Frente al proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente Alberto Fernández, que deberá ser tratado en el Congreso, los integrantes de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (AAPDPP) alertaron que la iniciativa “atrasa y opera contra todos los objetivos predicados para mejorar una justicia federal”. “No causa sorpresa que se insista con cuestiones básicas que han fracasado en el pasado, como es sostener la justicia en base a viejos esquemas de juicios escritos y que investiga el que juzga. El propio gobierno anterior ya había reconocido esto y hoy nos extraña que se lo esté potenciando. Vemos innecesario que se pretenda aumentar la cantidad de jueces en lugar de empezar a implementar el Nuevo Código Procesal Penal Federal, que tiene un sistema totalmente opuesto al que funciona hoy. Agregar 23 juzgados federales nuevos en CABA y 94 para el resto del país nos parece un gasto que no tiene sentido cuando tendríamos que estar pensando en un Ministerio Público Fiscal fuerte creando fiscalías especializadas. Tendríamos que designar más fiscales y no jueces”, señaló a Infobae el doctor Daniel Cuenca, presidente de la AAPDPP. Si bien desde la asociación apoyan la idea de realizar una reforma judicial, cuestionan en el texto enviado por la Casa Rosada la falta de transparencia y eficiencia. Además, dudan que el nombramiento de más jueces ponga fin a la problemática de imparcialidad que hay en los juzgados federales y mejore el sistema. “Que haya más jueces es un paliativo en la agilización de las causas. Supongo que habrá mayor celeridad pero eso no va a hacer que la justicia funcione mejor porque el código procesal actual es muy rígido. El Nuevo Código diseña estrategias para evitar juicios y otra estructura que es mucho más eficiente. La justicia está colapsada y no es cuestión de números. Yo me pregunto ¿en qué números se basaron para que sean 46 jueces en CABA?, ¿Hubo estudios cualitativos y cuantitativos o es una distribución aleatoria la que hicieron? Seguimos con analgésicos y nunca vamos al fondo de la cuestión”, aseveró Cuenca. En un comunicado, desde la AAPDPP. sostienen que tampoco se revisa la competencia federal ya que se mantienen las antiguas atribuciones, cuando en la actualidad existen nuevos problemas que merecen la atención de este fuero a cargo de los intereses nacionales. Y cita como ejemplos a las injerencias extranjeras en la soberanía digital local y los ataques informáticos que comprometan intereses nacionales. No logran entender por qué se quiere equiparar la cantidad de jueces con los fiscales, cuando cualquier sistema acusatorio, por su propia dinámica, funciona con muchos más fiscales que jueces. “Los fiscales investigan todos los casos y la jurisdicción sólo controla cuando están en juego garantías constitucionales”, explican y ponen como ejemplo que en la provincia de Buenos Aires existe un promedio de 6 fiscales por juez de garantías ya que la cantidad de causas que tramitan ante la jurisdicción son apenas el 5 % del total y el otro 95 % se administran por decisiones fiscales. Para Cuenca, si el gobierno no reconoce que la justicia no ha actuado bien nunca vamos a poder avanzar en el cambio. “El actual sistema es ineficaz e insuficiente para atender la demanda y no entiendo por qué se quiere insistir en eso. Tampoco entiendo por qué gastamos plata en sumar jueces y una dotación de personal para que el juzgado funcione cuando próximamente este sistema deje de funcionar por la implementación del Nuevo Código Federal. Queremos dejar atrás esa justicia del papeleo para pasar a una justicia con audiencias transparentes abiertas al público y con fiscales investigando y protegiendo a las víctimas”, aseguró el abogado, que también se desempeña como profesor de posgrado en la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Desde la AAPDPP advierten que lo más paradójico del proyecto, es que todos estos problemas se presentan pese a que en nuestro país la mayor parte de las provincias transformaron sus sistemas hacia el proceso acusatorio. Para la asociación de abogados penalistas, el Nuevo Código cuenta con los dispositivos necesarios para poner en funcionamiento un proceso acusatorio moderno. Lo que aún falta es un profundo debate sobre una ley de Ministerio Público Fiscal –institución neurálgica de acusatorio- que acompañe esta transformación. “No hay peor fracaso para un cambio de sistema, que poner en funcionamiento una organización que no responde a los requerimientos de un proceso acusatorio; no solo el recurso humano, mal asignado, volverá a las viejas prácticas, sino que multiplicará los problemas actuales en la medida que contará con un Código Procesal Penal que colisiona con la vieja estructura institucional”, alertaron. Entienden que una transformación como la pretendida requiere de análisis multidisciplinarios que establezca: estadísticas sobre flujos de casos, políticas de asignación de recursos humanos y materiales según objetivos, diseño de estructuras institucionales idóneas para el nuevo proceso, monitoreo del cumplimiento de los objetivos trazados y sus costos para ponderar la eficiencia de las modificaciones, entre otros estudios. “Sin estudios serios, solo asignaremos muchos recursos para no cambiar nada o, peor aún, enterrar la posibilidad de contar, de una vez por todas, con un sistema acusatorio modelo a nivel nacional. Esto no es una reforma, es una ampliación de cargos. Lo que funciona mal con un juez va a funcionar mal también con dos jueces. Lo que funciona mal es el sistema. La gente quiere otra justicia.”, concluyó Cuenca. (Infobae)