al constatar que dicho gremio no posee cuenta bancaria ni CBU para que el municipio deposite mensualmente el dinero recaudado el cual, solo en el mes de diciembre, sumó 740 mil pesos. Con total responsabilidad, el nuevo intendente decidió no retener más la cuota sindical a los afiliados y que cada uno vaya y le abone al gremio de manera particular, dado que no existe contablemente ninguna transparencia, si todos los meses la municipalidad debe recaudar la plata del sueldo de los trabajadores y “por ventanilla” los dirigentes del gremio “pasan a retirar el cheque” el cual luego cobran en la cuenta de la Municipalidad y a partir de allí manejan arbitrariamente. Esta irregularidad pone al intendente como coautor de un posible delito y el entrante ha decidido no asumirlo. La modalidad empleada hasta el mes de diciembre por parte del anterior intendente Hugo Garay (FPV), era entregarle la recaudación al Secretario General del SEM evitando el registro bancario y el depósito de los fondos en una cuenta especial del gremio afectada, precisamente, a recaudar mes a mes la cuota sindical depositada por el municipio. Si el gremio no la posee, el intendente no puede abonar esos fondos en efectivo o en cheque. La vergonzosas situación, además de irregular y corrupta, por parte de las autoridades municipales y del gremio, nunca fueron ventiladas ni conocidas públicamente, hasta que el nuevo intendente de 28 de Noviembre se negó a pagar de esa manera. Obviamente, esta irregular forma de abonar fondos es contraria a cualquier nivel de transparencia y debido a la sospechas de corrupción que se han producido, todos los intendentes anteriores que adhirieron a esta forma de manejar la plata, deberían ser denunciados e investigados por la justicia. Muy atinadamente el Intendente Españón emitió un escueto comunicado donde expresa que el municipio hará los descuentos de rigor establecidos por ley de la Mutual, Caja de Servicios Sociales, Caja de Previsión Social, Préstamos bancarios, Caja Nacional de Ahorro y Seguro y embargos judiciales, pero dejará de hacer los descuentos de cuota sindical (SEM-COEMA-FETRAM) y los ocasionados en concepto de Cartera Comercial (CTM) a partir de la liquidación del mes de enero/2020. Con total acierto, el jefe comunal explica en el comunicado que cada agente, si lo desea, podrá hacer su aporte sindical o CTM en forma particular y señala que dichos aportes sumaron en el mes de diciembre/19 $ 736.906,54, siendo similares en los meses anteriores “de los cuales no hay claridad sobre el correcto gasto de estos fondos que en forma mensual liquidaba la municipalidad de 28 de Noviembre y no registrándose cuenta bancaria y CBU a nombre del SEM, situación que pone en duda el destino final de los fondos”, concluye la comunicación oficial. Insólito y grave Es insólita la reacción que tuvo el Secretario General de SEM Rubén Delgado, quien en un medio gráfico de esta capital salió a ningunear al Intendente de 28 de Noviembre, tratando de descalificarlo ante una acción absolutamente lógica y esperable de un funcionario; no puede un intendente recaudar fondos para un sindicato y dárselos en la mano a la dirigencia del mismo, porque la ley de contabilidad lo prohíbe expresamente. “Como patrón debe comunicarlo oficialmente a la organización sindical y esto no lo ha hecho” le dijo Delgado a Tiempo Sur, cargando sobre la falta del intendente cuando él como representante gremial está cometiendo un acto absolutamente ilegal, con manejo oscuro de los fondos de los trabajadores. La formalidad que en todo caso incumple el intendente es ínfima a la par del fraude y/o estafa que se podría estar llevando a cabo con el pago “cash” de lo recaudado en conccepto de cuota sindical. El dirigente confirmó que el SEM no cuenta con CBU ni cuenta corriente y lo justificó diciendo “que el Ministerio de Trabajo de la Nación todavía no envió la certificación de autoridades y por ende no cuentan con la firma autorizada para poder utilizarla en las entidades financieras que lo exigen como requisito”. Remató con algo así como la típica frase argentina de “si esto está bien así para qué cambiarlo”, diciendo “En 15 años que llevamos al frente (del gremio) el Tribunal de Cuentas nunca nos hizo ninguna observación”, Si lo que el señor Delgado dice es cierto, deberían ser denunciados él, los intendentes de 28 de Noviembre, el Tribunal de Cuentas y todos los que manejaron ese dinero por fuera de las cuentas oficiales e institucionales. Pero si esto era poco, el dirigente del SEM fue más allá y “aclaró” al diario “la anterior gestión (Garay) les entregaba los aportes los 15 o 20 de cada mes. Con eso hacíamos la cobertura de gastos del sindicato y la contención social de afiliados”. Una excelente forma de decir que agarraban la plata y nadie sabía lo que hacían con ella porque “la cobertura de los gastos diarios del sindicato” y “la contención social de los afiliados”, son items tan elásticos que pueden insumir fondos de una magnitud desconocida y por lo tanto, al no haber registros ni control (solo ellos manejaban los fondos) cabe la sospecha de que parte de ese dinero podría ir a parar a manos de persona que desviaban parte de lo recaudado. Y para ponerle la frutilla al postre, el Sr Delgado atacó al intendente señalando que “esta organización le está molestando en cuestiones que quiere llevar adelante porque no quiere que los trabajadores estén organizados” (¿?) y remarcó que el intendente “está obligado a hacer las retenciones gremiales porque no puede desconocer la afiliación de los trabajadores”. Comparativamente, las explicaciones que dio Delgado es como hablar del tiempo y la meteorología, cuando hay que dar un examen de biología en la facultad. Lo que no dijo, es que el intendente (cualquier intendente) está obligado a depositar esos fondos en una cuenta dedicada en un banco existente y bajo la responsabilidad civil y penal de un sujeto, empresa o institución y él como dirigente no puede cobrar personalmente un cheque, síno lo debe depositar en una cuenta oficial que permita el seguimiento de los ingresos y egresos de los depósitos. El SEM, al no estar reconocido no puede usufructuar de una cuenta institucional en un banco, pero eso no lo habilita a cobrar por ventanilla ni que un Intendente tenga la obligación de recaudar lo que legalmente corresponde, pero no está obligado a entregarle ilegalmente (en manos) los fondos de los trabajadores. Este acto de corrupción administrativa es muy grave y habrá que seguir los pasos que da el Intendente Españón y ver si, como otros intendentes de la provincia, pasó el lápiz rojo cuando llegó, pero luego se olvida de hacer las denuncias respectivas. (Agencia OPI Santa Cruz)