La CGT insistirá, con un guiño oficial, en su reclamo por el pago de un bono extraordinario para compensar la pérdida de poder adquisitivo producida por la devaluación en los salarios de los trabajadores del sector privado. Lo hará de momento en conversaciones informales con funcionarios a la espera de la convocatoria oficial al debate en el Consejo del Salario, que fue postergada para el 30 de agosto, y mientras monitorea el impacto de la suba del dólar en los precios. Con la premisa de ni siquiera amagar con un escenario de conflicto, que la dirigencia acordó con el candidato opositor Alberto Fernández, la central obrera encaró un diálogo de baja intensidad con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para sondearlo por eventuales medidas complementarias a las anunciadas en los últimos días. Entre ellas, la posible implementación de un nuevo bono para asalariados, a imagen y semejanza del que el Ejecutivo decretó en noviembre pasado por 5 mil pesos. Desde el primer contacto en esa línea con Sica, sin embargo, los gremialistas interpretaron que el ministro creció en su rol dentro del Gabinete. Pasó a sentarse en la mesa chica del presidente Mauricio Macri que durante el fin de semana departió en la quinta Los Abrojos sobre los cambios en el equipo de funcionarios. Ese ascenso entusiasmó a la cúpula de la CGT luego de haber recibido buenas señales de parte de Sica a la sugerencia de implementar un nuevo pago extraordinario. Los dirigentes que sustentan a los líderes Héctor Daer y Carlos Acuña le dijeron a este diario que la devaluación inquietó al sector pero no le infundió pánico. Alegaron que las consecuencias de bolsillo de la variación en el tipo de cambio no se sentirán por completo sino hasta entrado septiembre, un mes antes de las elecciones generales. Y que hasta entonces se apuntalará una negociación de alto nivel orientada a un paliativo general más allá de los ya anunciados por la vía de la reducción de los aportes personales que se descuentan de los salarios, la baja de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica. En los gremios este año quedó establecida una diferencia entre los que acordaron sus paritarias en sintonía con la pauta oficial para los aumentos, de entre 28 y 30% con cláusulas de revisión, y los que definieron una suerte de ajuste automático a ritmo trimestral y relacionado de forma directa con la inflación acumulada durante el período. En el primer segmento se anotaron sindicatos grandes como Comercio, los estatales de UPCN, la Unión Obrera Metalúrgica y los trabajadores de estaciones de servicio, en tanto que la segunda modalidad fue aplicada en una segunda etapa por Sanidad, la Asociación Bancaria, los mecánicos del Smata e incluso los albañiles de Uocra. La mayor inquietud corre por cuenta de las organizaciones que fijaron aumentos por doce meses con cláusulas de revisión que tardarán en entrar en vigencia como Comercio, que recién volverá a sentarse con el sector empresario en enero, en tanto que UPCN, la UOM y Utedyc (entidades civiles y deportivas), entre otros, revisarán a partir de noviembre. En cambio, Camioneros aplicó un sistema mixto con una suba semestral entre julio y diciembre, cuando recién reanudará el debate con la principal cámara empresaria para los seis meses restantes. (Ámbito)