«Es otro palo a la hostelería». Así de contundente se ha mostrado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, cuando ha atendido la llamada de ABC por la subida del 10 al 21% del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas que se pretende recoger en los próximos Presupuestos. Una medida que el propio Gallego ha expresado que les ha pillado «por sopresa» porque «no ha habido ningún comentario sobre esta de ella». Esta subida no es nueva, Cataluña ya la impuso en 2017 sin que ningún año llegara a recaudar lo previsto por la Generalitat y sí perjudicando al consumo en la región, según denuncian los hosteleros. Aun así, estos todavía no han podido hacer ningún cálculo de cuánto podría afectar este aumento impositivo a nivel nacional. Sea como fuere, desde Hostelería de España no entiende esta decisión justamente cuando el sector está siendo uno de los más perjudicados por la crisis. Según los cálculos de la patronal, hay en peligro unos 90.000 negocios y cientos de miles de puestos de trabajo. Hay que recordar además que a cierre de septiembre era el sector que más personas tenía en un ERTE, 136.821 empleados, cifra que previsiblemente seguirá aumentando con las restricciones a la hostelería que está habiendo por todo el país. Por eso, Gallego no entiende que en un momento en el que se necesita reactivar el consumo para salir de la crisis se imponga una medida que «es justamente lo contrario. Entendemos la necesidad que el Gobierno puede tener para cuadrar los Presupuestos, pero entendemos que hay que tomar medidas que no depriman el consumo». Además, hace comparativa con los países de nuestro entorno donde «están reforzando las estrategias de fomento del consumo». Con la subida impositiva, el Gobierno pretende recaudar 400 millones de euros entre 2021 y 2022, pero en el borrador enviado a Bruselas pone bastante énfasis en su necesidad para promover hábitos más saludables. Un hecho que indigna a Gallego. «Si el objetivo es la salud, la solución es la educación y concienciación por un consumo responsable. Nunca la fiscalidad. Que no utilicen la salud de excusa cuando lo que quieren es aumentar la recaudación deprimendo el consumo», ha expresado. Por su parte, la industria de bebidas sigue la estela de los hosteleros y también manifiestan su contrariedad por esta subida impositiva. Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) consideran que la decisión como «injusta y descriminatoria». «Solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis», añaden. La Asociación de Bebidas Resfrescantes (Anfabra) tacha la medida como «injusto, discriminatorio y con un claro componente ideológico». Denuncia a su vez que el Gobierno con esta decisión no hace sino «darle la puntilla a la hostelería». También ha manifestado su contrariedad la Asociación de Empresas del Gran Consumo Aecoc, que «la situación actual requiere de medidas destinadas a dinamizar el consumo, el empleo y la competitividad empresarial». A juicio de Aecoc, este tipo de impuestos «acaban repercutiendo negativamente sobre toda la cadena agroalimentaria y sobre los propios consumidores y, por tanto, tienen un efecto claramente negativo en un contexto de retracción de la economía». Además, explica que para combatir la obesidad este tipo de impuestos «no son la herramienta más eficaz», y que otros países que lo implantaron anteriormente tuvieron que retirarlo «por sus efectos adversos sobre la economía, la equidad y el mundo rural» y su capacidadlimitada y no concluyente para reducir la obesidad. (ABC)