El procesamiento dictado por el juez Hugo Greca por el delito de usurpación, había sido ya revocado por la Cámara Federal, haciendo lugar a la apelación planteada por la defensora de los dirigentes, Ailén Roca. “Ninguna de las 55 causas en que fuimos incriminados en Río Negro fue probada. La criminalización de la protesta social es un disciplinante que busca deslegitimar ante la sociedad reclamos constitucionales. Hay que enfrentar esta maniobra perversa del poder”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Se trata de una causa penal que se inició con la denuncia de funcionarios de PAMI, quienes acusaron a los dirigentes de haber usurpado las instalaciones del organismo en General Roca y de haber amenazado y lesionado a una trabajadora el 14 de septiembre de 2018. (ADN)