“Margarita entregó su vida a la defensa de los derechos humanos y a la dignidad humana. En Segovia (Antioquia) no hay hoy una persona tan entregada a la gente como ella”. Así recuerda Ivonne Guzmán a su hermana, Margarita Guzmán Restrepo, líder sindical asesinada a la edad de 34 años, el 25 de marzo de 1997, a las 8 de la mañana, en la oficina de Inspección Municipal de Segovia, donde trabajaba como secretaria. Los sicarios entraron y, tras confirmar que era ella, le dispararon hasta causarle la muerte. Margarita fue una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios del departamento de Antioquia (Sintraofan) en su municipio y la única mujer de la lista de 35 asesinatos que puso esta organización, entre 1994 y 2007. Sintraofan era el sindicato de trabajadores públicos más grande de Antioquia por su defensa a los derechos laborales. Pero por la persecución, las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos que padeció en el conflicto armado pasó de tener alrededor de 1.520 socios a 280. El paramilitarismo casi lo extermina. “El sindicato fue pionero en la defensa de los derechos laborales, era sólido y económicamente estable, por lo que todo el mundo quería afiliarse. Por eso, la única forma que tenían para estigmatizarlo era decir que era de izquierda en un momento del país en que decir eso era ponerle una lápida. Pero más que de izquierda, este era y es un sindicato que reclamaba derechos laborales, que reclamaba los pagos atrasados o las primas no reconocidas, que denunciaba con las autoridades estas irregularidades, con la Procuraduría y la Contraloría, y por eso era considerado una organización de “revoltosos”, dice Hernando Echeverri, quien aceptó la presidencia de este sindicato hace 20 años, en medio de asesinatos, desplazamientos y el ruego temeroso de su familia porque no aceptara el cargo. Desde entonces le ha tocado lidiar con amenazas y desplazamientos, pero ha logrado demostrar que el trabajo del sindicato es justo y transparente. Y aunque no han vuelto a tener el número de asociados de los años 90, sí cuentan hoy con más de 600 inscritos y una lucha incansable por la memoria de los compañeros que como Margarita Guzmán fueron asesinados. Por eso, este jueves, en Medellín, en un acto público y simbólico, Sintraofan entregará un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que recoge los asesinatos, desplazamientos y agresiones que padecieron con ocasión del conflicto armado, entre 1994 y 2007, que buscaron disolver su fuerza sindical y lo lograron en 14 de sus subdirectivas. Sintraofan fue fundado el 22 de mayo de 1970 y congregó a trabajadores de 45 municipios de este departamento, que desempeñaban labores, en su mayoría, de construcción, aseo, mantenimiento y conducción de vehículos, contratados por entidades del Estado. Entre junio de 1995 y mayo de 2007, en 45 municipios de Antioquia, 76 trabajadores afiliados a Sintraofan fueron despedidos de forma masiva y sin justa causa. En ese mismo período fueron asesinados 35 de sus miembros y dos familiares en retaliación porque los sicarios no encontraron a su objetivo, y 1.470 sufrieron amenazas contra su vida, correspondientes en su mayoría a las subdirectivas de Andes, Arboletes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Frontino, Necoclí, Pueblo Rico, Salgar, San Francisco, Tarazá, Vegachí y Yalí, siendo obligados a desplazarse. Las violaciones fueron perpetradas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con la complicidad de agentes de Estado, según denuncian las víctimas, y se ha podido determinar por la justicia. Uno de esos casos emblemáticos fue el alcalde de Yalí, Óscar Mira, quien persiguió al sindicato en diferentes espacios y que en 2005 confirmó el rumor que lo rondaba cuando se desmovilizó como comandante paramilitar del bloque Héroes de Granada, en el municipio de San Roque, al nordeste antioqueño, de la mano del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”. Tal fue la violencia y la impunidad que ha padecido Sintraofan, que el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de diciembre de 2005, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario GIDH. La CIDH admitió el caso y hoy se encuentra a la espera del informe final desde el año 2016. En la década de los 90, al tiempo que se fortalecía el paramilitarismo en todo el país, en toda Antioquia se incrementaron las persecuciones a las organizaciones sindicales, cívicas y populares. Solo en 1995, fueron despedidos sin justa causa 60 trabajadores del sindicato en Frontino y 16 en Toledo. Para 1997, debido a las amenazas y el desplazamiento forzado, la directiva central de Sintraofan conformó un comité de desplazados para recibir en Medellín a los miembros de varias subdirectivas, y como consecuencia de las denuncias que presentó la junta directiva del sindicato, recibieron una llamada que los amenazó con ponerles una bomba en el edificio en el que se albergaban. En 1999, la subdirectiva de Sintraofan, a la que pertenecía Hernán de Jesús Álvarez, fue disuelta forzadamente. Ese mismo año fue asesinado su presidente, Luis Humberto Herrera Gallego. Días después de su asesinato, Hernán de Jesús Álvarez fue amenazado de muerte por los paramilitares, diciéndole que dejara de denunciar que la disolución sindical se debía a la presión paramilitar. Fue asesinado tres años después, cuando en un retén paramilitar fue identificado. Ese 22 de febrero de 2002 lo bajaron de un vehículo, junto a otros compañeros, le dispararon en la cabeza y en el tórax, y le dijeron que eso le pasaba “por sapo”. En junio del año 2000, los paramilitares citaron a todos los miembros del sindicato a una reunión en la que les dijeron que habían sido declarados objetivo militar y que tenían que renunciar al sindicato. Y un año después, en diciembre de 2001, hicieron lo mismo en el municipio de Andes, pero apartaron a uno de sus integrantes y lo asesinaron frente a sus compañeros. El 12 de junio de 2002, por ejemplo, Gildardo Uribe y otros dos compañeros de la subdirectiva rindieron declaraciones en un proceso laboral que había instaurado un miembro del sindicato en Yolombó, y al regresar fue asesinado por paramilitares. Esos solo son algunos de los 37 homicidios que se perpetraron. Por todos estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió 22 procesos penales que durante años se mantuvieron en etapa previa, sin mayores resultados de justicia, y por eso fueron en su mayoría archivados. Aunque muchas víctimas no pudieron denunciar de forma oportuna, por el control paramilitar que ejercían en los municipios antioqueños que servía para que se enteraran casi inmediatamente de las denuncias que se presentaban. “Ante la impunidad y el silencio que han tenido estos hechos, entregamos este informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad para que tomen cartas en el asunto y se esclarezcan tantos años de violencia. Es un reconocimiento a la lucha de las familias y los compañeros que esperan con esto contribuir a que se honre la memoria de quienes asesinaron o victimizaron”, sostiene Hernando Echeverri. (EE)