El coro se alzó el pasado lunes por la noche. “Estamos entrando en la ruta castrochavista”; "Hugo Chávez se ha reencarnado"; "siempre tuvo la intención de perpetuarse". Las acusaciones dirigidas por la derecha radical al presidente peruano, Martín Vizcarra, no son nuevas. Sin embargo, tras anunciar la disolución del Congreso, un resorte previsto en la Constitución, la ofensiva de la oposición derivó en una espiral hiperbólica. Esas son algunas de las frases que pronunciaron Rosa Bartra y Luz Salgado, dirigentes de la bancada de Fuerza Popular, el partido que junto con sus aliados dominaba el Parlamento desde 2016 y que en las últimas semanas intentó forzar unos nombramientos de jueces afines en el Tribunal Constitucional para hacerse con su control. Esa fue gota que colmó el vaso después de meses de bloqueo y enfrentamiento cotidiano entre Ejecutivo y legislativo. Vizcarra recurrió entonces a ese mecanismo legal y endureció el pulso con la Cámara y la formación fundada por Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace casi un año por un caso de lavado de dinero vinculado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La líder opositora es la última representante de una corriente política que mezcló populismo, caudillismo y demagogia. Prácticamente todo su entorno descalificó la decisión de Vizcarra —a quien la mayoría parlamentaria intentó destituir con una votación de alcance simbólico— como "golpe de Estado". No solo no lo fue, pues el mandatario se limitó a aplicar la ley para poner fin al bloqueo del legislativo y convocar elecciones, sino que eso, un autogolpe, fue precisamente lo que impulsó su padre. El pasado enero Alberto Fujimori volvió a ingresar en prisión, tras haber sido indultado, por graves violaciones de los derechos humanos perpetradas mientras se mantuvo en el poder, durante toda la década de los noventa. El 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y asumió el control del poder judicial. Vladimiro Montesinos, su asesor de confianza, tomó las riendas de las Fuerzas Armadas. Esas fueron las premisas de un régimen corrupto que aplastó a los opositores, pero que supo capitalizar en cierta medida el descontento y la lucha contra Sendero Luminoso y el fin del terrorismo. Perú salió de esa etapa en el año 2000, pero el fantasma sigue instalado en la memoria de la sociedad. Y ahí está una de las diferencias abismales con lo sucedido esta semana. Entonces se militarizó el país; el imaginario colectivo recuerda los tanques en la calle, las detenciones, la persecución. Hoy, el país no ha salido de su rutina, en enero se celebran elecciones legislativas y la sociedad apoya mayoritariamente –hasta un abrumador 89,1%, según una encuesta de la firma CPI publicada ayer— la decisión de disolver el Congreso. "El fujimorismo ha pasado del populismo personalista a un caudillismo impopular. Porque el éxito del proyecto es que capitaliza la desigualdad, hay que leerlo en esa clave, del vínculo entre desigualdad y política. El proyecto del año 1990 supo entender la nueva dinámica de los sectores populares urbanos, supo dirigirse a ellos en un proceso de transición democrática que venía desde 1980", explica Adriana Urrutia, directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Ruiz de Montoya. "El fujimorismo capta desde 1990 a personas que no habían sido incluidas en las dinámicas democráticas y se sienten representadas por un personaje que en el imaginario popular no representaba ninguna identidad específica. Fujimori no era un outsider, era el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, tenía un programa de televisión diario en el canal del Estado", continúa. Sin embargo, en su opinión, "el fujimorismo hasta hoy sigue teniendo ese monopolio, porque ningún otro partido político ha logrado capitalizar esa desigualdad y la izquierda no dialoga con los sectores populares como el fujimorismo, sino con sectores movilizados y vinculados de cierta manera a una cierta ideología". Incógnita electoral ¿Qué queda hoy? Fernando Tuesta, sociólogo, exjefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, cree que "Keiko Fujimori establece una diferencia con el padre en varios sentidos". "Uno de ellos, crear un partido". Fuerza Popular nació en 2010 y en 2016 estuvo a punto de ganar a Pedro Pablo Kuczynski, aunque finalmente se quedó con el control del Parlamento. "Mucho de la creación del partido tenía que ver con la reivindicación del pasado de su padre y del Gobierno, pero ella también tenía que hacer virajes debido a quienes rechazaban aquel Gobierno y todo lo que contenía. Esos virajes no terminan de desarrollarlos porque aparece como liberal, demócrata, antiautoritaria, pero ese discurso no lo logra plasmar". Además, recuerda este analista, que presidió la comisión para la reforma política, un sector del partido tuvo vínculos con casos de corrupción, a los que se añadieron las consecuencias del escándalo de Odebrecht, que en Perú ha afectado a todos los expresidentes de los últimos 20 años. "Fuerza Popular tuvo la gran oportunidad de ser un partido popular de derecha y no solo no lo ha logrado, ha terminado siendo un partido que va a estar disminuido, pero con grandes problemas: a nivel electoral, porque va a haber un nivel de castigo [en enero de 2020, en las legislativas] y sería muy difícil que Keiko pueda arañar el poder". De hecho, el partido todavía no ha aclarado si se presentará a los comicios de enero. La oposición trata de establecer un paralelismo con las fuerzas antichavistas en Venezuela, que no se presentaron a las elecciones de 2018 contra Nicolás Maduro. Sin embargo, las premisas son muy distintas y el contexto de la decisión de Vizcarra está a años luz de lo que sucede en Caracas. (elpais.es)