Alberto Fernández viene insistiendo desde hace rato –y lo hace antes sus ministros más cercanos- en la necesidad de armar ya una agenda para la post pandemia. En rigor, resulta imposible saber a ciencia cierta cuándo se saldría de la cuarentena y por eso la idea de generar un temario post pandemia nada tiene que ver con lo temporal, sino con la intención de dar una esperanza frente al agotamiento y la angustia social y económica. Abrir o al menos mostrar un horizonte. Hace ruido entonces que el primer punto real para quebrar el monotema del coronavirus y la crisis sea una ofensiva sobre la Corte Suprema. Asoma en todo caso la decisión de atender otro frente, el doméstico, con Cristina Fernández de Kirchner como referencia central. La sola decisión de avanzar con un consejo asesor para proponer cambios en la Corte, y también en otros rubros sensibles –el Consejo de la Magistratura y la jefatura de los fiscales, entre ellos- , constituye una señal de prioridades políticas. Y el Gobierno, si se analizan algunos de sus movimientos, estaría advirtiendo el mensaje negativo de su decisión. De allí, visto en espejo, su intención no correspondida de vestir el lanzamiento con una foto de contenido institucional y plural, en las formas. El Presidente personalmente o a través de sus funcionarios de confianza y con conocimiento del terreno específico, político y judicial, intentó sumar a la oposición y hasta a los jueces de la Corte. Al sentido escenográfico, agregó un trazo significativo y hasta políticamente corrosivo como la idea de sumar a los magistrados a un acto que los coloca bajo tensión, algo sorpresivo al menos para buena parte de ellos. No había sido este el mensaje inicial desde Olivos. Según trascendió, sólo asistiría al acto oficial la jueza Elena Highton de Nolasco -por razones de amistad personal-, síntoma del malestar y rechazo en la instancia superior de la Justicia. Un sentido similar de arropar la iniciativa expuso la invitación a los jefes legislativos de Juntos por el Cambio. La respuesta directa estuvo en boca de los directamente convocados: sin estridencias ni muchos adjetivos, como suele ocurrir con los contactos reservados, la respuesta fue de rechazo absoluto a una recomposición de la Corte, no sólo de ampliación de su número. Eso como dato de inicio. Después, una vez conocido el texto, sería analizado y respondido el proyecto de reforma judicial con eje en el fuero federal. Ese mensaje transmitido por los jefes de bloque de JcxC surgió además con respaldo la decisión política definida unas horas antes por la conducción de la coalición opositora en sentido amplio. El rechazo a la ampliación de la Corte y a la invitación para acompañar el anuncio presidencial fue decidido en un encuentro virtual entre los titulares del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica, junto con los jefes de interbloque y de bloques de Diputados y del Senado, esta vez con participación de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Un efecto generado por la ofensiva del Gobierno, que cada tanto unifica posiciones en lugar de lograr fisuras entre “duros” y “negociadores” en una coalición que aún arrastra la falta de una orgánica de funcionamiento y conducción. Pero más allá de las reacciones, esperables en materia política y judicial, la intención del Gobierno parece transparente: descuenta o asume de hecho que una lectura central de la creación del consejo asesor –y del objetivo focalizado en la Corte- estará relacionada con las sombras que proyecta la presión más amplia para aliviar el frente judicial de CFK en causas vinculadas con la corrupción. Algo a la vez similar y también contradictorio puede ser advertido en los nombres que, según dejó trascender el Gobierno, conformarán ese consejo asesor. El mensaje más potente lo produce la integración de Carlos Beraldi, defensor de la ex presidente. Y el intento de mediatizar ese efecto, como contrapartida, estuvo centrado en Inés Weinberg de Roca, candidata sin éxito de Macri a jefa de todos los fiscales. Esa movida fue motivo de análisis entre referentes de JxC, pero sin consecuencia alguna en su respuesta política. Hay dos puntos que parecen aún más relevantes. El primero: la incorporación de Beraldi fue motivo de cierta discusión en el círculo presidencial. Parecía más razonable colocar como figura de mayor peso a León Carlos Arslanian. Su trayectoria y en especial su papel en el tribunal que condenó a las juntas de la dictadura podrían diluir otras consideraciones, entre ellas su actual trabajo como defensor de Ricardo Echegaray. El, solo, podría haber matizado la cartelera, pero Beraldi le coloca la marca de la ex presidente de manera insoslayable. El segundo punto expone el mensaje más fuerte, potenciado por Beraldi y por la composición ampliamente mayoritaria de expertos con vínculos kirchneristas o con el PJ tradicional de algunas provincias. El trabajo de este consejo será largo, sus propuestas deberán ser consideradas por el Presidente y luego ser formalizadas como proyectos enviados al Congreso. Según la interpretación de legisladores que conocen este terreno, la ley podría ser probada sin necesidad de mayoría especial. Pero la designación de jueces –para una ampliación de la Corte o por renuncias forzadas en este proceso- requiere sí de dos tercios de los senadores para darle acuerdo a los nombramientos. Sin embargo, mucho antes está el efecto de arranque y con sentido en continuado. A partir de ahora mismo, los jueces de la Corte enfrentarán un cuadro de fuerte presión. Han quedado en la mira y ese sólo hecho asoma como un contrasentido institucional. El tema nace sin consenso político amplio, con una enorme sospecha sobre el objetivo asociado a la ex presidente, lo cual de hecho operaría como una señal al conjunto de la Justicia. Los antecedentes históricos, empezando por las décadas de esta etapa democrática, señalan algo bastante evidente: la calidad de la Corte no depende de su número sino de su grado de independencia y de su papel frente a los otros poderes. Hay otro elemento: a pesar de cuestiones formales de funcionamiento judicial en la escalera de apelaciones y de cierta distorsión de su lugar en el sistema presidencial, se trata del tribunal que dirime las cuestiones constitucionales. No debería avocarse a los problemas judiciales del poder político, aunque en eso ha derivado más de una vez. El contexto no es sólo histórico, sino también presente. Y cuentan especialmente las posiciones del Presidente. Alberto Fernández ha realizado varios giros desde su ascenso a la candidatura y luego a la Presidencia. Quizá el más notable ha sido el relacionado con el caso del memorándum con Irán. Lo había considerado un acto de encubrimiento, después, ya candidato, sostuvo ante la Justicia que lo suyo había sido una consideración exclusivamente política y, más recientemente, dijo que en realidad pudo haber sido un intento de “encontrar una salida” para avanzar con la causa de la AMIA. En su posición hacia la Corte, se percibe un giro también significativo. El primer mensaje que le hizo llegar a los jueces del tribunal fue que no impulsaría una ampliación u otra medida vinculada al futuro del máximo escalón de la Justicia. Más tarde, dijo que él no era partidario de ampliar la integración, pero que no veía mal convocar a expertos juristas para conocer otros puntos de vista. Se prefirió interpretar esa declaración como una manera elegante de “patear el tema”, según la explicación de una fuente del Gobierno. Y ahora, se deja trascender cierto vuelco hacia la postura de recomponer la Corte para mejorar el funcionamiento judicial. Esa película, no solo el cuadro de estas horas, es mirada con atención no exclusivamente en el mundo judicial. Va camino a generar debate político. Y tal vez no sea inocua socialmente aún en medio de la sociedad. Eso también explicaría el apuro: difícil instalar el tema más adelante, cuando quizá asome el año electoral. (Infobae)