Las plantaciones de teca alcanzan a verse desde la vía que de El Carmen de Bolívar conduce a El Salado. Se trata de un árbol delgado que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura y del que se extrae madera. Como por estos días hay un intenso verano, el árbol ha perdido las hojas y solo quedaron las ramas. Aún sin alcanzar su punto máximo, para el que le faltan algunos años, ya sobresale en el camino, entre fincas de ganado y vegetación. Los más viejos dicen que el paisaje cambió, porque donde hoy hay teca, antes hubo tabaco. En esa transición, de 20 años, los campesinos salieron expulsados por la violencia, las tierras las compraron masivamente grandes empresarios antioqueños que luego las vendieron a la cementera Argos y, más recientemente, jueces han dicho que a los campesinos hay que devolverles su tierra, pero ya muchos de ellos no trabajan el campo. El destierro por la violencia El símbolo de la violencia que entre guerrilleros y paramilitares resquebrajó a los Montes de María fue la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 21 de febrero de 2000. En esos seis días, 450 paramilitares del bloque Norte, al mando de Salvatore Mancuso y Jorge 40, arrasaron ese corregimiento acusando a sus pobladores de ser colaboradores de la guerrilla. Alrededor de 60 personas fueron asesinadas. Unas 4.000 más se desplazaron y el pueblo quedó convertido en un pueblo fantasma. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas más de 90 mil personas. La tierra quedó abandonada y a los caseríos les creció monte. Las familias fueron a parar a Cartagena, Barranquilla o Sincelejo, a poblar los cinturones de miseria. Los más jóvenes crecieron en esas urbes y se fueron acostumbrando al rebusque. Los viejos tenían temor de volver y tampoco había cómo. Luego de la desmovilización de los paramilitares y de la desestructuración del frente 37 de las Farc, con la muerte de su comandante Martín Caballero en 2007, muchos pusieron sus ojos en la región. Las tierras de “los cachacos” En un video grabado el 3 de septiembre de 2009, en una reunión en María la Baja (Bolívar), el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, invitaba a los campesinos de la región a confiar en varios de los empresarios que estaban llegando a la zona a comprar tierras. “Hoy acá, yo, a solicitud mía, quise que me acompañara la gente de la corporación Amigos de los Montes de María (…) gente toda honorable, uno A de Medellín. Les digo porque nací y crecí con ellos, muchos de ellos son amigos míos, compañeros de la universidad, compañeros del colegio. Y les puedo decir hoy como ministro de Agricultura que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir”. Un año antes de que el ministro Fernández diera esa declaración en María la Baja, a los Montes de María ya habían llegado empresarios antioqueños a comprar tierra; en la zona los conocían como “los cachacos”. Lo dicho por el ministro era muestra de cómo el Gobierno Nacional por esos años mostraba a esa región. Como constituía una zona de Consolidación Territorial del Gobierno Uribe desde 2007, había una invitación expresa al sector agroindustrial para invertir en la zona. Entre esa oleada de empresarios antioqueños que llegó a los Montes de María, uno de los que más adquirió tierras fue Álvaro Ignacio Echeverría. Según un detallado informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, que hizo un seguimiento a las compras masivas en esa región del país, el antioqueño encabeza la lista de los compradores masivos, con 4.634 hectáreas a nombre propio más otras 1.639 a nombre de Tierras de Promisión, donde él figura como representante legal. Echeverría fue pionero de las compras en esa región y quien trajo a otros antioqueños a comprar tierra en la zona. Junto a Álvaro Echeverría aparecen reseñados en el documento Manuel José Medina Muñetón, Elkin de Jesús Sierra Jiménez; Andrés Felipe, Daniel y Ricardo Arango Botero; Raúl Andrés Mora y Otto Nicolás Bula. Sin embargo, según sentencias de restitución de tierras que han sido proferidas en los últimos años, las compras que los empresarios hicieron en esos años fueron irregulares. Los magistrados de restitución de tierras han establecido que los campesinos que vendieron sus predios, lo hicieron como consecuencia del desplazamiento forzado que los sacó de su tierra y por el estado de necesidad en que ello los dejó, cuando fueron arrojados a la periferia de las ciudades. Por ello, ha decidido la inexistencia de las compraventas entre los campesinos y los empresarios. Por su parte, los empresarios siguen sosteniendo hoy que para la época en que compraron la tierra, hacia 2008, ya no había conflicto armado en la zona y que los campesinos no fueron presionados ni persuadidos para que vendieran sus tierras. Así lo sostiene Jairo Bayuelo Ochoa, eslabón clave en la cadena de compraventas masivas, pues él fue el intermediario entre los campesinos y Álvaro Echeverría. “Aquí no se le puso un revólver a nadie ni se le amenazó para que vendiera un predio”, sentencia desde su casa ubicada a pocas cuadras del centro de El Carmen de Bolívar. Fue en esa casa en la que se hicieron las compras masivas por parte de Echeverría, quien según Bayuelo, vivió allí por cerca de dos años, mientras se hicieron los negocios. “Yo salía a las 6:30 de la mañana a llevar a mi hijo menor al colegio y, cuando salía, tenía que pedir permiso porque estaba todo el sardinel de mi casa lleno de gente con una bolsita con las escrituras debajo del brazo para venderme el predio”, detalla Bayuelo. Pero hay un detalle importante, el valor de esas compras y el precio en que se vendieron después, en un lapso muy corto. Según han contado los campesinos en los procesos de restitución, les compraron a $300 mil la hectárea. Luego, esa misma tierra se vendió a $2 millones la hectárea o más. Ello quedó consignado en el informe de la Superintendencia, donde reseñan varios casos en San Onofre. En uno de los predios, por ejemplo, el avalúo aparece por $43 millones, el campesino lo vende a un particular por $60 millones y 20 días después éste lo vende de nuevo por $469 millones. Casi ocho veces por encima del precio en el que lo adquirió. Sobre esas compras, Álvaro Echeverría dice hoy que es cierto que la hectárea se pagó a $300 mil. “El precio de una tierra lo maneja la ley de oferta y demanda. Las tierras allá no valían nada. Una tierra vale lo que den por ella”, sostiene. Sobre su participación en las compras en Montes de María, asegura que es en realidad superior a lo que se ha conocido. Si bien el informe de la Superintendencia habla de que compró 4.634 hectáreas a nombre propio, dice que debieron haber sido entre 7.000 y 8.000, incluyendo la primera finca que adquirió en la región en 2002, de nombre Jacinto, de unas 2.500 hectáreas, ubicada en el municipio de San Pedro. Echeverría hoy insiste en que la compra masiva de tierra en esos años fue por una estrategia del Gobierno Nacional para reactivar la economía en la zona. Que llegaron por invitación del Gobierno. Dice que, en 2008, en una reunión informal en el aeropuerto de Montería, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, invitó a empresarios antioqueños a invertir en los Montes de María porque la región necesitaba desarrollo. El antioqueño dice que los campesinos que habían salido desplazados a las ciudades ya no querían volver a sus predios. Que la plata que se les pagó por su tierra, en ese momento de necesidad, “era la solución a las vidas de ellos”. La llegada de la teca Álvaro Echeverría no compró las tierras para explotarlas todas él. “Las compré porque Argos me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, dice. De manera que, según él, compró los predios para venderlos a compradores que ya tenía asegurados, como luego ocurrió. En 2010, Argos empezó a llegar a la zona de El Carmen de Bolívar con el proyecto de teca que ya había implementado en Puerto Libertador (sur de Córdoba) y en San Onofre (Sucre). Allí, a través de un fideicomiso, compró 6.600 hectáreas a varios de los empresarios que habían comprado tierras a los campesinos, entre ellos Álvaro Echeverría. Sin embargo, Camilo Abello, vocero de Argos, aseguró que de ninguna manera la empresa le había encargado a Echeverría ni a ningún otro intermediario comprar tierra para ellos. La llegada de Argos, dijo, se dio después, cuando ya los empresarios antioqueños habían comprado tierras y se la ofrecían a la compañía cementera, que finalmente la compraba con la idea de implementar allí un proyecto agroindustrial de teca. Pero ese proyecto no pudo continuar, entre otras razones, porque luego de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en 2011, se impusieron medidas cautelares sobre ese territorio, lo que les impedía seguir comprando tierra. “Alcanzaron a comprar 6.600 hectáreas, pero tenían la intención de adquirir por lo menos 15.000. Solo alcanzaron a sembrar teca en 1.000 hectáreas”, explicó María Clara Rodríguez, directora de la Fundación Crecer en Paz, que Argos creó en 2015 para donar las tierras que había comprado. Esa fue la alternativa por la que optó Argos en El Carmen de Bolívar y Ovejas. Así, previendo lo que vino después, donó la totalidad de la tierra comprada en esta zona a la fundación y le dio un giro a ese proyecto hacia uno de carácter social, sin ánimo de lucro. Lo que vino, a partir de 2016, fue una racha de fallos que daban respuesta favorable a las demandas de restitución de tierras presentadas por reclamantes de predios que quedaron en manos de Crecer en Paz. Desde entonces, hasta hoy se han emitido 14 sentencias en contra de Argos. En ninguno de los casos Argos pudo demostrar buena fe exenta de culpa en el momento de la compra, pues según las sentencias, le faltó mayor diligencia al comprar las tierras, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada en el que estaba la región y que era de público conocimiento. Argos no se opuso a esos procesos de restitución, porque no podían dar cuenta de las condiciones que llevaron al campesino a vender la tierra en el primer momento, pues la compañía cementera les compró a quienes ya habían comprado los predios. Diferente a lo que ocurrió en San Onofre, donde Argos sí se opuso a los procesos de restitución porque en ese municipio sí le compraron directamente al reclamante. Producto de esos fallos, Crecer en Paz ha devuelto a los reclamantes 18 predios que configuran 590 hectáreas. De las 6.600 hay 1.900 hectáreas que están en algún proceso de restitución. En las otras se están ejecutando proyectos productivos asociativos - con la fundación - en los que participan alrededor de 400 familias de la zona. El proyecto más avanzado es el de una finca de 30 hectáreas, con sistema de riego, donde se cultiva aguacate y batata dulce. En otras fincas, principalmente en la zona media del municipio, hay 25 apiarios que están produciendo miel y cultivos de fríjol cuarentano rojo, que compra Crepes & Waffles para sus platos Montes de María, que ofrece en Bogotá. Sin embargo, los proyectos que se están ejecutando, dice la directora de la fundación, son actividades que puedan ser trasladables, en caso de que sobre esos predios se presenten demandas de restitución. Pero en la zona baja del municipio, donde está El Salado, todavía hay desconfianza de los campesinos hacia ese modelo de la fundación. Sostienen que en esos proyectos no serían ellos los propietarios de los predios, sino que serían arrendatarios de la Fundación Crecer en Paz. La directora dice que lo que hay son comodatos en los que se acompaña a las asociaciones campesinas hasta que los proyectos sean sostenibles y que en máximo cinco años esas asociaciones campesinas serán las dueñas de la tierra. “La fundación debe salir de aquí sin un metro de tierra”, sentenció su directora. Con ese fin último, de entregar toda la tierra, Crecer en Paz ha entrado en contacto en las últimas semanas con el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien está a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz. “Nosotros ya tenemos identificado en cada finca qué se puede hacer, pero no tenemos los recursos para hacerlo. La idea es que el Gobierno cofinancie de manera importante esos proyectos productivos con la idea de vincular a más familias a esas tierras”, dice María Clara Rodríguez. Esa estrategia está todavía cruda, aunque ya se ha hablado de la construcción de una ciudadela en esos terrenos. Una nueva generación Para muchos campesinos de la zona, que les hayan restituido el predio, es una pequeña victoria, pero ahí no termina su lucha. Carlos Agámez vive hoy en la vereda El Respaldo, entre El Carmen de Bolívar y El Salado, en el predio que ya le fue restituido. En su momento, las tierras que fueron de su padre fueron vendidas a Álvaro Echeverría y después a Argos, hasta que en 2016 salió la sentencia de restitución a su favor. Aunque la restitución de tierras busca devolver a los reclamantes a las condiciones en que estaban antes de los hechos victimizantes, lo cierto es que nada queda ya de lo que había en este rancho campesino. “Nosotros vivíamos mi mamá, mi papá y los 12 hermanos que éramos. Quedamos 11 porque uno se perdió en la violencia. Teníamos ganado, burros, cerdos, caballos, patos, gallinas y pavos”, cuenta. Él es el único que vive en el predio restituido, porque el resto de los hermanos viven en el casco urbano de El Carmen o en Cartagena. No quisieron retornar. Hoy, 20 años después de haber salido de sus tierras, aunque se las restituyan, la vida no será la misma. En El Salado ya no hay tabaco, producto que le dio vida a ese corregimiento hasta que llegó la violencia. Los que se fueron a las ciudades no ven el campo como una posibilidad de vida. Quienes sí están allí resisten, pero reclaman garantías para una vida digna. (EE)