La ONG Cuban Prisoners Defenders ha hecho público este lunes un informe sobre el sistema penitenciario en Cuba, según el cual existen 90.300 convictos en la isla y 37.500 condenados que se hallan en situación de control policial y judicial y que cumplen penas de arresto domiciliario y privación de libertad de movimiento. Ambas cifras suman un total de 127.458 entre convictos y condenados, explica a LA RAZÓN Javier Larrondo, presidente de la organización que ha elaborado el análisis. En Cuba existen 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, por encima de Estados Unidos (655) y El Salvador (604). “Cuba sería en realidad el primer país por personas privadas de libertad del mundo si el ránking del Institute for Crime and Justice Policy Research, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el Granma de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real”, asegura el informe. Uno de los datos más llamativos del informe es el que hace referencia a los presos en situación “pre-delicitiva” o “conducta antisocial”, los que según el artículo 72 del Código Penal cubano tienen adjudicada una actividad social antes de delinquir por una conducta que va en contra de la moral socialista. "Son presos que no han cometido delito, y se les declara como en estado de peligrosidad, es decir, con posibilidad de cometerlos, según se les observa un comportamiento contrario a la moral socialista”, reza el informe, donde se compara este delito con el establecido en la Ley de Vagos y Maleantes o en la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de la dictadura de Francisco Franco. A los afectados con este tipo de expedientes se les impone una medida de seguridad de uno a cuatro años, si bien según Cuban Prisoners Defenders, la media de cárcel es de 2,8 años. Existen 8.400 personas en centros de trabajo o prisiones por antisociales y otros 2.500 en otras situaciones fuera de prisión cumpliendo penas como trabajos sociales. “De esos 8.400 presos existe una porción de antisociales que sí se pueden considerar presos de conciencia. Están allí porque se han manifestado contra el sistema. El sistema los penaliza, los acorrala y al final los mandan a prisión”, matiza Larrondo, que cifra en 126 el número actual de presos políticos. La ONG dice haber comprobado “con numerosos casos que el sistema judicial cubano inventa y fabrica pruebas falsas de una manera burda, lo cual no les impide continuar hasta la ejecución de la sentencia sin freno alguno”. Cuban Prisioners Defenders también señala que más del 50% de las causas en tribunales municipales se ejecutan mediante el procedimiento de los atestados directos, "procedimiento acusatorio que se usa con frecuencia por su celeridad y eficacia contra disidentes, emprendedores y cualquier tipo de persona que consideren un peligro urgente para el régimen, lo que conlleva no sólo la prisión preventiva sino procesos sumarísimos que impiden el debido ejercicio de la defensa. (LR)