Estados Unidos vive un mes convulso. Tras los sucesivos tiroteos masivos que han vuelto a poner sobre la mesa del debate público el control de las armas, los peligros de alimentar el supremacismo blanco y la necesidad de controlar el llamado "terrorismo doméstico". En el centro de la cuestión se encuentra el Federal Bureau of Investigation (FBI), organismo encargado de detectar y abortar las amenazas dentro del país, y al que muchos señalan por sus fallos, a veces inexplicables, a la hora de parar los pies a los 'lobos solitarios' cuya ideología no sea de corte yihadista radical. Estos días, cuando se ha conocido que la madre de Patrick Crusius, el tirador de El Paso, había alertado a la policía dos semanas antes de la matanza, preocupada por el arma que su hijo tenía en su poder, queda aún más clara la falta de coordinación del Buró con las fuerzas de seguridad locales. Y este problema se añade uno que se ha conocido en los casos del tiroteo de Texas y Ohio, las advertencias que ambos asesinos habían volcado en sus perfiles en diferentes foros y redes sociales. Para los analistas federales deberían haber saltado las alarmas mucho antes de que ambos tiradores sembraran de muerte las calles. Cuando hablamos del FBI lo hacemos del principal organismo responsable de las investigaciones criminales del Departamento de Justicia de EEUU, con 35.000 personas en plantilla, de ellas 13.000 agentes especiales, más de 400 oficinas en el territorio estadounidense y otras 60 repartidas por todo el mundo. Para el año fiscal 2019 el Buró cuenta con un presupuesto directo de 9.600 millones de dólares, y por eso el contribuyente estadounidense espera que acometa de manera más eficaz su función de protección. Para tratar de poner remedio a la constante aparición de amenazas en las redes que pasan bajo el radar de las autoridades, el FBI acaba de lanzar una licitación a través de la Oficina Federal de Oportunidades de Negociopara dotarse de un sistema de alerta temprana capaz de detectar posibles amenazas en las redes sociales. En concreto necesitan identificar información relevante que se publique en Twitter, Facebook, Instagram, y otras plataformas. Para ello solicitan una herramienta que les permita acceder "casi en tiempo real" a intercambios de información en las citadas redes, con objeto de poder usarla en "operaciones para el cumplimiento de la ley y misiones de inteligencia". Según los responsables de la agencia federal, el uso de plataformas online por "grupos terroristas, amenazas domésticas, servicios de inteligencia extranjeros y organizaciones criminales para llevar a cabo sus actividades muestra la necesidad de contar con herramientas para identificar ese tipo de actividades y reaccionar adecuadamente". Manifiestos online A principios de este año, en Nueva Zelanda, un tirador abrió fuego en dos mezquitas matando a 50 personas e hiriendo a muchas más. El autor subió a las redes un manifiesto de 74 páginas además de imágenes del arsenal con el que iba a cometer la matanza, que 'para más inri'retransmitió en Facebook Live. El tirador que asesinó a tres personas en el Gilroy Garlic Festival de California había subido a internet un manifiesto racista de 1890 que se había puesto de moda en portales neonazis y de supremacistas blancos. En el caso de Patrick Crusius, el asesino de El Paso, fue similar. Publicó en el tablero online 8Chan un manifiesto de cuatro páginas sembrados de referencias racistas contras los mexicanos, a los que llamaba "invasores". El documento se difundió apenas 19 minutos antes de que entrara en el 911 la primera llamada de emergencia desde el Walmart. Ahora, si logran un proveedor para el 'rastreador', el FBI reclama que sus empleados puedan acceder a la herramienta a través de UNET (su red interna). También exige que el contratista solamente realice la tarea de soporte de forma telefónica y online. No quieren ojos extraños sobre sus secretos. Por supuesto el contrato incluye cláusulas de confidencialidad absoluta, impidiendo al contratista dar ningún tipo de publicidad al sistema en medios de comunicación o publicaciones de empresa. Además, prohíbe de manera taxativa desarrollar nuevos productos gracias a los avances conseguidos en el sistema durante la ejecución del contrato con el Buró. (LIC)