Un ejemplo de hispano que apoya al presidente Trump es el joven Gabriel Montalvo, residente de la ciudad de Nueva York. Con 21 años, Montalvo dice que se decepcionó del modelo de gobierno planteado por los demócratas y le entusiasmó la propuesta de Trump. "He visto cómo la economía durante el gobierno de Trump ha beneficiado a personas como una amiga veinteañera que empezó un negocio de construcción, o mi madre y su esposo que compraron su primera casa hace tres años", subraya. El joven evalúa positivamente también las políticas migratorias: "Ha sido duro con los que vienen ilegalmente a cometer delitos", asegura. Y le simpatiza que sea "agresivo en confrontar la idea del socialismo" en EE.UU. Pero Montalvo pertenece a una minoría. Según un estudio del Centro Pew de Investigaciones en 2018, la mayoría de los hispanos (67%) consideraban las políticas de Trump dañinas, mientras que para el 17% no tenían un efecto en particular y el 10% las veían como beneficiosas para esta comunidad. Pero este año electoral es diferente. La pandemia de coronavirus golpeó de manera brutal la economía del país y los latinos no solo han sufrido de covid-19 en números desproporcionadamente mayores sino que han estado entre los grupos que más han perdido empleo. Cuando ganó en 2016, Trump lo hizo con el el apoyo del 28% de los latinos, según datos del Pew. Ahora el 24% de los hispanos apoya al presidente, de acuerdo a una encuesta de mediados de agosto realizada por Latino Decisions con una muestra de casi 1.900 personas. Otros sondeos han reflejado también que, en estados clave como Arizona y Florida, el respaldo a Trump ha aumentado por parte de esta comunidad. Tras cuatro años de gobierno, ¿cuáles son algunas de las políticas de Trump que han beneficiado a los latinos y cuáles los han perjudicado? Cuando se refiere a los hispanos y otras minorías, Trump casi siempre habla de lo "bien que les ha ido" en el marco del crecimiento de la economía durante su gobierno. "Hemos creado la mejor economía en la historia del mundo, las mejores cifras de empleo para afroestadounidenses, asiáticos -estadounidenses, hispanos-estadounidenses, mujeres, todos", dijo en una entrevista a mediados de septiembre. ¿Quién va por delante en los sondeos nacionales? En efecto, antes de la pandemia la tasa de desempleo en este grupo demográfico había alcanzado la cifra récord a la baja del 3,9% en septiembre de 2019, de acuerdo a estadísticas oficiales. Pero el drástico deterioro de la economía a raíz de la pandemia a partir de marzo de este año provocó que el desempleo entre latinos se disparara al 18,9% en abril, para situarse en 10,3% en septiembre, por encima del 7,9% de la población activa en general. Los expertos advierten que las tendencias favorables en los indicadores de empleo comenzaron a registrarse durante el gobierno del antecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, y que el republicano "no puede atribuirse entera responsabilidad". "Esta administración [la de Trump] heredó uno de los periodos más largos de creación de empleo en la historia y, durante ese tiempo, los latinos intentaron recuperar lo que perdieron con la Gran Recesión [2007-2009] para alcanzar algún tipo de seguridad financiera", señala Clarissa Martínez de Castro, representante de la organización no partidista UnidosUS. "Pero llegó la pandemia y se deshizo todo eso y un poco más", agrega. La administración de Trump también ha expuesto su interés en apoyar a la pequeña empresa y esto ha beneficiado a los hispanos, según señaló recientemente Jóvita Carranza, a la cabeza de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). Carranza escribió en una columna del Miami Herald del pasado julio que antes de que empezara la pandemia, "los emprendedores hispanos estaban generando riquezas a una tasa jamás vistaen mi vida". "En 2019, el ingreso promedio de los negocios cuyos dueños son latinos mejoró en un asombroso 46,5%, en un incremento de US$327.189 en 2018 a US$479.413 en 2019", destacó. "El apoyo de esta administración a los emprendedores de las minorías es una de las razones por las cuales los índices de pobreza de afroestadounidenses y latinos alcanzaron mínimos históricos con este presidente", añadió. Efectivamente, en 2019 el índice de pobreza de los hispanos registró el porcentaje más bajo (15,7%) desde que comenzó a categorizarse este dato para esta población en 1972, de acuerdo con cifras del censo. La tendencia a la baja de este indicador comenzó a observarse durante el gobierno de Obama, aunque alcanzó récord histórico durante el gobierno de Trump. Pese a ello, la Oficina del Censo advierte en un análisis de septiembre que, pese a esta conquista, los hispanos "continúan estando sobrerrepresentados en la población en condiciones de pobreza en relación a su representación en la población total". El ingreso promedio anual de los hispanos alcanzó un aumento récord en 2018 hasta poco más de US$50.000, aunque todavía por debajo del promedio nacional, poco más de US$63.000. Del mismo modo, desde 2015 y hasta el año pasado (fecha de la que se tienen datos más recientes), los hispanos han sido el único grupo demográfico en aumentar cada año su participación en la compra de viviendas. En 2015, la tasa de propiedad de viviendas por parte de hispanos era del 45,6%, mientras que en 2019 se posicionó en 47,5%, de acuerdo a cifras oficiales compiladas por la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (Nahrep, por sus siglas en inglés). Los hispanos son responsables del 51,6% del crecimiento total en la tasa de propiedad de viviendas en Estados Unidos en la última década. Es decir, la tendencia se ha ido formando desde antes de que Trump asumiera la presidencia. La Nahrep advierte que este año trajo "una nueva serie de retos económicos" por causa de la pandemia, pero señalan que la juventud de los consumidores hispanos y su deseo de tener acceso a una casa propia "volverá a impulsar el crecimiento en la propiedad de viviendas". En plena crisis, Trump firmó una orden ejecutiva el pasado julio con el objetivo de "mejorar el acceso a oportunidades económicas y educativas para los hispanos estadounidenses" y bajo ese mandato, ordenó la creación de una comisión específica para tal fin. Ramiro Cavazos, de la Cámara de Comercio de Hispanos de EE.UU. (USHCC, por sus siglas en inglés), señala que sus miembros han recibido con beneplácito el nuevo acuerdo comercial T-MEC entre EE.UU., México y Canadá promovido por Trump y que entró en vigor el pasado 1 de julio. "Diría que el antiguo acuerdo TLCAN se renovó y modernizó con este nuevo tratado. Muchos de nuestros miembros hacen negocios tanto en México como en Estados Unidos y en la industria automotriz... una de nuestros miembros abrió una nueva plata en México y está creando empleos ahí", apunta. Para algunos, el T-MEC mejorará el intercambio regional, otros temen que lo empeore respecto al TLCAN y hay quienes lo ven como más de lo mismo. Pero algo que muchos estiman positivo es la reforma laboral que aprobó México como parte del compromiso, para darle mayor independencia y protección a sus sindicatos de trabajadores. El país latinoamericano también aumentó el salario mínimo y aceptó que expertos laborales independientes verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones. La intención de EE.UU. fue reducir de ese modo la ventaja mexicana de bajos salarios y volver menos atractiva la transferencia de empleos a su vecino del sur. El gobierno de Trump también ha concedido cada vez más visados para los trabajadores de temporada, incluidos los que ocupan puestos en el sector agrícola. La mayoría de esos trabajadores son de origen mexicano y, en una menor proporción, de Guatemala. Durante el gobierno de Obama, en el año fiscal 2015, se otorgaron un total de 177.828 visados temporales de tipo H2A y H2B, mientras que en el año fiscal 2019 ese número subió a 302.424. Gran parte de la campaña electoral de Trump en 2016 estuvo basada en fortalecer las fronteras, "construir un gran, gran, muro" entre México y Estados Unidos, y endurecer las políticas migratorias. En efecto, el gobierno ha adoptado una serie de procesos más estrictos de inmigración legal en el país y ha actuado más agresivamente en la frontera contra los inmigrantes indocumentados. Las medidas han impactado mayoritariamente a ciudadanos de países latinoamericanos. Y aunque hay hispanos que apoyan el enfoque de "mano dura" con respecto a la inmigración, diferentes sondeos hechos a esta población muestran que la mayoría se opone a dichas políticas. Una que obtuvo un destacado rechazo fue la de "tolerancia cero" implementada en 2018 para procesar por la vía penal a inmigrantes que ingresaban sin documentos al país y que acabó con la separación de miles de niños de sus padres tras cruzar la frontera. El presidente revocó la política poco después, pero el propio gobierno documentó casos de separación de familias en los meses siguientes. Este año la pandemia, además, ha conducido al endurecimiento de algunas medidas. Tras el orden de cierre de la frontera con México por motivos de salud pública, la gran mayoría de los inmigrantes que han llegado en los últimos meses con la intención de acogerse a la protección de asilo son expulsados de vuelta a México o a otros países. "A la gente ya no se le está haciendo la entrevista para verificar si tienen un miedo creíble. Y antes de la pandemia, los procesos se estaban acelerando tanto que a muchos solicitantes de asilo no les daba tiempo ni de obtener asesoría legal", dice Julia Gelatt, especialista en inmigración del Migration Policy Institute. El presidente también extendió el pasado junio el congelamiento en la emisión tarjetas de residencia permanente o green cards y la suspensión de algunos visados para trabajadores hasta final de año. Esto con el objetivo de "proteger más de medio millón de empleos" como parte de la respuesta de la Casa Blanca ante las pérdidas masivas de trabajo por causa de la pandemia. Del mismo modo, a mediados de septiembre una corte de apelaciones falló a favor de la administración en su orden de acabar con una protección que brindaba estatus legal temporal a 300.000 ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, bajo el nombre de TPS. Los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), la gran mayoría hispanos, también resultaron perjudicados en 2017, cuando el gobierno rescindió el programa que los protegía de la deportación. DACA es una iniciativa firmada por Barack Obama en junio de 2012 como una orden ejecutiva y otorga a sus beneficiarios -conocidos popularmente como dreamers (soñadores)- un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, deben renovar cada dos años. El asunto terminó siendo discutido en los tribunales hasta que llegó a la Corte Suprema, que falló el pasado 19 de junio en contra de la decisión de Trump. Gelatt destaca también las directrices al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para que ampliaran sus esfuerzos de arrestos a indocumentados que no necesariamente tuviesen un antecedente penal. Sin embargo, el número de deportaciones, aunque aumentó en un 17% entre 2017 y 2018, se mantuvo por debajo de las cifras registradas durante la mayor parte del periodo presidencial de Obama. En cuanto a la bienvenida de refugiados de Centroamérica, el gobierno determinó que en el año fiscal 2020 recibiría a 1.500 provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero hasta el 4 de septiembre, solo había reasentado a 406 personas. 2) Exclusión de familias de estatus migratorio mixto del paquete de rescate económico por covid-19 Con la pandemia, llegó un impresionante plan de estímulo fiscal de US$2,2 billones firmado por el presidente Trump y aprobado por el Congreso para hacer frente al cierre abrupto de la economía. El esquema incluyó la emisión de pagos de US$1.200 para millones de estadounidenses que contaran con un número de seguro social y recibieran un ingreso individual de hasta US$75.000. Aunque la medida fue celebrada por muchos, fue también duramente criticada por haber dejado por fuera a inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que pagan impuestos y son considerados trabajadores de industrias esenciales. De acuerdo con el Instituto de Política Económica y Fiscal (ITEP, por sus siglas en inglés) se estima que en Estados Unidos hay unos 4,3 millones de inmigrantes no autorizados que, pese a no tener número de seguridad social, pagan impuestos en ese país a través de un documento que se llama "número de identificación fiscal", popularmente conocido como ITIN. La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son de origen latinoamericano. Del beneficio también quedaron excluidas las familias de estatus migratorio mixto, en las que al menos un miembro declaraba impuestos con un ITIN. Alrededor de 15,4 millones de personas en familias de este tipo fueron excluidas de los pagos, de acuerdo a estimaciones del Migration Policy Institute, un centro independiente de investigaciones sobre políticas de inmigración. En esa estadística entran 3,7 millones de menores de edad que son ciudadanos estadounidenses o tienen residencia permanente en el país y 1,7 millones de cónyuges con las mismas características. (BBC)