Esta vez, fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien publicó un reporte de 35 páginas basado en una investigación liderada por observadores que fueron enviados al país sudamericano entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. Entre sus conclusiones principales, el informe reitera lo que ya habían revelado otras dos instituciones -Aministía Internacional y Human Rights Watch (HRW)-: que en Chile se han producido graves violaciones a los derechos humanos. "Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH", dice el documento. "Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias". La investigación de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, apunta directamente a Carabineros, la policía de ese país, y al Ejército, señalando que no han adherido a las normas y estándares internacionales respecto al uso de la fuerza. "Durante un número significativo de protestas, Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", dice el reporte. "Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente", se agrega. El informe, además, asegura que ha habido un "uso innecesario y desproporcionado" de armas menos letales, como escopetas antidisturbios. "Esto ha resultado en un gran número de personas heridas, incluidas transeúntes y aquellas que no cometieron actos violentos sino que protestaron pacíficamente", dice. En ese sentido, la ONU manifiesta su preocupación por el "número alarmantemente alto" de personas con lesiones en los ojos o en la cara, a pesar de que las autoridades fueron alertadas sobre esta situación a partir del 22 de octubre. "Las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas para poner fin al uso de armas menos letales", dice. Asimismo, el texto asegura que en Chile ha habido "numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias". A esto, la organización suma la existencia de malos tratos y torturas, como la violencia sexual, la simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas podrías ser "desaparecidas". Tras la publicación del reporte, Michelle Bachelethizo un llamado a "mirar de manera constructiva hacia adelante". Además, indicó que es necesario establecer un mecanismo de seguimiento para que en Chile se implementen las recomendaciones hechas por la ONU. La idea, explicó, es que con esto no se vuelvan a repetir los "hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses". El gobierno de Sebastián Piñera, en tanto, agradeció al organismo por el informe. Sin embargo, rebatió algunos de los datos entregados subrayando la importancia de "validar las fuentes de información". Además, aseguró que la ONU habla de la existencia de violaciones a los derechos humanos "antes de que concluyan las investigaciones en curso".