Sin embargo, la promesa de que internet sería una plaza pública sin censura no siempre se cumple. Muestra de ello son los llamados «apagones», los cortes de internet que distintos gobiernos deciden llevar a cabo temporalmente como solución para controlar protestas o movilizaciones sociales. Fue una de las razones del nacimiento del Día Mundial contra la Censura en Internet, que se celebra cada 12 de marzo. Según un informe de Access Now, en 2018 hubo al menos 196 bloqueos o «apagones» de internet en 25 países. Y las expectativas para el futuro inmediato no son optimistas, ya que los expertos creen que en los últimos años la censura ha crecido. Es la conclusión del último informe de Freedom on the Net, un estudio realizado por Freedom House que analiza la libertad de internet en 65 países de todo el mundo. Según esta investigación, la libertad global de internet ha disminuido por noveno año consecutivo: 33 de los países analizados han perdido libertad desde junio de 2018, mientras que solo 16 registraron mejoras netas. Los mayores descensos en la puntuación del ranquin de libertad tuvieron lugar en Sudán y Kazajistán, seguidos de Brasil, Bangladés y Zimbabue. Además de las dificultades que plantea la censura gubernamental, los analistas afirman que hoy internet se encuentra en medio de otra batalla: la que tiene como objetivo proteger el derecho a la libertad de expresión combatiendo al mismo tiempo la desinformación, la manipulación, los discursos de odio, la discriminación, la violación de la intimidad o los plagios. «A las grandes plataformas sociales como Facebook, Twitter o Instagram no les queda otra opción que limitar el contenido si quieren cumplir con la legislación y los usos y costumbres de cada país. Pero es muy complicado hacerlo sin extralimitarse», señala Josep Navarro, profesor colaborador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (España). Las críticas al intervencionismo en los contenidos de las grandes plataformas sociales y el deseo de volver a los orígenes de internet, cuando la red de redes se erigía como un espacio donde no había límites para la libertad de expresión, han traído consigo nuevas propuestas. Así es como han llegado al mercado más de una decena de plataformas, entre las que se encuentran Mastodon, una red social de microblogging con unas funciones parecidas a las de Twitter que ya afirma tener 2,2 millones de usuarios en todo el mundo; Gab, con cerca de 800.000 usuarios, otra red social también similar a Twitter que no puede descargarse ni desde Google Play ni desde la App Store, sino únicamente desde su sitio web, debido a que está permitido publicar en ella prácticamente todo excepto los contenidos que inciten a la violencia, la pornografía ilegal o la información confidencial sobre los usuarios; o la más reciente de ellas, Pichagram, similar a Instagram, pero pensada para artistas y sin censura en las imágenes. «Se presentan como una opción más libre y, en muchos casos de forma explícita, como una alternativa contra "la censura" de otras plataformas. Cada una, no obstante, muestra sus singularidades y ha ido acogiendo perfiles de usuarios diferentes que buscan canales mediante los cuales expresarse», señala Silvia Martínez Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. El propio director general de Twitter, Jack Dorsey, anunciaba poco antes de acabar 2019 que la compañía había organizado un equipo de cinco desarrolladores para crear un estándar de código abierto para redes sociales. La idea es la misma que se encuentra detrás de otras redes sociales descentralizadas como Mastodon: que la compañía no sea la única que decida qué puede y qué no puede verse en la red social, sino que sean los propios usuarios finales quienes determinen qué contenidos toleran y cuáles no. La censura autoimpuesta ha fomentado la aparición de otras iniciativas como Pichagram, una plataforma creada por un programador e ilustrador murciano. En ella, los artistas que incluyen en sus obras desnudos tienen un espacio donde difundirlas diferente a Instagram. En las plataformas tradicionales, este tipo de contenidos se bloquean al no diferenciar una obra artística de lo que se puede considerar pornografía. Como explica el profesor Josep Navarro, la censura de contenidos en las plataformas tradicionales se hace la mayoría de las veces de forma automática, a través de algoritmos basados en ciertas reglas. Y no se trata de un sistema infalible. «Son algoritmos de aprendizaje automático que van aprendiendo sobre la marcha, por lo que, evidentemente, al aplicarlos puede haber fallos», explica poniendo un ejemplo: los algoritmos pueden censurar un codo al confundirlo con el pecho de una mujer porque se asocia cierta forma con el contenido que deben prohibir. El resultado es que automáticamente se bloquea esa publicación. Sin embargo, los fallos en los algoritmos son solo una pequeña parte del problema. El principal caballo de batalla es cómo limitar el poder que acumulan en la actualidad gigantes como Facebook, Twitter o Instagram. Silvia Martínez Martínez, que es investigadora del Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento de la UOC (GAME), afirma que la posición hegemónica, y por lo tanto privilegiada, que disfrutan las grandes empresas tecnológicas las dota también de un gran poder para controlar los contenidos que circulan en la red, la visibilidad que adquieren e incluso la participación en la comunicación pública por parte del ciudadano. «En este contexto, es lógico que se añoren los primeros momentos de internet, buscando así entornos descentralizados y en los que la libertad y el respeto mutuo sean las pautas de comportamiento», señala la directora del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC. Sin embargo, los expertos coinciden en que el intervencionismo actual también responde a formas de uso poco correctas por parte de los usuarios. «En las redes sociales a veces tenemos comportamientos irracionales o muy pasionales por el anonimato que nos proporciona un teclado», señala el profesor de la UOC Josep Navarro, quien cree que «si los usuarios no tuvieran determinados comportamientos, seguramente habría menos censura; y al contrario: si las plataformas no aplicaran tanto la censura, probablemente los usuarios no buscarían las cosquillas a la plataforma. Esta no deja de ser tecnología al servicio de las personas, y es el uso que le damos las personas lo que puede crear problemas». De hecho, el profesor de la UOC recuerda que las plataformas son espacios que responden a intereses comerciales, y eliminar contenidos habitualmente no es beneficioso para esos intereses. «Si censuras mucho, tienes menos contenido, lo que significa menos datos para analizar, y eso no es bueno para el negocio», advierte. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ya ha mostrado en alguna ocasión su disconformidad con tener que eliminar determinados contenidos. Una muestra de ello es el comunicado que Facebook hizo público coincidiendo con una reunión de la Comisión Europea para trazar las líneas de actuación del futuro digital. En el comunicado, Facebook advertía que si se convertía a las plataformas digitales en responsables de los contenidos que se comparten en ellas, se podría limitar la innovación y la libertad de expresión. Como recuerda Silvia Martínez Martínez, casi un año antes el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, David Kaye, había emitido un comunicado en el que advertía de los riesgos de implantar posibles soluciones automáticas para cumplir con la norma que pudieran conllevar el riesgo de censura. «En el entorno digital surgen nuevos retos y es necesario ser muy cauteloso para poder superarlos y resolver casos en los que el ejercicio de dos o más derechos entran en conflicto», advierte la profesora de la UOC, destacando entre esos retos la posibilidad técnica de monitorizar grandes cantidades de datos, el uso de la inteligencia artificial al servicio de la manipulación, la proliferación del discurso del odio y las injerencias en la propiedad intelectual. «Regular y legislar en este entorno puede resultar complicado y no siempre la redacción de las leyes responde a las aspiraciones de todos los agentes», afirma. (NCYT)