Ahora, en un acuerdo para apaciguar a su homólogo estadounidense y evitar una guerra comercial, Andrés Manuel López Obrador desplegará una parte de esa fuerza para que, en cambio, patrulle la frontera. En virtud de un acuerdo forjado en negociaciones maratónicas con funcionarios estadounidenses la semana pasada, México aceptó enviar a 6000 oficiales de la Guardia Nacional a su frontera con Guatemala. También accedió a permitir que más solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos se revisan en Estados Unidos. Los plazos y muchos otros detalles sobre esta negociación aún se desconocen, pero funcionarios de ambos países dicen que esto sucederá rápido, una señal de que, al menos por ahora, López Obrador eligió como prioridad tranquilizar a Donald Trump en lugar de atender asuntos internos prioritarios, como combatir la violencia y el crimen. “Los escasos y apenas preparados recursos que tenemos los pondremos inmediatamente al servicio de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en nuestra frontera sur”, dijo Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica en Ciudad de México y crítico de la estrategia de la Guardia Nacional. “Estamos haciendo del territorio mexicano una zona de protección para la frontera estadounidense y estamos poniendo cuerpos mexicanos como una barrera para Estados Unidos y su política migratoria”. El acuerdo llegó después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles progresivos a los productos que Estados Unidos importa de México si el país no detenía el flujo de migrantes que atraviesan su territorio para llegar a Estados Unidos. Ambos países hicieron una declaración conjunta la tarde del viernes. Así se frenaron los aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos que iban a entrar en vigor este lunes 10 de junio. Al menos por ahora. El tiempo corre y en noventa días ambas partes revisarán los resultados y, posiblemente, anunciarán nuevas medidas si les parece insuficiente. Además de los oficiales de la Guardia Nacional —que harán de los asuntos migratorios su objetivo principal—, México accedió a ampliar un polémico programa llamado Protocolo de Protección a Migrantes (Migrant Protection Protocol), mejor conocido como el Plan Quédate en México. El programa, que se anunció a principios de año, obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos. La iniciativa ha tenido como resultado el regreso de 8000 personas a México, una acción cuestionada legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Durante todo este tiempo, México ha reclamado que Estados Unidos estaba imponiendo su voluntad al regresar a los migrantes y que nunca accedió formalmente a ello. Según los funcionarios, algunos días se negaron a recibir a los migrantes de nuevo; otros días permiten que algunos regresen. Pero a medida que Trump hostigaba a México con la migración, también aumentaba la voluntad del gobierno de López Obrador de adoptar medidas para calmar a su vecino del norte. Después de decir en un principio que Quédate en México era un programa piloto, los funcionarios mexicanos lo expandieron rápidamente a otras ciudades. Ahora, como parte de la negociación anunciada el viernes, las autoridades mexicanas acordaron su implementación en toda la frontera. Los expertos dicen que México no es un lugar seguro para los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica; el año pasado, el país alcanzó un número de homicidios inédito desde que se comenzó a llevar registro hace más de dos décadas. El crimen organizado controla mucho del flujo de migrantes en secciones de la frontera y la violencia es una realidad; las balaceras son comunes, así como las luchas sangrientas entre cárteles. Se han encontrado fosas comunes con cadáveres de migrantes. Exponerlos a una larga espera en algunas de las secciones más peligrosas de la frontera, como en el estado de Tamaulipas, podría ser una sentencia de muerte, según activistas de derechos humanos. Para implementar el acuerdo, ambas naciones necesitan contratar personal y ejecutar protocolos para manejar a los migrantes retornados. México tendrá que encontrar el dinero para cumplir con sus promesas de dar trabajo, educar y atender la salud de los migrantes que sean retornados —entre ellos, muchas familias— en un momento en el que la economía del país está aletargada, el peso se ha debilitado y las medidas extremas de austeridad están recortando servicios básicos para los mexicanos. Además, no hay garantías de que las medidas vayan a mostrar resultados, especialmente en el plazo de tres meses que exigió Estados Unidos. Hay quienes se preguntan cuándo llegará la siguiente amenaza de Trump y si, al igual que ahora, pondrá en riesgo el intercambio comercial y el bienestar económico. “Incluso así deja un recuerdo que no morirá: de que algún día, si hay un enfrentamiento entre ambos países, el comercio puede ser una víctima del proceso”, dijo said Alberto Ramos, director del equipo de Investigación Económica de América Latina en la División de Investigación de Inversión Global en Goldman Sachs. Las cifras son desalentadoras: esta semana, la Patrulla Fronteriza estadounidense anunció que las detenciones de migrantes aumentaron en mayo a más de 130.000, el número más alto en trece años; la mayoría de ellos viajaban en familia. Pero en el acuerdo del viernes, México logró esquivar la demanda más dura de Estados Unidos: los negociadores estadounidenses estaban presionando para que la delegación mexicana accediera a una extensa revisión de los protocolos de asilo, lo que hubiera sido más problemático para el país. Había dos alternativas en la mesa de negociación: la política que se conoce como Tercer País Seguro —que haría que cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos y haya pasado antes por México deba solicitarlo primero allí—, y otra en la que se obligaría al migrante a solicitar asilo en el primer país al que ingrese (por ejemplo: los hondureños que llegaran a Guatemala tendrían que solicitar asilo allí y los guatemaltecos que llegaran a México tendrían que pedir asilo ahí en lugar de tratar de llegar a Estados Unidos). Al final, México no aceptó ninguna y ganó tiempo para mostrarle al gobierno de Trump la seriedad de sus intentos por frenar el flujo migratorio. “Conseguir este acuerdo, con los errores y la incertidumbre que sea, fue clave para Estados Unidos y México”, dijo Carlos Pascual, exembajador estadounidense en México y vicepresidente sénior en IHS Markit, una consultoría energética. “Una vez que estás en medio del tobellino del duelo de aranceles, es casi imposible salir de ahí”, precisó Pascual. “Ahora al menos México y Estados Unidos pueden evitar una batalla de aranceles que solo dañaría a ambos países”. Aunque al final los aranceles habrían sido más dañinos para México que para Estados Unidos. En medio de la preocupación por una economía anémica y por la confianza vacilante de los inversionistas, López Obrador tiene problemas para financiar sus ambiciones de reformar al país, Las agencias de medición crediticia han rebajado las calificaciones del país y de la compañía petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene una deuda de unos 100.000 millones de dólares. Las promesas de López Obrador de rescatar Pemex no ha servido de mucho para tranquilizar a las calificadoras. Tampoco su promesa de construir una refinería con un costo de 8000 millones de dólares, que muchos analistas ven como costosa e inútil. Gran parte de la agenda y de las promesas de López Obrador durante su campaña, que le dieron una victoria arrolladora, eran propuestas internas: sus deseos de ayudar a los pobres, de revitalizar las empresas nacionales, de acabar con la corrupción y construir infraestructura, todos ponían énfasis en lo doméstico. Pero estos planes han contribuido también a poner a la economía en serias dificultades. Eso facilitó que Trump se aprovechara de México y obligara a López Obrador a encargarse de asuntos internacionales que él preferiría ignorar. Y esa parece ser una de las razones por las que López Obrador se ha negado intercambiar golpes con Trump. Simplemente no puede ganar. “Es verdad que esta es una relación muy desigual, muy asimétrica, en la que la balanza se inclina hacia el lado estadounidense”, dijo Fausto Hernández, profesor de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “Esta es una guerra de señales, un combate emocional, diseñado completamente con fines electorales”. Así, el nuevo presidente mexicano parece que decidió que la nación tiene más que perder si se opone a Estados Unidos que lo que tiene que ganar a pesar de los llamamientos de ciertos sectores de la sociedad para que defienda a México. En un mitin el sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana, López Obrador prometió proteger los derechos de los migrantes. Dijo que el gobierno mexicano proporcionaría empleo, educación y ayuda humanitaria a los migrantes que esperan en el país mientras buscan asilo en los Estados Unidos. Pero también hizo énfasis en la necesidad de abordar los problemas que están impulsando la migración centroamericana. “Es claro que, ante esta realidad amarga y dolorosa, no se puede orientar la solución solo a cerrar fronteras o al uso de la fuerza”, dijo. “Lo más eficaz y lo más humano, es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr que la migración sea opcional, no forzada”. (TNYT)