El parlamento turco aprobó una controvertida ley que permitirá al gobierno un mayor control sobre las redes sociales, por lo que gigantes como Facebook, Twitter y Youtube deberán tener un referente local que vigile los contenidos y decida una eventual eliminación teórica en base a las normas vigentes en Turquía. La ley fue propuesta por el partido AKP, del presidente Recep Tayyip Erdogan, y de su aliado, el nacionalista MHP, que tiene la mayoría. Se trata de una norma que apunta en particular a redes sociales que tienen más de un millón de visitantes singulares por día. Entre otras cosas, prevé que los servidores que contengan datos de usuarios turcos estén conservados en Turquía. Los grupos para los derechos humanos temen que la medida dé un golpe a la libertad de expresión, con miles de personas ya acusadas por "haber insultado al presidente Erdogan en las redes sociales. Además, tienen miedo de que exista un mayor control por parte del gobierno de Ankara a grandes redes como Facebook y Twitter, y que pueda impedir, de esa manera, información independiente o crítica en un país en el que los principales medios están en manos del Estado o de empresarios cercanos al gobierno. En ese contexto, el organismo Human Rights Watch (HRW) consideró que la nueva ley es la expresión de “un nuevo medioevo de la censura online". "Las redes sociales tienen una importancia crucial para muchas personas que las usan para informarse. Esta ley anuncia un oscuro período de censura online", añadió HRW. Por su parte, Amnistía Internacional juzgó que la normativa "reforzará la capacidad del gobierno de censurar contenidos y perseguir” usuarios. "Es una clara violación del derecho a la libertad de expresión online", sostuvo Andrew Gardner, miembro de la ONG en Turquía. Se trata, a su juicio, de “él último y acaso más descarado ataque a la libertad de expresión en Turquía. Los periodistas ya pasan años en la cárcel por sus noticias críticas y los usuarios de las redes sociales deben autocensurarse en el temor de ofender a las autoridades”. Para Gardner, asimismo, la ley "viola los derechos humanos y los estándares internacionales". (ANSA).