Tras casi una década de duras negociaciones, el Consejo de la Unión Europea, es decir, la representación de los 27 Estados miembros, selló este martes (14 de mayo de 2024) una reforma fundamental de los procedimientos de asilo en la UE. El llamado pacto migratorio, que consta de diez leyes, tiene como principal objetivo reducir el número de nuevas llegadas, acelerar los procedimientos de asilo y trasladarlos a las fronteras exteriores. Según Eurostat, la autoridad estadística de la UE, el número de solicitudes de asilo ascendió a 1,14 millones el año pasado. Lleva cuatro años en constante aumento. Además, unos cuatro millones de refugiados de guerra procedentes de Ucrania han sido acogidos en la UE desde 2022.
Los solicitantes de asilo y refugiados deben ser claramente identificados a su llegada por tierra, mar o aire en un plazo máximo de 7 días y ser integrados en el sistema biométrico "Eurodac”. Los migrantes de países con una tasa de aceptación (porcentaje de solicitantes que finalmente son acogidos) inferior al 20 por ciento deberán permanecer hasta por doce semanas en campos fronterizos, donde se decidirá quiénes serán devueltos. Esa medida, en todo caso, afectará solo a una minoría de los que llegarán. Los migrantes de países con una mayor tasa entrarán en el procedimiento normal de asilo. Ese proceso, que actualmente puede durar años, deberá ser más rápido. Los rechazados serán deportados directamente desde las fronteras exteriores de la UE.
Los Estados de primera acogida deberían poder transferir a algunos de los solicitantes reconocidos con buenas posibilidades de obtener asilo a otros países miembros de la UE. Habrá "solidaridad obligatoria” dentro de la Unión. Países como Hungría, que no quieren recibir solicitantes de asilo, deberían al menos pagar una compensación o enviar personal y equipos a los Estados de recepción inicial. Si un país se siente sobrecargado, puede pedir más solidaridad. Los 27 Estados decidirán juntos cuándo se llega a un punto crítico.
Muchos solicitantes de asilo aspiran a llegar a Alemania, Austria, Francia, Países Bajos o Bélgica. El nuevo pacto migratorio busca terminar con los llamados "factores de atracción” que suscitan estos países y permitir, a través de beneficios y condiciones ventajosas, una distribución más uniforme en toda la Unión Europea.
El pacto prevé que las personas sean deportadas más rápidamente a sus países de origen o de tránsito que hayan sido declarados seguros. Para ello, la Unión Europea busca cerrar acuerdos con terceros países. A menudo, se cita como ejemplo el acuerdo alcanzado con Túnez. A cambio de ayuda económica, este país aceptó recibir de vuelta a sus propios ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno tunecino no quiere permitir que personas del África subsahariana que han emigrado a la UE a través de Túnez regresen al país.
En el futuro, los guardias fronterizos de la UE podrán registrar los datos completos de todos quienes ingresen en las fronteras de la Unión Europea y guardar la información biométrica en una base ampliada a la que tendrán acceso funcionarios de toda la Unión. El objetivo será determinar si un migrante que fue rechazado en Grecia, por ejemplo, solicita de nuevo asilo en Austria o viaja a través de otros países. De ser así, este solicitante será deportado con mayor facilidad.
Los defensores del pacto sostienen que procedimientos más estrictos tendrán un efecto disuasorio a largo plazo. Menos personas llegarían a la UE porque se reducirían las posibilidades de permanecer en Europa. Los críticos, en cambio, se quejan de que el derecho de asilo en la UE se vería socavado y que aquellos que realmente necesiten protección podrían ser expulsados. Las muertes en el Mediterráneo, además, seguirían ocurriendo como hasta ahora.
Ahora que entran en vigor las distintas leyes y reglamentos del pacto migratorio, lo más importante será si los Estados miembros cumplen sus nuevas obligaciones y cómo lo hacen. ¿Creará Italia campamentos fronterizos cerrados que funcionen? ¿Serán realmente solidarios los Estados miembros del norte y del este y acogerán a los inmigrantes o al menos los financiarán? La aplicación de las nuevas normas tardará hasta dos años. Por tanto, hasta dentro de unos años no se sabrá si el número de solicitantes de asilo disminuirá realmente. (dz, gg/ms)
Municipios Pampeanos
