“Hay que reconocer todas las responsabilidades, no solo las de la guerrilla”, dijo el exnegociador Humberto de La Calle. En la Conferencia Internacional de Paz, convocada por la plataforma Defendamos La Paz, los negociadores del Acuerdo de La Habana y el consejero Emilio Archila por parte del actual gobierno hicieron su balance sobre los cuatro años de implementación de lo pactado. / Archivo El 26 de septiembre de 2016, cuando se firmaba en Cartagena el Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, un particular episodio terminó llevándose la atención. Un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló el espacio del encuentro e hizo tronar el cielo con un sonido que sorprendió a los asistentes e interrumpió a Rodrigo Londoño, máximo comandante de la guerrilla, quien en ese momento tenía la palabra. La reacción del jefe guerrillero, que se estremeció al escuchar la aeronave, se hizo viral y ocupó titulares de prensa. Con la remembranza de ese momento, Rodrigo Londoño empezó este sábado su duro balance sobre la implementación de lo pactado en La Habana, cuando se cumplen exactamente cuatro años de la firma en Cartagena. En la Conferencia Internacional de Paz, convocada por la plataforma Defendamos la Paz para conmemorar la histórica fecha, el exjefe guerrillero intervino junto a Humberto De La Calle, negociador de paz del Gobierno Santos, y Emilio Archila, consejero para la Estabilización del Gobierno Duque. Tres visiones distintas sobre lo que han sido estos cuatro años de implementación. “El Acuerdo Final de Paz no es un patrimonio de las antiguas FARC, ni una obra culminada para favorecer a los excombatientes. Cada día es más evidente que el Acuerdo de Paz ha sido hecho suyo por el pueblo colombiano, que sale en su defensa cada vez que fuerzas no tan oscuras se ensañan contra él, que reclama en las calles su cumplimiento, que exige al Estado y el gobierno la ampliación de la democracia y la justicia social, a las que se comprometió en La Habana”, dijo el exjefe guerrillero. En su intervención, fue crítico con las garantías de seguridad del Estado para quienes dejaron las armas. Entre enero y agosto de este año, 43 exintegrantes de las Farc han sido asesinados, según los registros de esa colectividad. Por eso, recordó que han tenido que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle a ese organismo medidas cautelares de protección. “Cuando el pasado 22 de mayo hicimos la primera solicitud en tal sentido, la cuenta de excombatientes asesinados iba en 197. A fines de junio la suma de víctimas fatales llegaba a 214. Hoy son 228 los firmantes de la paz asesinados. Por eso no resulta exagerado afirmar que cada semana un excombatiente es víctima de homicidio”, resaltó Londoño. El otro punto central que el hoy presidente del partido FARC cuestionó duramente fue lo que ha ocurrido con el sistema integral de justicia transicional. Según dijo, si bien se pactó en su momento para cerrar judicialmente el conflicto con todos los responsables de los más graves crímenes cometidos durante la guerra, en la práctica los exintegrantes de las Farc se han quedado solos acudiendo ante dicha instancia. “Reacciones de hecho del alto mando militar primero, y luego diversos desarrollos legislativos y jurisprudenciales del Acuerdo Final de Paz, fueron excluyendo de la obligación de comparecer a los más importantes agentes estatales, la cúpula militar y finalmente a empresarios y terceros involucrados directamente en la confrontación. El resultado ha sido el de casi convertir a las antiguas FARC en los únicos destinatarios del sistema integral”, cuestionó. En ese punto coincidió el jefe de la delegación del Gobierno que firmó la paz con la guerrilla, Humberto de la Calle. Igual que Rodrigo Londoño, enfatizó en la importancia de escuchar todas las voces que participaron en la guerra. “Reconciliarse no es justificar los horrores propios y ajenos. La verdad duele, pero es sobre ella, sobre las experiencias vividas en todos los ángulos, como podemos llevar a cabo el cambio de piel que necesitamos para superar las múltiples heridas. Las violencias surgieron en ambos lados de las batallas. Hay que reconocer todas las responsabilidades, no solo las de la guerrilla.” En ese mismo tono, el exnegociador de paz invitó a escuchar al Gobierno sobre sus avances en lo implementado hasta ahora y dijo que hay que confiar en su apuesta de la “paz con legalidad”. Sin embargo, fue claro: “No nos hagamos mala sangre por esa frase equívoca. Pero paz con legalidad no puede ser una paz inerte. Debe incluir una nueva legalidad impulsada por más igualdad”. De la Calle invitó a hacer un balance sensato de lo que se ha logrado hasta ahora, pero siendo claros con lo que ha quedado pendiente. “La ceguera no es buena guía, tampoco la miopía selectiva. Reconocer los obstáculos es el primer paso para superarlos”, enfatizó. Además, hizo un llamado a quienes aún hoy se oponen a lo pactado: “los opositores deben pensar si su disconformidad es legítima, o si simplemente obedece a un espíritu enconchado, temeroso del cambio. Hay quienes se aferran a su realidad, aunque esté llena de miedos y rencores, simplemente porque es la vida que han sobrellevado”. En su intervención, Humberto de la Calle llamó la atención sobre las viejas violencias que parecen volver a repetirse: “La persistencia de las masacres que habían desaparecido prácticamente, ahora se convierten en urgencias de cada minuto. Protestas en las ciudades por exceso de fuerza oficial, derivan en matanzas inéditas. Condenamos el vandalismo, pero también por igual los atropellos. Con serenidad decimos que este huracán de odio sembrado desde las diversas dirigencias ha terminado convirtiéndose en sangre en la población”, condenó. A su turno, el consejero Emilio Archila defendió la política de paz con legalidad y aseguró que a través de ella se ha venido dando cumplimiento a cada responsabilidad que el Acuerdo de paz delegó al gobierno. “La Política de Paz con Legalidad y su implementación son el resultado de la de la visión de este gobierno sobre cómo superar tantos retos que Colombia debió haber abocado hace décadas, de implementar lo acordado, de privilegiar la vida, de estabilizar los territorios que por décadas han sido presa de las economías ilícitas, el abandono estatal, pobreza y la inequidad, y de aportar a que no volvamos a ninguna violencia.” Para demostrarlo, el consejero aseguró que de las “finanzas imaginarias” que se hicieron en su momento sobre los costos de la implementación, pasaron a aterrizar eso en el presupuesto del Gobierno central. “Durante el 2020 se presupuestaron $9,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para avanzar en el Plan Marco de Implementación y para 2021 serán $10,7 billones”, aseguró. El consejero se refirió también a uno de los temas más espinosos en materia de implementación de lo acordado: su relación con el sistema de justicia transicional. Allí, fue enfático en sostener que este gobierno ha sido respetuoso de esas instancias. “sobre la ley estatutaria de la JEP expresamos nuestra convicción patriótica identificando en una ley de más de 200 artículos, 6 objeciones que, de haberse aceptado nos habrían evitado problemas como el que generó la fuga del guerrillero Santrich”, lanzó Archila. Igualmente, dijo que fue a través del Congreso donde gestionaron sus reparos para que quienes sean condenados por delitos sexuales contra niños o niñas, narcotráfico o secuestro no puedan ser amnistiados. “Así se obra en democracia”, afirmó. Resaltó también la financiación que el Gobierno le ha asegurado al sistema de justicia transicional para su adecuado funcionamiento. “En 2020 le fueron asignados USD 148,44 millones del Presupuesto General de la Nación, de los cuales 82,75 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz; USD 39,78 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y USD 25,9 millones para la Comisión de la Verdad. Entre 2019 y 2020 hubo un incremento de 28% en la asignación presupuestal inicial en pesos corrientes para el Sistema a pesar de las disminuciones presupuestales que sufrieron otras instituciones estatales. Para el caso de la JEP, la asignación inicial de 2020 equivale al 99% de lo solicitado por tal entidad”. Además, dijo que como Gobierno celebran la decisión de la JEP de hacer públicas sus audiencias, a propósito de la polémica que generaron algunas filtraciones en las que exjefes guerrilleros estarían negando el reclutamiento de menores y la violencia sexual en sus filas. “Es importante es que el país conozca la verdad sobre las atrocidades cometidas durante décadas, y podamos, de manera resiliente, ahondar en ellas lo necesario para reconocerlas, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que jamás volvamos a vivir los dolorosos hechos de violencia." (El Espectador)