A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo. Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio. “Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi. “Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india. La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas. Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”. Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros. El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”. La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada. “Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india. (La Vanguardia)