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Centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos se disputan la sombra de dos árboles en lo que antes fue un pequeño parque en territorio federal mexicano en la ciudad de Matamoros. Se alimentan gracias a la caridad de iglesias y ONG. Se bañan y lavan su ropa en el río que sirve de frontera a ambos países. Usan cinco sanitarios portátiles o la ribera del Bravo para aliviar sus necesidades fisiológicas.
En una vidriera hay carteles pegados con los nombres de miles de migrantes que esperan su turno para pedir asilo del lado norteamericano. La inmensa mayoría son cubanos, seguidos por venezolanos y nicaragüenses. Muchos centroamericanos creen no tener oportunidad de asilo y prefieren cruzar el río a nado.
Según varias agencias de prensa, hay unos 40,000 migrantes esperando su turno en la frontera. El Instituto Nacional de Migración de México dijo a el Nuevo Herald que desde la implementación del acuerdo conocido como Protocolo de Protección al Migrante han sido devueltos desde Estados Unidos unos 20,000 inmigrantes.
El acuerdo fue firmado en junio tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Desde entonces, los migrantes de latinoamericanos tienen que esperar del lado mexicano el largo proceso para solicitar asilo. Desde la implementación del acuerdo, la detención de indocumentados en la frontera con México bajó cerca de 45%, según autoridades.
“Pensábamos pedir asilo en la frontera y defender nuestro caso en Estados Unidos. Sabíamos que ya no existía la política de ‘pies secos, pies mojados’, pero la Ley de Ajuste Cubano nos ampara todavía”, dice una joven que se hace llamar Yailín. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 es una reliquia de la Guerra Fría que permite a los ciudadanos cubanos obtener la residencia permanente tras permanecer viviendo legalmente al menos un año en Estados Unidos.
Cuando Yailín fue devuelta a México a las cuatro de la mañana por el desolado Puente Internacional Gateway de Matamoros no podía dar crédito a lo que había vivido en los últimos tres meses: dos travesías cruzando las selvas centroamericanas, repatriación a Cuba, persecución de la Seguridad del Estado, un secuestro y extorsión en Reynosa, el cruce ilegal del Río Bravo y, finalmente, la deportación a México.
“Pensé que tendría un ataque de pánico. Nunca había estado en Matamoros. No sabía que estaba pasando con mi esposo, mi hermano, su mujer y mi vecina, que quedaron detenidos. Llamé a mi otro hermano que estaba esperando noticias en Estados Unidos para contarle lo que estaba pasando y después una migrante me ofreció una manta. Desde entonces estoy aquí”, cuenta a unos pasos del puente que une los dos países.
Matamoros está a solo una hora de Reynosa, una ciudad donde recientemente también fue secuestrado un sacerdote por no permitir que se llevaran a un grupo de migrantes cubanos para pedir rescate a sus familiares en Estados Unidos.
Como muchos de los migrantes que comparten su suerte, Yailín no quiere dar su nombre verdadero. Un abogado de inmigración le dijo que relatar su historia a los medios podría perjudicar su caso de asilo. También pesa el temor.
Aunque el gobierno de Donald Trump ha arreciado su discurso hacia la Isla y llevado las relaciones entre ambos países a un punto anterior al deshielo de su predecesor, Barack Obama, los cubanos que huyen de su país ya no tienen las ventajas de antaño.
En los últimos meses la Casa Blanca ha recrudecido las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba, ha abierto la posibilidad de demandar en tribunales a quienes se benefician de propiedades confiscadas en la isla a partir de 1959 y ha impuesto sanciones a los barcos que transportan crudo desde Venezuela. Muchos cubanos temen el regreso de un nuevo Período Especial, como el que vivió el país tras el fin de los subsidios soviéticos a principios de los años 1990, lo que ha empujado a miles a emigrar.
El grupo de Yailín salió de Cuba hacia Nicaragua, que ha hecho menos estrictos los requisitos de visado para los cubanos. Después de atravesar Centroamérica, fue deportado a Cuba desde México sin documentos ni pertenencias. Cada uno obtuvo un nuevo pasaporte después de un mes y reemprendieron la travesía a través de Panamá, el otro trampolín para la salida masiva de cubanos.
La situación en Cuba es insoportable, relatan Yailín y otras cubanas. Se quejan de la represión de los cuerpos de seguridad y de la crisis económica, que se ha agravado con la debacle en Venezuela, que ha reducido los envios de petróleo a Cuba.
Desde que el Barack Obama eliminó la política de “pies secos, pies mojados” en enero de 2017, se acabó el refugio automático para los cubanos en Etados Unidos, que sin embargo pueden solicitar el asilo político para entrar legalmente al país. Desde septiembre de 2018 más de 16,000 cubanos han sido detenidos en la frontera sur mientras intentaban cruzar ilegalmente el río Bravo o pedían asilo en los puestos fronterizos, más del doble que en el mismo período del año anterior. El número de cubanos deportados a la isla también ha aumentado de 160 el primer año del mandato de Trump a los 560 este año.
Gladys Edil Cañas es una mexicana comprometida con la asistencia a los migrantes, deportados e indigentes. Cada día va al Puente Internacional Gateway llevando ayuda humanitaria que aportan los vecinos de Matamoros. “Ya viene la señorita de los derechos humanos”, gritaban algunos migrantes recientemente cuando la vieron aparecer, y en unos minutos la turba la rodeó y decenas de manos se extienderon para recoger mantas, alimentos y agua.
“Esta crisis comenzó hace algunos meses y se agravó con la aplicación de los recientes acuerdos entre México y Estados Unidos. Así comenzaron a establecerse aquí”, explica.
Matamoros, situada justo enfrente de Brownsville, Texas, es la segunda ciudad de Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México con unos 50 asesinatos al mes, según cifras oficiales, y muchos secuestros y extorsiones, especialmente contra los migrantes.
El número de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos ha crecido exponencialmente, estableciendo récords históricos. Solamente en mayo pasado fueron detenidas 144,278 personas, más del doble que en igual período del año anterior. En junio la tendencia de llegadas masivas de migrantes continuó, registrándose la detención de 104,344 migrantes, muchos de ellos en grupos familiares o menores no acompañados.
Edil Cañas considera que el gobierno mexicano no está preparado para asumir la carga de los compromisos que implica el Protocolo de Protección al Migrante.
“El peso de esta crisis está cayendo sobre la sociedad civil. El Estado no está ayudando en nada. No brinda alimentos, ni atención médica o educación a los niños y mujeres que pernoctan en la calle”, agrega.
“Algunas de estas personas temen por su seguridad, por eso no se alejan del puente, que es territorio federal y está custodiado por la Marina, la Guardia Nacional y el Grupo Beta de Inmigración”, explica Edil Cañas.
Mirtha, de 49 años, era vecina de Yailín en Camagüey y la ha acompañado en sus dos intentos de llegar al ‘norte’. Su hija vive en Miami y costea su viaje. Con la paralización de los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana, emigrar legalmente hacia este país o tramitar el asilo desde la isla es “prácticamente imposible”, dice.
Para muchos, llegar a la frontera ha sido una experiencia aterradora.
“Prefería ahogarme en el río a que me dieran un balazo en Reynosa. Los cubanos no estamos acostumbrados a la violencia que se vive aquí”, cuenta Mirtha sobre su experiencia al cruzar ilegalmente el río Bravo. Después de esperar toda la madrugada en unos matorrales en la orilla del río, los coyotes, que habían cobrado $100 por persona, los montaron en unas balsas y los llevaron a la otra orilla cuando ya despuntaban los primeros rayos de sol.
Unos días antes de cruzar el río, su grupo había sido secuestrado y extorsionado. “Nos detuvieron dos camionetas. Dividieron a los hombres y a las mujeres y nos llevaron a una casa donde fumaban marihuana y bebían. Ahí nos exigieron $5,000 y los contactos de nuestros familiares en Estados Unidos”, relata.
Después de una larga negociación entregaron los $3,000 que llevaban y otros $1,000 que tenían escondidos en el hotel. Sin dinero y con temor a un nuevo secuestro, el cruce del río fue la vía que encontraron para huir de la violencia.
“Mientras estaba detenida en el lado estadounidense mi hija recibió una llamada desde México. Una mujer llorando se hacía pasar por mí y los presuntos secuestradores le exigían $10,000. Ella, que acaba de tener un bebé, por poco se vuelve loca pensando cómo podía buscar ese dinero para salvarme”, relata Mirtha.
Las migrantes cubanas no quieren ni oír hablar de adentrarse en la ciudad de Matamoros a buscar trabajo. “Tenemos miedo a que nos vuelvan a asaltar. Tampoco sabemos si un trabajo en México podría afectar nuestro caso de asilo en Estados Unidos”, dice.
La cita para presentarse ante un tribunal en Estados Unidos es a finales de septiembre. “Hasta entonces estaremos aquí. Sin techo, baño ni comida”, dice Mirtha, “pero al menos estamos seguras”. (ENH)