"Resulta afirmativa la votación", confirmó en la mañana de este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras casi 21 horas de debate, el oficialismo logró sacar adelante este megaproyecto de ley, uno de los principales proyectos normativos que impulsa el presidente de Argentina, Javier Milei, mientras en las inmediaciones del Congreso, movimientos sociales y partidos de izquierda, realizaban una vigilia contra esta iniciativa.
A lo largo de la sesión, que comenzó a las 12.23 hora local (15.23 GMT) del lunes con la presencia de 135 de los 257 diputados de la cámara, intervinieron unos 150 oradores, y ahora continuará con el tratamiento del megaproyecto capítulo por capítulo.
La norma avanza sobre numerosos aspectos, al declarar la emergencia en diversas áreas y habilitar al mandatario a tener facultades legislativas, y también promueve la simplificación de dependencias del Estado, privatiza empresas públicas, flexibiliza el mercado laboral, modifica el esquema impositivo, impulsa una regularización de capitales no declarados y lanza un régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI).
El comienzo de la sesión se empantanó con un altercado entre los diputados oficialistas y los opositores respecto a cómo se trataría la norma, hasta que una votación con 140 votos afirmativos y 109 negativos determinó que la ley de Bases y el paquete fiscal se tratarían de forma conjunta y su votación sería por separado, y la votación en particular se haría por capítulos, y no por artículos.
La coalición gobernante que lidera Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha), consiguió el pasado jueves aprobar un dictamen de mayoría que habilitó el debate en el recinto del megaproyecto de ley, después de que en febrero fracasara otra versión de la norma mucho más extensa y ambiciosa en sus objetivos.
Después de renunciar a privatizar el Banco público Nación, el oficialismo logró el apoyo de otros bloques considerados dialogantes, como el PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
La iniciativa parlamentaria del presidente Milei, que tiene en total 232 artículos, es un proyecto fundacional para la actual gestión.
El texto declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
El borrador avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.
Respecto a las privatizaciones, el proyecto actual propone que sean 11 las empresas que podrían pasar a manos privadas, frente a las 40 que proponía el original.
Cuatro empresas podrán ser privatizadas por completo: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina. También las productoras Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrán pasar a manos privadas, pero con una mayoría estatal en el accionariado.
Las otras cinco estarían sujetas a una privatización parcial, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, Correderos Viales y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).
A diferencia del proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, el nuevo borrador sí incluye una propuesta de reforma laboral con 17 artículos, que entre otras cuestiones, amplía la extensión del período de prueba de tres meses hasta un año, según la empresa, y que constituye un fondo de cese laboral optativo en reemplazo de las indemnizaciones.
La ley ómnibus viene acompañada con un paquete fiscal, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).
En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45 por ciento anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.
El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.
El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debía negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, Unión por la Patria, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado. El texto aprobado en Diputados deberá ahora ser aprobado capítulo por capítulo antes de ser girado a la Cámara alta.
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