La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Mauricio Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera. Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias. Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de 51,45 pesos), lo que tampoco se hizo. El dictamen no imputa a ningún funcionario en particular, pero deja claro que están en el radar el propio Macri, el titular del BCRA, Guido Sandleris, y el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne. La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”. “El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, decía la denuncia, que explicaba que como consecuencia se generó “una fuerte degradación de la moneda nacional que se trasladó a precios y afectó el valor de los bonos del Estado”. Durante aquella jornada, el dólar saltó 11 pesos y terminó cerrando en 57,30. En el ínterin, los principales bancos y casas de cambio llegaron a venderlo a 66 pesos. Uno de los resultados visibles fue el estado de pánico financiero generalizado y con especial impacto en el mundo empresario. Y Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”. El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar (…) El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo, según reseñaron los medios, que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar. “Si hubo una orden del PEN –sostuvo Redrado–, si hubo una instrucción directa del presidente Mauricio Macri, debemos recordar que la Carta Orgánica lo prohíbe expresamente, más aún prohíbe recibir una instrucción para no defender el valor de la moneda argentina.” El denunciante, como refleja el dictamen, había señalado precisamente lo que establece la Carta Orgánica del Central: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicación o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. “Macri el día lunes posterior a la PASO empleó como correctivo la jornada financiera de los mercados cambiarios y con negligencia e irresponsabilidad dio la orden de no intervenir en el mercado al BCRA”, sostuvo Miguez. También incluyó que el viernes 9 de agosto “se produjo una manipulación del mercado con un objetivo electoral, propiciada por el Presidente de la Nación, que consistió en alzar artificialmente el precio de los papeles y las acciones que cotizan en bolsa y que la Comisión Nacional de Valores tendría que haber investigado”. La fiscal Ochoa se apoya en todo lo señalado por la denuncia y pide información al Banco Central, otra vinculada al acuerdo con el FMI y las cartas de intención, además del audio de Redrado y su declaración, entre otras cosas. La discusión que, es cantado, va a sobrevolar este caso es si se trató de decisiones de política económica y de gobierno o si podría haber delitos como, además del quebrantamiento de la carta del BCRA, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad. (Página 12)