BOGOTÁ — El anuncio de vuelta a las armas, realizado el 29 de agosto por tres altos exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde el río Inírida en la zona fronteriza con Venezuela, apunta a que el largo y espinoso tema de la aventura guerrillera ha dejado de ser un asunto estrictamente colombiano para convertirse en un componente más del entramado de fuerzas armadas con las que el régimen de Nicolás Maduro ha venido construyendo una muralla de contención a la ofensiva internacional en su contra. Se sabe que el conflicto político venezolano se juega simultáneamente en tres tableros. Primero, el de la política nacional: que se reduce a la lucha entre el estamento militar en el poder y sus adversarios de los diversos frentes democráticos. Segundo, el de la geopolítica mundial, que puede resumirse como el forcejeo entre los Estados Unidos y las democracias occidentales congregadas en la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), de una parte, y la teocracia iraní, el capitalismo estatista chino, el totalitarismo ruso y la autocracia turca, de la otra. Y, tercero, el escenario regional latinoamericano y caribeño. El más complejo porque se modifica periódicamente. Pasó de estar dominado en la década pasada por los gobernantes de izquierda, mayoritariamente pro socialismo del siglo XXI, a dar un giro a la derecha en la presente. Hoy la mayoría de los gobiernos vecinos de Venezuela, reunidos en el Grupo de Lima, se han manifestado contra el régimen Maduro. Algo parecido está pasando con la presión internacional. En contraste con la actividad febril emprendida en enero de 2019, cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino, hoy los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Perú han comenzado a mirar para otro lado y se han concentrado en sus agendas internas. Colombia se ha ido quedando sola en su esfuerzo por acelerar la transición venezolana y, en consecuencia, el gobierno de Maduro la enfrenta como su primer enemigo y mayor obstáculo en el vecindario. La situación política de ambos países se entrelaza cada vez más. Al descomunal fenómeno migratorio y a la red de tráficos e ilícitos fronterizos, se le añade el posible apoyo del gobierno venezolano al rearme de los disidentes de la guerrilla colombiana. Al presidente Iván Duque le ha llegado la hora de decidir si permite que su país regrese a la guerra o busca un acuerdo de todas las fuerzas democráticas de Colombia para seguir conduciendo a pulso el proceso de paz que Juan Manuel Santos no pudo llevar a puerto seguro. Del otro lado de la frontera, dos amenazas acechan. Luego de veinte años de su presencia, los venezolanos demócratas sabemos muy bien que menospreciarlas es un imperdonable error (porque el socialismo del siglo XXI nació como un proyecto con vocación expansionista y afán de intervenir en el juego de poderes de la geopolítica mundial). Es en ese contexto desde donde hay que evaluar la reactivación de la actividad guerrillera que ahora —tal y como lo han denunciado el gobierno de Duque y la dirigencia opositora venezolana— cuenta con el visto bueno del régimen presidido por Maduro, quien dijo en julio que las Farc eran bienvenidas en Venezuela. Desde el inicio de su primer gobierno, Hugo Chávez hizo pública su afinidad ideológica y su simpatía personal, y la de su cúpula de gobierno, con los grupos insurgentes colombianos. En enero de 2008, Chávez pidió que se les quitara a las Farc el calificativo de terroristas y se les declarara “fuerza beligerante”. Ese mismo año, el entonces presidente venezolano tildó el bombardeo contra un campamento de las Farc en el que murió Luis Devia, alias Raúl Reyes, como un “cobarde asesinato”, ordenó movilizar tanques a la frontera y guardó un minuto de silencio por el jefe sacrificado. En julio de 2010, Luis Fernando Hoyos, embajador de Colombia ante la OEA, denunció que Venezuela se había convertido en aliviadero de las Farc y mostró pruebas de que en su territorio había 87 enclaves y más de 1500 miembros del frente guerrillero. Una vez que Maduro accedió a la presidencia en 2013, la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se hizo rutinaria. Es lo que testifica Fundaredes, una onegé venezolana especializada en la defensa de los derechos humanos en los estados fronterizos, que en su Informe 2018, además de la presencia estable de cerca de “elenos” en territorio venezolano, documenta la actividad de sus agentes en las escuelas rurales venezolanas mientras reclutan sangre nueva para sus filas y participan junto a funcionarios gubernamentales en labores de proselitismo electoral. Pero el anuncio de los exlíderes de las Farc la madrugada del 29 de agosto, abre un nuevo capítulo de esta relación. Porque de ser cierto lo que denuncian organismos de inteligencia del gobierno colombiano e investigaciones periodísticas, el territorio venezolano ya no es solo un aliviadero de la guerrilla. De ahora en adelante se convertiría en una especie de base militar desde donde organizar y dirigir sus acciones bélicas en territorio colombiano con la complicidad y protección de Maduro. En el nuevo escenario las fuerzas insurreccionales colombianas —la alianza entre la disidencia organizada de las Farc y el viejo ELN— formarían parte de las estrategias de defensa y ataque del régimen venezolano y así de la expansión del socialismo del siglo XXI soñada por Chávez y Fidel. Servirían también como instrumento de chantaje y factor de perturbación contra el gobierno colombiano para que disminuya su presión en el escenario diplomático internacional a favor de la transición política presidida por Juan Guaidó. El futuro de Colombia estará cada vez más condicionado por lo que suceda en Venezuela. Ya no como países con historias comunes, economías mutuamente imbricadas y procesos de integración pendientes y deseados. En el nuevo escenario, Colombia y Venezuela se desplazarían como vagones arrastrados por una locomotora conducida por la cúpula cívica-militar venezolana. Una locomotora que solo se podría frenar si los gobiernos de ambos países pueden dialogar y enfrentarla juntos, un desarrollo que con Maduro será siempre dificultoso, sino imposible. Tantos dilemas juntos obligan a los demócratas colombianos a hacerse grandes y nuevas preguntas, asumir el conflicto en el largo plazo histórico que les permita ver las amenazas más allá de las coyunturas electorales inmediatas y adelantar acciones de una envergadura acorde con ellas. El gobierno de Duque y los principales líderes de las organizaciones democráticas en Colombia tienen como tarea prioritaria superar las polarizaciones que los fracturan y tratar de hacer un frente común. Duque en persona debe convocar un gran acuerdo nacional que aísle, de una vez por todas, la amenaza de los nuevos focos guerrilleros. Y en ese camino redoblar los esfuerzos diplomáticos para que la entrada del gobierno de Maduro en el conflicto interno se convierta en materia prioritaria para la comunidad internacional, cuya seguridad se halla amenazada de manera visible por un régimen que apoya grupos inocultablemente terroristas como el ELN. (TNYT)