Ambos trabajos dan cuenta de problemáticas cruciales para construir la paz. En las regiones más afectadas por el conflicto armado la violencia persiste y por momentos resulta más poderosa que los anhelos de paz de millones de colombianos. De eso dan cuenta los dos especiales periodísticos, que fueron publicados en Colombia2020, llamados ‘Líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito: en doble riesgo’ y ‘Periodismo en tiempos de posacuerdo, el riesgo de informar desde las regiones’. El viernes ambos trabajos recibieron el premio ¡Investiga! 2019, otorgado por la organización de periodistas Consejo de Redacción. Los especiales fueron hechos en un momento histórico en el que varios sectores de la sociedad civil están interesados en la construcción de paz, pero son asediados por poderes que imponen la violencia. Es el caso de los líderes de sustitución de uso ilícito. ‘Líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito: en doble riesgo’, producido por La paz en el terreno, una alianza entre Colombia2020 y Rutas del Conflicto, con respaldo de Fescol, le hace seguimiento al tema. A la luz del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, firmado el 24 de noviembre de 2018, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Este es un compromiso estatal con los campesinos que subsisten de la siembra de coca, marihuana y amapola. El objetivo es que los labriegos puedan asegurar su bienestar trabajando con cultivos lícitos. El PNIS es inviable si no cuenta el impulso de los líderes sociales que viven en veredas, corregimientos y municipios en los cuales el pan de cada día depende de los cultivos de uso ilícito. Líderes de varias regiones recibieron con entusiasmo la existencia del PNIS y se encargan de socializarlos, convencer a sus vecinos de las ventajas de éste y exigirle a las instituciones que lo cumplan. Pero esa labor no es aplaudida por todos. Por sembrar coca los campesinos tienen problemas con el Estado y por erradicarla tienen problemas con los grupos armados. Como lo explica Juan Gómez, el autor del especial, “los riesgos contra ellos no provienen solo de los armados, sino también del Estado”. A eso se suma que la protección estatal es casi inexistente. “No sólo están en un limbo jurídico tenaz, sino que si usted es un líder de sustitución y lo amenazan la Unidad Nacional de Protección no lo va a proteger si no hace parte de una organización social, que es la mayoría porque es difícil que la gente se agremie en la ilegalidad”, enfatiza Gómez. Los riesgos son crudos. Decenas de líderes que han impulsado a sus comunidades para sustituir los sembradíos han sido asesinados. Un ejemplo es el homicidio contra Jair Cortes, líder negro del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño). Sicarios acabaron con su vida en octubre de 2017, su lucha incomodó a los grupos armados que manejan el negocio del narcotráfico en ese municipio del Pacífico. El especial retrata de manera amplia lo que están padeciendo los líderes que quieren buscar alternativas económicas para sus comunidades por fuera de la cadena de la producción de la droga. Cuenta con cinco secciones que exponen las falencias del Estado, el fenómeno de la violencia antisustitución, los perfiles de los líderes asesinados, quiénes los están matando y el doble riesgo que asumen tanto con los legales como con los ilegales. El especial ‘Periodismo en tiempos de posacuerdo, el riesgo de informar desde las regiones’ aborda la violencia contra los periodistas en seis departamentos con grandes afectaciones por cuenta del conflicto armado: Putumayo, Arauca, Nariño, Cauca, Chocó y Norte de Santander. El panorama es desalentador, la Fiscalía y la Fundación para la Libertad de Prensa han reportado el incremento de las agresiones. “Se esperaba que después de la firma del acuerdo las condiciones para hacer periodismo mejoraran, que bajaran, los índices de violencia. Sin embargo, los periodistas de región siguen recibiendo amenazas incluso más fuertes que en años anteriores”, Juliana Castellanos, directora de la la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano. Las zonas donde el conflicto se ha asentado son hostiles para el ejercicio periodístico. El control territorial de los grupos armados está acompañado de las regulaciones sociales que estos imponen. Las voces criticas de esos controles son reprimidas. Además, los representantes del Estado también adoptan posiciones peligrosas para la libertad de prensa que llegan hasta la censura. En el especial hay un mapa que muestra el comportamiento de las amenazas contra los periodistas por departamento. Se hace enfásis en que la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc no devolvió las garantías para el ejercicio periodístico. El trabajo, realizado por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, es una radiografía de los riesgos de informar. En la iniciativa participaron seis estudiantes y dos profesores de esa institución. Además, contaron con el apoyo de periodistas regionales. (EE)