Hubo alrededor de 300 planes de pago que no podría explicar qué hacían con el dinero para entrar en mora”. La frase quedó repiqueteando luego de que el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray comenzara a ventilar parte de los nombres de las personas físicas y jurídicas que accedieron a planes de pago particulares bajo el denominado Artículo 32, cuestionado en juicio sobre Oil Combustibles y sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa. Las menciones del exfuncionario, distribuidas con timming durante la audiencia de 5 horas y que sorprendieron al auditorio también repercutieron en el mundo empresario. Enseguida comenzaron a sonar los teléfonos para ver si habían sido mencionados ante el Tribunal Oral Federal N°3. Echegaray apenas enumeró un listado –no tan aleatorio- que equivale apenas al 10% de los 1648 planes de pago para refinanciar deudas impositivas que su gestión otorgó como parte de “una política de Estado” y que solo conocieron dos rechazos: uno fue célebre, Ciccone Calcográfica. Pero el dato adicional es que hubo una veintena de petroleras también incluidas en agencias descentralizadas de “Grandes Nacionales”, algo que hasta ahora nunca había surgido a lo largo de la investigación del juez Julián Ercolini. Petrobras Argentina, YPF, Pluspetrol SA, Glaco, Petroplastic SA, Servicios Auxiliares Petroleros SA, Petrolera LF Company SRL, Petroaike, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, Petrolera El Trébol SA, Petróleos Sudamericanos, Tecpetrol. Según el exfuncionario, todas ellas se hallaban distribuidas en agencias de acuerdo a zonas donde habían fijado domicilio, además de una serie de UTE a las que se les asignó una oficina local y tuvieron una agencia ubicada en Neuquén por estar explotando en el área de Vaca Muerta. De esta forma apuntó a derribar la presunta “excepcionalidad” de Oil Combustibles respecto a estar “oculta” en la Agencia Palermo con respecto a los controles que debían efectuársele. La explosiva declaración replicó en los pasillos de la AFIP por la expresa mención a varios de los funcionarios que Alberto Abad encumbró cuando sucedió a Echegaray el 10 de diciembre de 2015. A su sonora denuncia sobre la “preparación” de testigos, la inquietud giró en torno a quienes Echegaray mencionó con nombre y apellido y que serán los primeros testigos en el juicio apenas culmine la etapa de indagatorias para las que resta aproximadamente un mes. Juan Carlos Santos –subdirector de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales- fue el primer apuntado. Aseguró que mintió bajo juramento en sus informes y en la diferenciación que hizo sobre los controles que hubiera implicado que Oil Combustibles esté en grandes contribuyentes y no en una agencia. Pero Néstor Sosa, encargado del área de Auditoría de AFIP fue uno de los principales blancos: sus informes fueron clave para la construcción de la hipótesis delictiva por supuesta defraudación contra la administración pública que encaró el fiscal Gerardo Pollicita. Constituyeron el principal insumo de pruebas hasta que el TOF 3 incorporó la pericia oficial de la Corte que puso en crisis varios de los supuestos y montos que se habían tenido por certeros sobre la deuda de Oil Combustibles. “No hay antecedentes en toda la historia de AFIP sobre un informe sobre planes de pago hechos para un contribuyente en particular”, apuntó Echegaray. Se refirió al informe especial que había realizado por el jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes Jorge Schiaffini. El ex-AFIP sugirió que había realizado ese informe sobre Oil sin expresar el “interés fiscal” que es el objetivo de esas pesquisas para determinar la deuda. Apuntó que hizo “inteligencia comercial” sobre los giros dentro del grupo empresario Indalo. “En la historia de la AFIP, ¿Cuántos Artículos 32 fueron declarados nulos? ¿Cuántas veces se hicieron auditorías a los contribuyentes de manera particular, individual, frente al otorgamiento de planes de pago?”, lanzó Echegaray a modo de pregunta retórica. Afirmó que se hicieron “cosas que la AFIP no puede hacer”. Leando Cuccioli, actual titular y sucesor de Abad también será testigo de cargo en el juicio oral. Eliseo Devoto, jefe de Jurídicos del organismo recaudador fue otro de los apuntados. No solo por la supuesta reunión a alta escala para “enderezar” testimonios, sino por haber firmado cada una de las actuaciones que permitieron impulsar la causa hasta la etapa de juicio junto a Pollicita. Al día siguiente de que Ámbito Financiero revelara el contenido de la pericia oficial hubo lamentos en los pasillos de AFIP: hicieron trascender que quizás los actos administrativos que agigantaron la situación de Oil Combustibles por su repercusión pública debieron ser encarados “de otra manera”. El interrogante es si alguno podría manifestar esa incomodidad durante el debate y ante los jueces que deben emitir sentencia. (Ámbito)