El Gobierno había pedido que se definiera en los tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires el planteo de inconstitucionalidad del decreto de intervención de la agroexportadora. La decisión la tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo Biotti, en desacuerdo con el fiscal del caso, Fabián Canda, que había dictaminado a favor del pedido de Kulfas. "Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, ante los que corresponderá la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional", resolvió Biotti. De esta forma, la jueza coincidió con el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que no era él quien debía resolver si es constitucional el decreto, sino la justicia federal, pero le respondió a Kulfas que será la justicia federal de Santa Fe la que lo haga. Los directivos de la empresa Vicentin plantearon la inconstitucionalidad del DNU que estableció la intervención ante el juzgado de Lorenzini, pero el juez del concurso, en el mismo fallo mediante el cual apartó a los interventores designados por el Gobierno y restituyó al directorio de Vicentin, se declaró "incompetente" para definir esos planteos de inconstitucionalidad. Según el Gobierno, ese fallo de Lorenzini fue "incoherente, contradictorio y arbitrario", porque si el juez se había declarado incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad, también lo era para resolver la cautelar con la que corrió a la intervención. Kulfas pidió entonces que el caso se trasladara a la justicia federal con asiento en la Capital Federal. Pero la jueza Biotti consideró: "Los efectos principales del DNU Nº 522/2020 y, sobre todo, los cuestionados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC, se producen en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, en la cual se encuentra el domicilio social inscripto de la sociedad y sus oficinas centrales". Y agregó: "Además, en Reconquista tramita su proceso concursal. De esta forma, no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU Nº 522/2020, cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar". (La Nación)