“Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y, sobre todo, del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo”, señaló Moreno en un breve mensaje a la nación. “Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos que vayan a quienes más lo necesitan”, agregó. “El país debe recuperar la calma, que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo”, insistió. Moreno ya aseguro el miércoles que el gobierno estaba negociando con los indígenas, que desmintieron al presidente, aunque reconocieron que la Iglesia Católica y la representación local de la ONU estaban ejerciendo como mediadores para lograr un acercamiento. Los indígenas exigen la retirada del polémico decreto antes de deponer las protestas pero el jueves enviaron al mandatario una carta para abrir una negociación, ofreciendo una tregua. Este sábado se cumplen diez días desde que se iniciaran las protestas en todo el país, y especialmente en Quito, y de que el mandatario decretara el estado de excepción durante 60 días, aunque luego el Tribunal Constitucional lo rebajó a un mes. Moreno también ordenó el toque de queda nocturno y parcial. Durante las manifestaciones y los duros enfrentamientos con la policía ya han muerto cuatro o cinco personas –según las fuentes-, se han producido decenas de heridos y se han practicado un millar de detenciones. Las protestas están encabezadas por el movimiento indígena pero también son apoyadas por campesinos, estudiantes, sindicatos y organizaciones de izquierda. Se trata de una revuelta ciudadana motivada por el ajuste económico del gobierno para reducir el déficit fiscal y satisfacer al FMI, que ha prestado 10.000 de dólares al país. Durante los primeros días de las protestas, Moreno trató de instalar en la opinión pública la idea de que las movilizaciones, iniciadas por los empresarios del transporte, formaban parte de un “golpe de estado” impulsado por el expresidente Rafael Correa con el apoyo del gobierno venezolano. Sin embargo, los colectivos indígenas se han desmarcado de Correa, a quien responsabilizan de la actual crisis económica, y Moreno, con su oferta de diálogo, reconoce tácitamente que existe un malestar social que se ha transformado en una revuelta de las clases más desfavorecidas. (LVB)