Las centrales obreras de Argentina se movilizaron este miércoles en Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, en un momento de tensiones por el avance de iniciativas del Gobierno de Javier Milei contra los derechos laborales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a la marcha del 1 de Mayo bajo el slogan "La patria no se vende", y llama a protestar "en la calle para cambiar la vida", en el marco del ajuste económico y los despidos en Estado que aplica el Gobierno nacional. También se sumó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que está dividida en dos facciones, la Autónoma y la de los Trabajadores.
Esta protesta es la antesala de la segunda huelga que realizará la principal central sindical del país desde la asunción de Milei, que se desarrollará el próximo 9 de mayo.
Los gremios se movilizaron también un día después de la aprobación en general, en la Cámara de Diputados, de la ley 'Bases' que promueve el oficialismo. Este proyecto, que ya tiene media sanción del Congreso, establece una serie de desregulaciones económicas y una reforma laboral que perjudica a los trabajadores.
De hecho, algunos sindicatos más combativos que la propia CGT se adelantaron a la protesta. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) anunció el lunes un paro por tiempo indeterminado en las terminales portuarias, una medida que afecta directamente las exportaciones de oleaginosas y derivados.
Los aceiteros tienen salarios mucho más acordes al nivel de inflación, que en marzo acumuló 287,9 % interanual, y en caso de que sea aprobada la ley 'Bases', muchos empleados serán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, ya que la normativa propone bajar el mínimo no imponible, a partir del cual los salarios son alcanzados por el tributo.
Esta nueva convocatoria de la CGT ocurre una semana después de la marcha nacional universitaria, a la que se sumó la central obrera junto con estudiantes, organizaciones de izquierda y movimientos sociales que se opusieron al recorte presupuestario de las universidades.
Ante la manifestación de este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a hacer referencia a la implementación de su protocolo contra las protestas o antipiquetes.
"Siempre se aplica el control antipiquetes, en todas las marchas. Veremos cómo es la marcha, pero están todas las fuerzas desplegadas", expresó, citada por Página 12.
Agregó que tienen que "cuidar los lugares públicos" y cerciorarse de que "no haya una gota de violencia". Según la ministra, "el protocolo tiene condiciones que se adaptan a la realidad".
"Trabajamos para que la marcha sea sobre la vereda, que haya orden y que la gente no se vea atrapada durante horas porque les desarticula su vida", indicó.
La ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos contiene una serie de reformas que avanzan sobre los derechos laborales. Facilita despidos, favorece la precarización y beneficia sobre todo a los empleadores.
Por ejemplo, el periodo de prueba que debe cumplir un trabajador antes de que el empleador lo contrate aumenta de tres meses a un año. Al término de ese plazo, los jefes o patrones pueden despedirlo sin indemnización alguna.
Además, un empleador que tiene hasta un máximo de cinco trabajadores no tendrá la obligación de reconocer la relación de dependencia con ellos, lo que permitirá que no pague los aportes patronales que abarcan jubilaciones y seguro médico, entre otros derechos.
El proyecto también restablece el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores, que había sido eliminado por el gobierno de Alberto Fernández en septiembre del año pasado. Si la norma se aprueba en el Senado, cerca de un millón de trabajadores volverán a pagar lo que los gremios denostan y llaman el "impuesto al salario".
a coyuntura política obligó a la dirigencia gremial a reactivar medidas de lucha luego de 4 años de pasividad durante el gobierno de Alberto Fernández. Frente al plan "motosierra" de Milei, la CGT encabezará el jueves 9 de mayo el segundo paro nacional en contra de la administración libertaria.
El primero ocurrió el pasado 24 de enero, antes de que el presidente llegara a los dos meses de mandato. La dirigencia sindical se opuso a las primeras políticas implementadas por el presidente, como la primera ley 'ómnibus' que fracasó en el Congreso en febrero, y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado por el Ejecutivo. La reforma laboral contenida en ese 'megadecreto' terminó frenada en la Justicia, que respondió favorablemente a un reclamo de la central obrera.
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