Si no es controlada, no hay minería. Con ese planteamiento, las autoridades ecuatorianas han ejecutado durante la última semana un megaoperativo para desalojar a varios miles de mineros artesanales que estaban expoliando un yacimiento de oro del norte del país. Un enfrentamiento violento con cuatro heridos levantó hace 10 días la alarma en la población de La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Días después, tras una reunión en la presidencia, el Gobierno de Lenín Moreno decidió enviar a 2.500 uniformados, entre policías y militares, para forzar el fin de las actividades de extracción irregular. Las labores de inteligencia previas habían dibujado un escenario conflictivo, con un grupo de 50 personas fuertemente armadas, que protegían la zona de explotación y, además, extorsionaban a los habitantes de la población para garantizarse el suministro de herramientas y enseres. Con esa información, las fuerzas de seguridad entraron el martes de madrugada y comenzaron un desalojo intensivo de hasta 6.000 personas durante cuatro días. La zona sigue todavía controlada por los uniformados, pero ya apenas quedan los 1.800 habitantes de Buenos Aires. Había “miles de personas asentadas, dedicadas a actividades ilegales”, anunció el martes la ministra de Interior, María Paula Romo, al informar a la prensa del operativo. Esas “economías criminales” representaban “una amenaza multidimensional, no solo de minería, que además de afectar la seguridad de las personas y la tranquilidad de la zona, implica una gravísima afectación ambiental”. En la parte más alta de la montaña, en la conocida como Vieja Mina, el daño es apreciable desde la distancia. Hay amplias zonas de tierra removida y árboles pelados, que contrastan con el verdor de las laderas contiguas. Los uniformados encontraron un campamento improvisado con un centenar de tiendas de plástico y madera, además de todo lo necesario para la actividad. La policía incautó decenas de motores y perforadoras manuales, localizó túneles profundos con poleas instaladas, cientos de sacos de material térreo, químicos contaminantes para procesarlo y hasta una iglesia. Pese a ser una zona escarpada, lodosa y a tres horas de caminata de la población más cercana, había incluso conexión a internet. Desde el inicio de la intervención, 22 personas han sido detenidas y ya están siendo procesadas por nueve causas. La mayoría por la extracción ilegal de minerales, pero uno de ellos además enfrenta cargos por posesión de sustancias estupefacientes y otro, por posesión de armas. La ministra de Interior indicó el primer día de desalojo que la minería ilegal ha estado aparejada en ese pequeño cantón de la sierra norte ecuatoriana a otros 11 delitos: homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivo y tráfico de combustible. Durante la expedición se han encontrado cinco cadáveres, dos de ellos, en estado de descomposición. “Buenos Aires se convirtió en Malos Aires”, sentenció el gobernador de Imbabura, Galo Zamora, antes de la intervención de las fuerzas del orden, cuando saltó la alerta por el enfrentamiento entre bandas para hacerse con el control de la minería. El representante del Ejecutivo en la provincia dijo que había “pánico y miedo” y que la situación había ido empeorando desde que a finales de 2017 se anunció la existencia de un yacimiento aurífero. Eso produjo un efecto llamada y empezaron a llegar miles de personas, según la tesis oficial, desde otras provincias del país y de los países vecinos. Entre 2018 y lo que va de 2019, la policía ha incautado 3.500 toneladas de material mineralizado, ha desarticulado 92 grupos delictivos y detenido a 809 personas, informó Interior. Además de retomar el control en la zona, el Gobierno de Ecuador está enviando un mensaje a la minería irregular que se desarrolla en otras partes del país en un año en el que se han hecho anuncios de grandes concesiones y hallazgos. “En el país va a haber minería sí o sí. Nuestra decisión es que se la haga de forma responsable”, declaraba el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, a finales de abril ante las iniciativas de algunas comunidades para frenar la explotación minera de gran escala. Este mes está previsto que empiece la extracción en el proyecto de cobre de Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del país. Es, por el momento, el más grande del país, del que se esperan obtener hasta 60.000 toneladas diarias cuando esté a pleno funcionamiento. A mediados de junio, después de que el presidente Lenín Moreno ratificara la apuesta nacional por la minería como industria para dejar de depender exclusivamente del petróleo, se anunció que Ecuador había encontrado una de las 10 mayores minas de oro, plata y cobre del mundo. Está en la misma provincia en la que se ha forzado en los últimos días el desalojo de varios millares de mineros irregulares. (elpais.es)