Los gobernadores de Cambiemos le pidieron a Alberto Fernández convertir sus pasivos con el fondo de garantías de sustentabilidad (FGS) de Anses en un bono a 7 años, intereses a no más del 15% y a tasa Badlar, para reducir la abultada carga de vencimientos de los próximos años. El planteo lo hicieron este jueves en el zoom que mantuvieron con Sergio Massa y el viernes la directora de Anses Fernanda Raverta y al titular del FGS Lisandro Cleri confirmaron que la negociación será igual para todos. Sólo 3 provincias no están incluidas y las oficialistas también reclaman condiciones favorables. Las deudas fueron contraídas en 2016 por las provincias con garantías de su coparticipación federal, pero hace un mes Anses acepó dejar de cobrar los vencimientos y propuso en una ley una refinanciación a 8 meses, aprobada hace 20 días en Diputados, con la opción de convertir la deuda en un bono a convenir que este viernes fue dictaminado en un plenario de comisiones de Presupuesto y Trabajo y Previsión social del Senado, done sería sancionado la semana próxima. "La ley establece que prorroguemos a 8 meses los mutuos para trabajar en un bono, para el que deberán cumplir ciertos requisitos y transformarlo en un instrumento a 7 años. Pero el FGS no puede tener mutuos. Las condiciones serán las mismas para todas la provincias", prometió Cleri, durante la exposición junto a Raverta. Contó que en la negociación estará la posibilidad de prorrogar los vencimientos actuales y los del año próximo, peo también lo de los bonos 2022 y 2026, aunque en esos casos se evaluará si persisten las mismas tasas. Sólo este año se amortizarán fondos por 25 mil millones y el total a refinanciar es 101 mil. Los pagos que se prorrogaron representan el 25% de la coparticipación federal. Las necesidades de las provincias fueron suficientes para que la ley sea aprobada casi por unanimidad en Diputados, pese a que tiene otras cuestiones ajenas a las finanzas provinciales que contribuyen a la grieta, un paquete que se conoce como una "ley ómnibus". Uno de los aspectos es la posibilidad que la reparación histórica, aquel acuerdo con los jubilados en condición de reclamar en la justicia la actualización de haberes de 2016, no se pagará con el FGS sino con fondos del sistema jubilatorio (SIPA) o el presupuesto. "En un contexto de mercado, en 7 o 10 años desaparecería el FGS y no hubiéramos pagado ni el 50% de la reparación. No se puede pagar un flujo de fondos con un stock", sostuvo Cleri. "En 2015, en el FGS había 65 mil millones de dólares. Y en diciembre de 2019, US$33 mil millones", precisó Raverta y se lamentó que sólo el 10% de estos abuelos que adhirieron garantizaron no volver a litigar, cuando uno de los objetivos de la ley era que la totalidad no pisara más Tribunales. "Desde 2016 hay 3 veces más expedientes", aseguró. El jefe del bloque oficialista José Mayans pidió un informe preciso sobre la pérdida de dinero del organismo previsional para buscar responsables. El proyecto también propone un plan de proyectos productivos para invertir los fondos del FGS, porque la ley obliga a destinar entre el 5 y el 50% y hoy no llega al 3%. "Se trata de una garantía para sostener la economía nacional", explicó Raverta. Planean un primer tramo de inversiones por 100 mil millones de pesos. El último objetivo de la ley es refinanciar deudas al consumo a beneficiarios, líneas de crédito otorgadas durante la anterior gestión que llegaron a cubrir el 98% de los que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Habrá una condonación de intereses para paliar los vencimientos. "Apostamos a la idea del crédito asociada al consumo para mejorar calidad de vida. Vamos a relanzar tarjeta Argenta, pero después de resolver los créditos anteriores, porque en el gobierno anterior el crédito estuvo dirigido a sostener la vida diaria: a comprar medicamentos, pagar servicios y para comer", señaló Raverta.