La Fuerza Armada venezolana sigue teniendo malestares. Casi 6.000 sargentos de tropa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han sido obligados a separarse de sus cargos, solo en 2019. La decisión es tomada supuestamente por «hacer caso omiso del llamamiento de sus comandantes naturales». Sin embargo, el régimen chavista busca evitar futuras deserciones por la falta de recursos económicos que le imposibilitan pagar la nómina militar y, además, tiene preferencia por la milicia, conformada por civiles uniformados y armados, sin grado de instrucción militar, que han sido ubicados por encima de la GNB, uno de los cuatro componentes que constituyen la Fuerza Armada. La publicación firmada por la periodista Sebastiana Barráez, da cuenta sobre 5.976 sargentos separados. «Es decir, que ahí no entran tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles ni generales, con lo que esa cifra crece como la espuma», indica la experta en temas militares. El comunicado en el que se anuncian los despidos indica que han sido autorizado por el comandante general de la GNB, Fabio Zavarse Pabón, quien asegura que la tropa «se encuentra en estado difuso dentro del componente a pesar del llamado reiterado para que normalicen su condición». Pero a juicio de Barráez, la razón de peso es que el régimen de Maduro no tiene cómo pagar a los funcionarios y ese argumento es una excusa para economizar los pocos recursos que le quedan al Estado. En ese sentido, el régimen de Maduro prefiere pagar salarios a los milicianos y no a los militares de carrera. Por lo que decide echar a los sargentos y evitar así que manifiesten su descontento por la vía de la deserción. Barráez también explicó que esta operación se hizo el año pasado y al menos 4.000 sargentos fueron desincorporados de la GNB, uno de los brazos represores al que se le responsabiliza de los más de 150 muertos en protestas antigobierno desde 2014. «Esto solo se conoce de la Guardia Nacional porque es el segundo componente más novedoso de la Fuerza Armada Nacional. El primero, que es el Ejército, no se conocen los números de desincorporación, pero debe ser una cifra igual o superior por ser un componente más grande. En la Aviación y la Armada tampoco los conocemos pero deben ser más en la primera y menos en la segunda», explicó. La decisión de Zavarse Pabón está fuera del marco legal. Lo correcto es iniciar un procedimiento en el que el comandante de cada unidad debe hacer la solicitud ante los tribunales militares para que sean procesadas y los funcionarios queden separados de sus cargos. «Pero ya ni siquiera los presentan ante los tribunales, ya no les hacen el procedimiento, y se ven en la necesidad de retirarlos de esta manera porque son miles», dijo Barráez en una llamada telefónica. (abc)