen en sus puestos más allá de la edad llegar de jubilación retrasando la percepción de la jubilación. (EFE)