Desde hace algunos meses Estados Unidos le ha pedido a México redoblar esfuerzos en el control de los migrantes centroamericanos que van de paso hacia Estados Unidos, fungiendo en los hechos como una especie de policía migratoria. Pero a los temas migratorios que han estado en los medios durante los últimos meses, México agregó otra variable: el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. En cuanto al tema de los migrantes, de mayo a agosto México logró una reducción de casi el 70 % del flujo migratorio hacia Estados Unidos con diversas estrategias, como los 60 millones de dólares que se donaron en términos de cooperación internacional a Honduras y El Salvador para que estos países repliquen el programa 'Sembrando vida', que consiste en crear empleos a través de la reforestación de árboles frutales y maderables. Ese mismo programa que se ha implementado en distintos puntos de la geografía mexicana incorporando a migrantes como trabajadores. Del otro lado de la moneda está el despliegue de más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional que están haciendo labores de policía migratoria, lo cual es negativo porque se criminaliza a las personas indocumentadas. Sin embargo, también era imposible continuar con una población flotante de un millón de personas que atraviesan el territorio y de las cuales no se tenía ninguna información de quiénes eran o hacia dónde se dirigían. No hay país en el mundo que pueda sostener una situación así indefinidamente. Hasta aquí el tema migratorio se movió en los márgenes usuales, salvo por los resultados que dio México. Al parecer, Estados Unidos estaba esperando otras cifras y, ante el descenso notable de los números, no le quedó más que aceptar a regañadientes que la estrategia de la Cancillería tiene números más positivos de lo esperado, aunque no faltó el funcionario que amagó a México con el cuento que todavía es muy poco y hay que redoblar esfuerzos. El péndulo va de vuelta Con la ventaja que adquirió México por los resultados mostrados, Marcelo Ebrard movió sus piezas para poner en la mesa un nuevo punto a discusión: el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. En la última década han ingresado desde Estados Unidos más de dos millones de armas, un promedio de 200.000 por año. La mitad de ellas son fusiles de asalto como la AK-47 y la AR-15, que van a parar mayoritariamente al crimen organizado. De los 34.000 asesinatos ocurridos en México en 2018, 70 % fue cometido con armas de fuego y, de este porcentaje, la mayoría fueron realizados con armas que se traficaron ilegalmente desde Estados Unidos, mayormente de los estados fronterizos con México: 41 % de Texas; 19 % de California; 15 % de Arizona y el 25 % del restante del país. Texas es un verdadero problema en este punto de tráfico de armas, como parte de una cultura de la violencia que se ejemplifica en la matanza que hubo en un Walmart en El Paso a principios de agosto por un supremacista blanco. Los chantajes arancelarios que Trump hizo a México hace algunos meses pusieron al gobierno en un callejón sin salida. Aceptar realizar una drástica contención de migrantes aplicada por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración fue, en ese momento, la única ficha que atinó a mover el gobierno mexicano ante la intransigencia de los Estados Unidos. Una de las críticas principales fue que solo se compraba tiempo pero que no se cambiaría nada de fondo y que en un par de meses se volvería al punto de arranque. Hay que reconocer que en ese complicado escenario, México y su canciller han sabido jugar la pésima mano que les tocó. Apaciguado el tirano y dejado sin argumentos respecto al flujo de migrantes, se generó un pequeño espacio que Marcelo Ebrard aprovechó, endureciendo la postura mexicana. Ahora le demanda al gobierno estadounidense que también dé resultados en cuanto al tráfico ilegal de armas, criticando que no hacen nada o casi nada y que deben esforzarse más. El péndulo va de vuelta. No solo eso. Se logró que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad la petición de México de condenar el "discurso de superioridad racial" y la masacre del pasado 3 de agosto. También se ha reiterado la negativa a que México firme un acuerdo como "tercer país seguro", para comprometerlo a tramitar en territorio mexicano las solicitudes de asilo de indocumentados, que les impediría hacerlo en EE.UU. El gobierno de México compró tiempo, pero no se quedó sentado. Con la legitimidad ganada en estos meses, poco a poco empieza a mover el foco de discusión hacia otros puntos nodales en la conversación bilateral. Estados Unidos ha dejado de monopolizar la agenda y eso debe ser visto como un logro. Y todavía falta llevar el tema de la ideología del supremacismo blanco a organismo internacionales, lo que daría mucha tela para cortar. ¿Qué hay por delante? México y Estados Unidos acordaron hacer un corte mensual sobre las armas incautadas en territorio mexicano y darles un seguimiento para conocer en dónde se adquirieron y cómo llegaron a territorio mexicano. Por básico que parezca, esto no se había hecho hasta hora, así que significa un paso al frente en la política de control de armas ilegales en México y, por consecuencia, de la violencia en el país. Es seguro que Estados Unidos no tocará por el momento su legislación sobre adquisición de armas, que un amplio sector de estadounidenses consideran casi un hecho sagrado y es un tema que divide al país y a los demócratas y republicanos. Pero en tiempos electorales, y con las matanzas y tiroteos cada vez más comunes, es seguro que el tema ocupará un lugar en la agenda nacional estadounidense y ya no solamente el tema migratorio será el 'punching bag' de los candidatos. Punto para México y Centroamérica. A manera de colofón, hay que decir que aunque la venta de armas no cambiará en Estados Unidos, se pueden empezar a discutir controles más severos sobre la venta de armas semiautomáticas y fusiles de asalto, que son los que están involucrados tanto en el tráfico ilegal como en los tiroteos que se dan en el propio territorio estadounidense. Podría ser un punto intermedio sobre el que se podría empezar a debatir para su legislación y que tendría un impacto directo en la violencia en México, de la cual Estados Unidos no es culpable pero sí es corresponsable. Y esto no puede eludirse.