La Policía Nacional Civil (PNC) registró un promedio de 4,2 homicidios diarios al cierre de agosto. Este récord hizo bajar al segundo puesto el número de 143 salvadoreños asesinados en 2013, mientras en el país existió un proceso llamado 'La tregua', y ubicarse en el tercer puesto a julio de este año, cuando las víctimas llegaron a 154. El conteo mensual arroja que en los nueve meses de este año ha habido 1.860 homicidios, lo que implica una reducción de 21 % con respecto al mismo lapso en 2018, cuando fueron 2.374 personas las asesinadas. Estas cifras teñidas de rojo han generado divergencias: algunos analistas consideran que han sido manipuladas por el Gobierno de Nayib Bukele, que asumió la Presidencia el pasado 1 de junio, otros afirman que el 'Plan Control Territorial' ha logrado este descenso y otros piensan que ha sido la evolución natural de una curva de disminución ya existente. ¿Qué pasa con las pandillas? Cuando apenas había cumplido 20 días en la Presidencia, Bukele lanzó el 'Plan de control territorial' con la finalidad de recuperar territorios, controlar las cárceles y acabar con el financiamiento de los grupos criminales. Luego de 25 días, presentó al país un informe con los primeros resultados: 262 personas habían sido ultimadas entre junio y mediados de julio. En esa oportunidad, aseveró que en su primer mes de gobierno habían ocurrido 192 homicidios y, hasta el 15 de julio, 70. Ante esta información, la propia Policía aclaró que la data ofrecida por el mandatario correspondía a "violencia social" y que no incluía enfrentamientos con organizaciones delictivas ni hallazgos de osamentas. Con los ajustes, junio quedó con 231 fallecidos y julio terminó con 154, lo que contempló la inclusión de 16 osamentas enterradas en fosas clandestinas y 35 muertes causadas por cuerpos de seguridad a presuntos pandilleros en "agresión legítima con arma de fuego". En una conferencia de prensa del 30 de junio, Bukele relacionó el repunte de homicidios con la inclusión de miembros de bandas criminales. "Es decir, ha habido una reducción de homicidios, incluso contando los pandilleros muertos. Y si se descontaran, no estoy diciendo que se descuenten, la reducción es aún mayor", afirmó el presidente. Se estima que actualmente hay 60.000 pandilleros en El Salvador con una base de apoyo de medio millón de personas. Cifras que "desaparecen" Además, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, rechazó las cifras oficiales de homicidios presentadas por Bukele y advirtió que estos conteos no hacen referencia a los desaparecidos, quienes, en su opinión, no regresan en el 90 % de los casos, como había afirmado por el Ejecutivo. El mandatario del partido derechista de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, habían dicho previamente que la disminución de homicidios no guardaba relación con el incremento de desaparecidos y que el 90 % de los reportados eran hallados vivos. El Fiscal General salvadoreño, Raúl Melara, también declaró que la información "no es del todo exacta", y dio a conocer que un promedio de nueve personas fueron notificadas diariamente como desaparecidas durante el mes de agosto. En total, la cifra alcanza las 1.931 personas hasta el 15 de julio, lo que significa 13,9 % más, en comparación con los 1.664 homicidios registrados en el mismo lapso. Un par de años antes: las muertes ocultas El 'Estudio mundial sobre el homicidio 2019', publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), ubica a El Salvador como el país con más muertes de ese tipo en Centroamérica en 2017, con una tasa de 62,1 por cada 100.000 habitantes. La UNODC afirma que en algunos países las muertes causadas por la Policía no se registran en las estadísticas oficiales del delito, a menos que se presenten cargos. Al analizar la data de 2017, se observa que el organismo de Naciones Unidas presentó 62,1 homicidios por cada 100.000 personas y la Policía estableció en 60 el número de personas asesinadas. Esta diferencia, si se toma en cuenta una población de un poco más de seis millones y medio personas, podría significar unas 100 víctimas más. En esta misma línea se ubica una extensa investigación de la revista Factum, publicada en 2017, que arrojó la existencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales y otros delitos que habrían cometido grupos de acciones especiales salvadoreños que, a través de chats interceptados, compartieron información sobre montajes de escenas del crimen. Hasta agosto de 2017 un total de 293 pandilleros habían fallecido en 346 enfrentamientos, según lo informó en esa oportunidad el director de la Policía, Howard Cotto. Ejecuciones extrajudiciales en la mira Previo a su toma de posesión, distintas organizaciones le pidieron a Bukele que analizara los informes sobre violaciones de derechos humanos antes de nombrar a los directivos y mandos medios de la Policía. Esta advertencia se debió a que algunos uniformados habían sido señalados de conformar grupos de "exterminio" de pandilleros, de torturar y de tener cárceles clandestinas. Una vez en el cargo, el presidente más joven que ha tenido El Salvador, designó como director de la PNC a Arriaza Chicas, lo que fue criticado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). Durante la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), Chicas fue jefe de la subdirección de Áreas Operativas, compuesta por unidades de élite, de las cuales algunos efectivos fueron procesados por realizar ejecuciones extrajudiciales. Ya en 2018, la relatora Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, había advertido en un informe sobre el "alarmante aumento" de estos supuestos enfrentamientos de policías con mareros (pandilleros) que engrosaban las listas de fallecidos. En el texto se plasmó que, a partir del año 2014, durante el gobierno de Cerén, "la policía ejecutó a 103 supuestos miembros de pandillas" y que el índice de letalidad señala un aumento constante, de 3,1 en 2015 a 6,3 en 2017. Plan de Control Territorial El 'Plan de control territorial', que se ha expandido por 22 municipios del país, ha estado en el centro del debate. Algunos analistas lo ven como una reedición de la llamada estrategia de "mano dura" en contra de las organizaciones delictivas que, según ellos, no tuvo resultados a largo plazo. A pesar de los cuestionamientos, este plan es una de las principales apuestas del Gobierno para abordar el tema de la violencia y prevenir el delito a través de proyectos de impacto social. A principios de septiembre, la secretaría de la Presidencia emitió un comunicado de prensa donde se afirmaba que el 'Plan de Control Territorial' había sido clave para la disminución de los homicidios en dos meses y medio. En cuanto a la información de los cuerpos de seguridad, sobre los que se ha puesto el foco, la Policía salvadoreña dio a conocer que en el último trimestre ha realizado 11.418 capturas por los delitos de homicidio, extorsiones, violación, lesiones y robo, entre otros. Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, informó que 8.600 militares participan en las acciones de seguridad pública. Desde los 'Acuerdos de Paz' firmados en 1992, que pusieron fin al conflicto armado en el país, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha participado en esas tareas. Las fases El 'Plan de Control Territorial' está compuesto por siete fases. La última, aún no develada, solo será usada en caso de emergencia, según el presidente. Esta iniciativa tiene como finalidad desarticular a las bandas del crimen organizado en El Salvador. La 'Fase 1' implicó que salieran 500 policías y 500 militares más a las calles, un estado de emergencia en los centros penales, donde la comunicación telefónica de cualquier tipo quedó rota, y el traslado de 1.624 reos para evitar que planearan y cometieran acciones delictivas desde los sitios de reclusión. Se espera que para finales de año, se incorporen 3.000 miembros de la Fuerza Armada al mencionado plan. La 'Oportunidad' o 'Fase 2', explica Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, busca "cambiar todo el tejido social" y "trabajar directamente con la gente para hacer que su territorio entre en una dinámica social distinta''. El mandatario anunció que movilizaría a todo el gabinete para "incidir en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para que no entren a las pandillas". La 'Fase 3', llamada 'Modernización', busca dotar de mayor tecnología a los cuerpos policiales y militares y "mejores armamento, chalecos antibalas, uniformes, cascos tácticos, radios, patrullas, helicópteros, drones, cámaras con visión nocturna, entre otros", según un comunicado oficial. ¿Cuánto cuesta? Entre 2019 y 2021 el Estado espera obtener un financiamiento de 575.200.000 millones de dólares para llevar a cabo el 'Plan de Control Territorial' en sus distintas fases, según el Ministerio de Hacienda. Esta cifra corresponde a. 2 % del PIB del país centroamericano. El presupuesto de Defensa y Seguridad Nacional para 2019, según ese ministerio, es de 571.800.000 de dólares, de los cuales 426.600.000 millones son para defensa pública. Según Hacienda, se prevé que este año se obtengan 192.800.000 millones para la fase 1 y 2 del plan de seguridad. Además de este monto, el titular de la cartera, Nelson Fuentes, adelantó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 200 millones de dólares, de los cuales 91 millones son para la segunda fase y 109 millones para la tercera. Esta cantidad deberá ser aprobada por el Parlamento. Además, Corea del Sur aportará 5,3 millones de dólares para la llamada fase de "Modernización". Bukele también ha instruido a su ministro para que solicite al Legislativo la aprobación de un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares que serán destinados para la alimentación de los uniformados. Los diputados de la oposición han pedido que se especifique el destino de los fondos requeridos y que la respuesta con el plan a ejecutar sea congruente con la cantidad de dinero que se invertirá. Otros planes de seguridad La apuesta del Estado por medidas fuertes y represivas de seguridad para disminuir los homicidios no es un tema nuevo en El Salvador. Estos planes a largo plazo solo causaron más violencia y superpoblación en las cárceles, en opinión de William Carballo, autor del libro 'Impacto de la guerra entre pandillas en la vida de un municipio libre de violencia: el caso de Santa Tecla'. Entre los principales se encuentran: • 'Plan Mano Dura' (2003) durante el Gobierno de Francisco Flores, donde tuvo vigencia la llamada 'Ley Antimaras', que consideraba a personas tatuadas como sospechosas. Finalmente fue declarada inconstitucional. • 'Plan Mano Súper Dura' (2004) en la misma gestión. • 'Ley de Proscripción de Pandillas (2010), que catalogó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18 como organizaciones criminales. • 'Medidas Extraordinarias' (2016), cuando mandos de la PNC fueron puestos en el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. ¿Qué pasó desde 2016? El diputado del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Javier Valdez criticó la "desinformación" sobre el tema de seguridad en los primeros cien días del Gobierno de Bukele, y desmintió que los planes contra la delincuencia sean exclusivos de esta gestión. Prueba de ello es que la Policía salvadoreña recoge en su portal una serie de acciones que se llevaron a cabo desde 2016 que, según sus datos, impactaron en progresiva reducción del número de asesinatos. En el texto se presenta la tendencia a la baja como "irreversible". En las cárceles se aplicó estado de excepción, patrullaje de los autoridades a las afueras, medidas extremas en régimen de visitas y traslados a otros penales. Ese año hubo 33.223 capturas y murieron 603 miembros de grupos criminales en "agresiones ilegítimas". Dos años después, en 2018, el director general del cuerpo policial dijo que la baja del delito se debió al trabajo preventivo coordinado con los gobiernos municipales y la actores de la sociedad civil. ¿Otra tregua? A mediados de 2012, durante el Gobierno de Mauricio Funes, el FMLN estableció un acuerdo con dos de las principales pandillas: la MS-13 y Barrio 18, con la finalidad de que cesarán sus enfrentamientos y asesinatos, a cambio de una disminución de medidas represivas en su contra y beneficios, según el texto de Carballo. Funes negó haber sido partícipe del pacto y adujo que había sido asunto de las dos maras. Sin embargo, su ministro de Justicia y Seguridad, David Mungía Payés, admitió la intervención gubernamental. Este acuerdo velado se vio roto y hubo repuntes de muertes entre 2013 y 2014, cuando ganó las elecciones presidenciales Salvador Sánchez Cerén, también del FMLN, quien definitivamente lo rompió en 2015, por lo que nuevamente se incrementaron los homicidios. Bukele ha negado que haya reeditado este tipo de práctica para disminuir el número de asesinatos, a pesar del ofrecimiento que hizo la MS-13 para volver a sentarse a la mesa de negociaciones con el Gobierno al conocer el triunfo del ahora mandatario. A pesar de su negativa, una extensa investigación con testimonios y documentos oficiales publicada en El Faro, en junio de 2018, recoge que existieron negociaciones entre miembros de la mara y enviados de Bukele para posibilitar acciones del gobierno local en espacios públicos a cambio de beneficios para los grupos delictivos.