Se cierne la tormenta. Lo escribió alguna vez Winston Churchill. Y quizás lo escriba, ahora, algún funcionario con aspiraciones literarias si, en un acto de sinceramiento, pudiese confesar algo que está la vista de todos: el proceso de restructuración de la deuda se ha demostrado mucho más árido de lo que se esperaba. El FMI acaba de redoblar la presión sobre la Argentina. Kristalina Giorgieva, la titular del Fondo, confirmó que el organismo no realizará quitas al préstamo de u$s 44.000 millones otorgado a la Argentina.En declaraciones a la agencia Bloomberg y tal cual lo había anticipado el vocero del FMI, Gerry Rice, la funcionaria europea sostuvo que la "formulación legal" del organismo internacional de crédito impide "tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global". El dato no es menor porque deja al Gobierno con la imposible tarea de aplicar una quita de proporciones mayúsculas a los bonistas si quiere avanzar en el objetivo propuesto. Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, se han cansado de repetir que la deuda pública "es impagable", por esa razón quieren sentar a los bonistas a la mesa de negociaciones y de esa forma conseguir nuevos términos de la deuda que la hagan "pagable" y "sostenible". Sin embargo, las cosas parecen no acomodarse de la forma que esperaba (el verbo es excesivo) la Casa Rosada. Hay una distancia cada vez mayor entre lo que ofrece el Gobierno y lo que reclaman los bonistas. Mucho de esto se vio en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires con el bono BP21, primero, y de la Nación, después, con el bono Dual. El gobernador Axel Kicillof pudo comprobar, de primera mano, que hay en el Palacio de Hacienda la voluntad de hacer del default, una instancia casi obligada si lo que se busca es ablandar a los bonistas. Pero no quiso ser él quien tirase la primera piedra. Por eso fue el propio Martín Guzmán el que resolvió finalmente dar el paso y reperfilar. Lo cierto es que desde que asumió, hace poco más de dos meses, el Gobierno se la pasa hablando del "default". El rojo fiscal que Guzmán prometió en el Congreso hasta 2023 es casi un certificado de que no habrá recursos para pagar. Los bancos que participan de la negociación piden adelantos en efectivo para entrar en un canje, una posibilidad que parece descartarse de plano en estas geografías. Mientras tanto, las estrategias están puestas en cómo hacer para que los fondos y los bancos de inversión se avengan a aceptar una fuerte quita. El ex presidente Néstor Kirchner tuvo su período de gracia porque el default lo había gritado Rodríguez Saa. Sin esos años de incertidumbre, probablemente los bonistas no habrían aceptado la enorme quita que les aplicó después. Ahora el Gobierno quiere generar lo mismo (incertidumbre, miedo) pero se encuentra del otro lado con negociadores mucho más refractarios. (Ámbito)