Los agentes de seguridad estadounidenses escuchaban en un teléfono intervenido las conversaciones de los miembros de un cártel que hablaban de una figura poderosa y sospechosa conocida como el Padrino. Los agentes llevaban meses tras sus pasos, y sospechaban que este personaje central del narcotráfico era, en realidad, un alto funcionario del ejército mexicano. De pronto, una de las personas bajo escucha le dijo a sus compañeros del cártel que el Padrino justo estaba en la televisión en ese momento. Los agentes rápidamente consultaron de quién se trataba y se dieron cuenta de que era el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, según cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación. En ese momento, dicen las autoridades, finalmente confirmaron que el misterioso patrón de uno de los cárteles más violentos del narcotráfico en realidad era el líder encargado de la guerra contra el crimen organizado de México. Fue una sorprendente muestra de la profundidad con que se extienden los tentáculos del crimen organizado en México y el jueves por la noche el general Cienfuegos fue detenido por autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba con su familia. Incluso para México, un país habituado a la violencia y corrupción incesantes que durante años han atenazado al país, la detención fue poco menos que extraordinaria y perforó el halo de invencibilidad del que han gozado las fuerzas armadas de la nación desde hace tiempo. Cienfuegos, secretario de Defensa de México de 2012 a 2018 está acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales de 2015 hasta principios de 2017, según la denuncia presentada y ahora divulgada en el Distrito Este de Nueva York el viernes. Los cargos son el resultado de lo que los investigadores bautizaron como Operación Padrino y que se llevó a cabo durante varios años. Los funcionarios dicen que el general Cienfuegos ayudó al cártel H-2, un grupo criminal que cometió terribles actos de violencia como parte de su negocio de narcotráfico, con sus envíos marítimos. A cambio de lucrativos sobornos, dicen los funcionarios, Cienfuegos también desvió operativos del ejército dirigidos al cártel hacia sus rivales. La noticia no solo empaña la lucha de México contra el crimen organizado sino que también subraya el alcance de la corrupción hacia los más altos niveles del gobierno. El general Cienfuegos fue ministro de Defensa durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que terminó hace dos años. Es difícil exagerar el daño causado a México. El arresto del general Cienfuegos se produce solo diez meses después de que otro alto funcionario mexicano —que dirigió el equivalente mexicano del FBI— fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cártel de drogas de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México. El funcionario, Genaro García Luna, se desempeñó como jefe de la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y durante los seis años siguientes fue secretario de Seguridad Pública de México, un cargo a nivel de gabinete. En esa posición, tuvo la tarea de ayudar al presidente de entonces, Felipe Calderón, a crear su estrategia para combatir los cárteles de la droga de su país. Si ambos hombres resultan sentenciados, significaría que dos de las figuras de más alto rango y con más respeto entre los comandantes que supervisaron la guerra de México contra el narcotráfico trabajaban en conjunto con el crimen organizado y ayudaron a que los cárteles continuaran asesinando a una cantidad récord de mexicanos. Ambos casos ponen también en entredicho el papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Durante años, los oficiales estadounidenses han influido en la formulación y el financiamiento de las estrategias de México y han dependido de sus contrapartes mexicanas para ejecutar operaciones, recabar inteligencia y en general cooperar en materia de seguridad. Si las acusaciones se sostienen, algunos de esos mismos líderes mexicanos estaban jugando para dos bandos. “La dificultad de trabajar en México donde hay este nivel de corrupción es que nunca sabes realmente con quién trabajas”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés). “Siempre hay una preocupación de que los agentes de seguridad mexicanos te arriesguen, arriesguen a un informante o comprometan una investigación”. Tanto García Luna como el general Cienfuegos tuvieron cargos en los niveles más altos del gobierno mexicano en un momento en el que los homicidios alcanzaron niveles históricos, los cárteles de la droga libraron una guerra y, durante el gobierno de Peña Nieto, se ampliaron las operaciones militares. De presencia volátil, el general Cienfuegos era símbolo del papel del ejército en México. Los comandantes suelen gozar de una gran autonomía, rara vez ceden a las presiones políticas y disfrutan de la protección presidencial. “Nunca ha habido un secretario de Defensa arrestado en México”, dijo Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores. “El secretario de Defensa en México es un tipo que no solo dirige el ejército y es un militar, sino que informa directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente”. Debido a ese poder y autonomía, los analistas y otros observadores hace tiempo que sospechaban sobre la posibilidad de que los altos líderes participaran de la corrupción. Pero, debido a su estatus tan alto, nadie se atrevía a investigarlos, al menos no en México. “Esto es algo muy grande”, dijo Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, una universidad en México. “Los militares se han vuelto mucho más corruptos y mucho más abusivos desde que se declaró la guerra contra las drogas, y por primera vez pueden no ser intocables. Pero no por el gobierno mexicano, sino por el gobierno estadounidense”. El viernes, en respuesta a la detención, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió al ejército y también se lamentó por los malos elementos que pertenecen a sus filas. Pero no quedó claro si López Obrador dará marcha atrás a su fuerte dependencia en el ejercito, cuyo papel se ha extendido durante su gobierno para incluir desde actividades de construcción hasta tareas de seguridad pública. El ejército mexicano ha sido parte central de la estrategia de seguridad interna del país desde que empezó el enfrentamiento con los cárteles de la droga en 2006, cuando se empezaron a destacar soldados a los estados azotados por el crimen organizado. El secretario de Defensa supervisa ese esfuerzo. El uso de soldados entrenados para el combate pero no para las labores de patrullaje policial ha traído problemas mucho más allá de la corrupción. Con el ejército al centro y al frente de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno mexicano jamás ha logrado construir una fuerza policial eficaz. En diciembre de 2017, México aprobó una ley de seguridad que afianzaba el rol del ejército en la guerra contra las drogas, algo que indignó a las Naciones Unidas y a grupos de derechos humanos tanto a nivel local como internacional, que advirtieron que la medida podría desencadenar abusos porque las tropas estarían en las calles por tiempo indefinido y eso contribuiría a militarización de las actividades policiales en el futuro próximo. El general Cienfuegos tuvo un papel clave al convencer a los políticos de aprobar la ley que le dio al ejército permiso legal para hacer lo que estuvo haciendo durante una década sin autorización explícita. En un momento, amenazó con retirar a las tropas del ejército al argumentar que no estaban entrenados para tareas de patrullaje nacional y quedaban legalmente vulnerables al hacerlo. Pero el general Cienfuegos defendió al ejército al decir que se trataba de la única institución que en efecto enfrentaba al crimen organizado. Al dispararse la violencia del narcotráfico, pidió una y otra vez que el gobierno proveyera de un marco legal para proteger a las fuerzas armadas. “Hoy los delitos son de otro nivel e importancia, involucran a muchas personas, a veces hasta familias, y nosotros estamos sin un marco legal”, dijo el general Cienfuegos en marzo de 2018. “Así, nos impiden ayudar”. El ejército ha sido señalado en repetidas ocasiones por el uso excesivo de la fuerza y abusos de derechos humanos que incluyen acusaciones de ejecuciones extrajudiciales que persiguieron al general Cienfuegos mientras fue secretario de Defensa. El arresto de Cienfuegos no parece ser producto de una operación conjunta con el gobierno mexicano. Data de una investigación de 2013 liderada por Estados Unidos sobre un cártel de drogas encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, sucesor de la otrora poderosa organización Beltrán-Leyva, según funcionarios de seguridad estadounidenses. A pesar de que por ese entonces un grupo de agentes estadounidenses identificó al general Cienfuegos como un socio corrupto de la organización de Meza Flores, otras agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas respondieron con rechazo y jamás se investigó completamente al general, dijo uno de los funcionarios. Pero para 2015, según el funcionario, la presión para investigar al general Cienfuegos aumentó cuando dos escuchas telefónicas estadounidenses distintas empezaron a captar informaciones de un poderoso personaje del bajo mundo conocido como el “Padrino” que se creía era el general Cienfuegos. Las escuchas estaban enfocadas a los cárteles de Sinaloa y el H-2, una organización criminal más pequeña conectada al grupo de Meza Flores, dijo el exfuncionario. En meses recientes la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn se ha convertido en la zona cero de los casos de corrupción en México. Los fiscales no solo han acusado a García Luna y a dos de sus exsocios, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, sino que también han enjuiciado a Édgar Veytia, el exprocurador general del estado de Nayarit, quien en octubre pasado fue sentenciado a 20 años de prisión por conspirar con el cártel H-2. El caso contra Cienfuegos ayuda a ilustrar por qué ha sido tan difícil que México tome la iniciativa en estas investigaciones. Entre los hallazgos de las autoridades estadounidenses se encuentra el hecho de que Cienfuegos participó activamente en la corrupción de otros funcionarios mexicanos al presentarle a integrantes de alto nivel del cártel a quienes estuvieran dispuestos a intercambiar sobornos por favores. Según los registros judiciales, en un momento alertó al cártel de que existía una investigación estadounidense sobre sus actividades, lo que los llevó a matar a un compañero que creían, de manera equivocada, que compartía información con las autoridades. (The New York Times)