El gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica alcanza el primer tercio de su mandato presidencial sumido en un remolino de impopularidad, conflictos y desempleo. El presidente más joven de la historia moderna de este estable país centroamericano ha perdido en el último mes tres importantes piezas de su gabinete, un miembro de su pequeña fuerza legislativa y hasta la serenidad que le caracterizaba cuando llegó al poder, en mayo del 2018. Una de sus imágenes más difundidas en semanas recientes es la del momento en que se enfureció y golpeó el podio durante un discurso en Nicoya (Pacífico Norte) mientras un grupo de sindicalistas le gritaba que se fuera del poder. “Gobierno débil” es casi un lugar común entre analistas políticos en tiempos recientes. Lo caracterizan así por la tendencia política de las últimas dos décadas, pero también por las circunstancias que rodean al mandatario de discurso progresista que debió formar gobierno con figuras de distintos partidos para intentar compensar la exigüidad de la bancada oficialista, que ocupa solo el 17% de los escaños. Eran 10 diputados y ahora serán solo nueve, pues el jefe de la bancada deja congelado su escaño para ir al Ejecutivo para funcionar como ministro de la Presidencia. Sustituye al excandidato conservador Rodolfo Piza, quien se había integrado al gabinete inicial como una señal de diversidad en “gobierno de unidad”, pero que falló como escudero de Alvarado y como enlace con fuerzas opositoras o con gremios que se suman poco a poco a los reproches contra el Ejecutivo. Sindicatos del sector salud mantienen una huelga desde hace una semana y trastornaron el 27% de los servicios del amplio sistema sanitario costarricense, según las autoridades. También la mayor asociación de maestros decidió apoyarlos y anunciaron que vuelven a las calles, como lo hicieron en 2018 al realizar el movimiento más prolongado en el último siglo. Dicen que defienden las instituciones estatales ante los afanes privatizadores, pero también los beneficios salariales que se limitan con las políticas fiscales que impulsa el Ejecutivo. No es que Carlos Alvarado haya caído en la popularidad; es que ni siquiera gozó la “luna de miel” que suelen tener los presidentes en su prólogo. Su triunfo en segunda ronda contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, en abril de 2018, no se tradujo en apoyo popular a su Gobierno. Al cumplir su primer año en el mando, en abril, las opciones negativas duplicaban a las positivas en una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR), aunque la élite empresarial apoyaba el impulso a la reforma fiscal. Para ese momento los gremios de trabajadores públicos le cobraban la aprobación de normas que limitan el crecimiento de sus beneficios salariales, y algunos sectores privados fustigaban la aplicación de un nuevo esquema de impuestos. Ahora la factura la paga Alvarado, señaló Ilka Treminio, politóloga directora de la sede en San José de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso). “La votación del 2018 dejó a Alvarado frente a un callejón sin salida y él entendió que debía formar un gobierno con formato de coalición. Después el presidente decidió entregar la materia económica a la contraparte de la coalición, la cual ha recibido los beneficios al ver desarrollada su agenda económica, mientras el desgaste por el costo social lo recibe el partido de gobierno (Acción Ciudadana, centroizquierda)”. Las finanzas públicas siguen en números rojos y la reforma fiscal aprobada en diciembre no logró que Costa Rica alcanzara un perfil crediticio suficiente para reanimar la economía y satisfacer la demanda de empleo. El Banco Central en julio revisó a la baja la proyección de crecimiento del PIB para este 2019, a un 2,2%, la menor desde la crisis de 2008-2009, aunque supera al promedio latinoamericano. Mientras, el Instituto Nacional de Estadísticas muestra que la tasa de desempleo alcanza también los mayores márgenes en 10 años; ahora está en 11,9%, pero crece a 15% si se trata de mujeres y también es mayor en la periferia del país. Grupos empresariales y políticos de oposición no se cansan de exigir al Gobierno medidas que reactiven pronto la economía, sobre todo en los sectores de agricultura, construcción, manufactura y comercio, que son los más golpeados y los que podrían dar empleo a trabajadores de baja calificación. El Gobierno responde que hace lo que puede en medio de la estrechez fiscal, de un contexto internacional adverso (con especial impacto de la crisis en Nicaragua) y las condiciones de una economía interna que depende más de los actores privados que de los decretos del presidente. Hay poca confianza para invertir y consumir, reconoció el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, a pesar de medidas adoptadas para abaratar el crédito. “Uno puede llevar el caballo al río, pero no puede obligarlo a beber”, dijo para ejemplificar la imposibilidad de mover las voluntades del sector privado. Las dificultades se alojan sobre todos en zonas periféricas del país que coinciden con las áreas donde menos apoyo tuvo Carlos Alvarado en las elecciones, donde más reproches hay contra el Estado y donde se han multiplicado en los últimos años las iglesias evangélicas neopentecostales sobre las que se basan nuevas fuerzas políticas conservadoras. En esas zonas se suele ver al mandatario como un joven aburguesado, o “un chavalo fresa”, como dijo un vendedor de pescado en Puntarenas, en el Pacífico, donde también hay fuerte presencia de nuevas congregaciones religiosas. El excandidato Fabricio Alvarado lidera uno de los partidos confesionales y forma parte de una intensa oposición que se une a las fuerzas católicas contra iniciativas progresistas, como la promesa de Alvarado de firmar una norma que permitiría realizar abortos cuando está en peligro la salud de la madre. Las fuerzas de origen religioso se han mezclado parcialmente a las protestas sindicales y lograron tumbar en este mes al ministro de Educación, Édgar Mora. Este era un nombre cercano al presidente, pero se había declarado ateo y promovía políticas educativas más inclinadas a los derechos humanos y la inclusividad que al cristianismo tradicional en este país de religión oficial católica. Sigue viva la disputa entre progresistas y conservadores que detonó en la campaña electoral, lo que coloca al mandatario Alvarado en el dilema de cumplir su discurso aceptable para las ciudades o complacer las demandas de sesgo cristiano que se concentran en las periferias. El malestar popular ha dado pie a algunas críticas desbocadas y a llamados a la armas, como hizo un grupo de menos de 10 hombres mediante un vídeo que circuló en las redes sociales. El material llegó a manos de la Policía y detuvo a tres hombres que ahora cumplen prisión preventiva mientras esperan cargos por el delito de motín. La noticia no dejó de provocar inquietud en un país conocido en el continente por sus formas pacíficas y la estabilidad de su sistema democrático. Pese a todo, Alvarado intenta mantener la calma y llamar a bajar las tensiones, pero ciertos momentos pueden ser abrumadores. Fue lo que le ocurrió el 25 de julio en un acto en el poblado Nicoya al que llegaron grupos sindicales de profesores a repudiar al mandatario y gritarle durante su discurso. Este fue alzando la voz hasta que acabó vociferando como nunca antes palabras de confrontación: “a esos que nos detienen, no nos vamos a dejar”. Algunos le aplaudieron el coraje de ese día y otros le criticaron el exabrupto. Días después dijo que eso no se repetirá, aunque momentos apremiantes como eso tampoco le van a faltar. (elpais.es)