La crítica fue bastante inusual, sobre todo cuando se trata de alguien como el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que todavía forma parte de la Administración de Donald Trump y a quien la oposición demócrata considera casi exclusivamente como el abogado personal del presidente. Barr aseguró esta semana que le resultaba “imposible” hacer su trabajo con el ruido que provocaban los continuos tuits del mandatario. Pero lejos estaban de tener efecto las palabras en el presidente. La respuesta de Trump llegó precisamente a través de Twitter, donde aseguró “tiene el derecho legal” de intervenir en casos judiciales. Hay quien cree que los días de Barr están contados dentro del Departamento de Justicia. El fiscal general no es el primero de los cercanos colaboradores del presidente que le ha recomendado bajar su ardor tuitero. Pero sin duda es el primero que lo ha hecho de forma pública y, lo que es más llamativo, formando todavía parte del equipo de la Casa Blanca. Sus acciones pueden costarle caras frente a un presidente que tiene el ratio más elevado de mortalidad en forma de despidos, defenestraciones y renuncias voluntarias de miembros del Gabinete que ninguna otra Administración precedente. Con el último escándalo de la política de Washington -el caso Stone- en plena ebullición, William Barr intentaba el pasado jueves establecer ciertas reglas del juego que deberían de darse por hechas y trazaba una línea para atajar las acusaciones hacia Trump de politizar el Departamento de Justicia y volcar la balanza a su favor para rebajar la condena pedida por un grupo de fiscales a su amigo y exasesor Roger Stone. En una entrevista con ABC News, el fiscal general aseguró el jueves que los continuos mensajes del mandatario en las redes sociales le impedían hacer su labor correctamente debido al “constante flujo de comentarios por detrás cortando el margen de maniobra”. “Que haya comentarios y tuits sobre el Departamento, la gente que trabaja en él y los casos que están pendientes hace imposible garantizar que los tribunales y los fiscales lleven a cabo su trabajo con integridad”, lamentó el fiscal general, quien ocupó ese mismo cargo en 1991 con George H. W. Bush. “No voy a dejar que nadie me influya”, afirmó en relación al “Congreso, los editoriales de los periódicos o el propio presidente”. “Haré lo que considere que está bien”, concluyó. La reacción de Trump a las declaraciones de su hombre en Justicia no fue inmediata. Antes de que volviera a saltar a la arena de Twitter, en contra de lo que le recomendaba el fiscal general, la Casa Blanca se pronunció a través de su portavoz, Stephanie Grisham. “Al presidente no le han molestado los comentarios en absoluto, y tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano americano, a hacer públicas sus opiniones”, declaró la vocera a la vez que garantizó la confianza del presidente en su fiscal general. Lo cierto es que Trump ha hecho que sea muy difícil para Barr mantener la apariencia de independencia. Ya sea por su sugerencia al presidente de Ucrania para que tratara con él la investigación de su rival político Joe Biden o por el caos desatado por la decisión de rechazar públicamente a los fiscales que buscaban duras penas para el estratega político republicano Stone, condenado por mentir al Congreso y manipular testigos dentro de la trama rusa. Cuando los fiscales pidieron una condena para Stone -uno de los aliados más próximos a Trump-, de entre siete y nueve años, el presidente puso el grito en el cielo y el Departamento de Justicia reaccionó emitiendo un documento en el que indicaba que el exasesor del presidente debería ser encarcelado, pero pedía una sentencia menor. Esa declaración dejó desprotegidos a los fiscales, quienes finalmente optaron por apartarse del caso. Varios analistas políticos citados por la prensa y las cadenas de noticias norteamericanas consideran que la declaración de principios del fiscal general podría estar orquestada. Según la CNN, el presidente era conocedor de las declaraciones que iba a efectuar Barr. Y según Joe Lockhart, secretario de prensa de Bill Clinton, citado por el diario The New York Times, es “imposible de creer” que después de todo lo que Barr ha hecho para favorecer los intereses en la agenda política del mandatario, sea ahora cuando el fiscal general se muestre molesto. “La reacción de Trump” será la clave, aseguraba Lockhart. “Si no entra al ataque sabremos que era puro teatro político, porque todo el mundo está de acuerdo en que el presidente carece de autocontrol”. Trump reaccionó. Pero con control. Sin estridencias ni ataques ni insultos personales, se limitó a decir, lo que no es poco, que tiene “el derecho legal” de intervenir en casos judiciales. Y refiriéndose a la declaración de Barr de que nunca le pidió que se entrometiera “en un caso penal” particular, tuiteó: “Eso no significa que no tenga, como presidente, el derecho legal de hacerlo, lo tengo, pero hasta ahora he decidido no hacerlo”. (elpais.es)