Primero llegaron los guerrilleros de Sendero Luminoso, que acribillaron a la población de Lucanamarca por sublevarse y no secundar la lucha armada; luego apareció el ejército, que robó, mató y violó a los lugareños acusándoles de colaborar con los terroristas. Y más tarde también llegó una oleada de violencia silenciosa, la que provocó la devastación productiva y el abandono de las tierras y cultivos y que supuso el incremento de la desnutrición infantil hasta niveles de emergencia. Dice el escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos que los habitantes de los sitios pobres y apartados sólo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen. Este es el caso de Lucanamarca, un pueblo peruano ubicado en los Andes centrales, deprimido y olvidado por todos hasta que el conflicto armado interno del siglo pasado irrumpió allí a sangre y fuego. El detonante se produjo el 22 de marzo de 1983, cuando los habitantes de este pueblo andino, cansados de los abusos de la guerrilla de Sendero Luminoso en nombre de la lucha contra la desigualdad, capturaron y asesinaron a uno de sus líderes: Olegario Curitomay. La revancha senderista no se hizo esperar. La madrugada del 3 de abril una columna de guerrilleros puso rumbo al pueblo de Lucanamarca con la orden de aniquilar a toda la población como “sanción ejemplar”. Su delito: haberse sublevado contra la lucha armada. Acordonaron el área y mientras estrechaban el cerco sobre Lucanamarca, se dedicaron a asesinar a los campesinos que transitaban inermes por las veredas. A las ocho de la mañana, la columna sorprendió a sus primeras víctimas: un grupo de veintinueve personas, entre hombres, mujeres y niños, que fueron encerrados en una vivienda y atacados con cuchillos y machetes. Después rociaron agua hirviendo sobre los cuerpos y se marcharon tras cerrar la puerta con un candado. A continuación prosiguieron con su marcha negra evitando el uso de balas para no hacer ruidos que alertaran a los desprevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. Alrededor de las cuatro de la tarde, ordenaron a sus habitantes que se dirigieran a la plaza de Armas. “Decían que solamente iban a realizar una asamblea”, dice Gualberto Tacas Rojas, exalcalde de la localidad. “Pero uno de ellos me reconoció cuando iba por la calle y le dijo al otro: ‘Ese es la autoridad’ y me descerrajó un tiro en la cabeza”, cuenta Gualberto con los ojos empañados por las lágrimas. El disparo impactó detrás de su oreja y el proyectil salió por su rostro. “Permanecí tirado no sé ni cuántas horas y cuando recobré el conocimiento, me arrastré hasta una casa cercana”, recuerda el exalcalde, que hoy camina con la espalda encorvada por el peso del dolor y de los años. En la plaza de Armas, los senderistas obligaron a los hombres y mujeres a tumbarse en el suelo frente a la iglesia. “Empezaron a matarnos con hachas y machetes, mientras daban alabanzas a Sendero Luminoso”, dice Epifanio Quispe, un hombre que presenció la escena en el suelo esperando su turno. Pero cuando ya estaban a punto de arremeter contra él, la voz de un niño sonó desde el campanario de la iglesia alertando sobre la supuesta llegada de las fuerzas del orden. “¡Que vienen los sinchis!”, gritó el chiquillo a todo pulmón. Al escucharle, los senderistas huyeron de inmediato, aunque en la retirada saquearon y quemaron cuantos locales se encontraron a su paso. En el escenario de la matanza, los supervivientes corrieron a auxiliar a sus familiares. “No sabíamos qué hacer. Ellos agonizaban ante nuestra mirada de impotencia”, cuenta Epifanio. “Se veían los sesos aplastados contra las paredes y la sangre brotando de sus cabezas partidas”. Un escenario dantesco que podría haber sido aún peor de no haber sonado la voz de ese niño que arriesgó su vida para proteger al pueblo. Durante años su nombre permaneció en secreto por miedo a represalias, pero hoy ya ha salido a la luz. Se trata del hijo de Epifanio, que heredó su mismo nombre. Él había logrado escapar, pero cuando vio lo que ocurría, subió a la cima de la iglesia y sacó el ingenio que le convirtió en héroe a la temprana edad de ocho años. Sin embargo, para Epifanio Quispe ser el padre de un héroe no perpetuó su suerte. Tras la retirada de los senderistas, el ejército tomó el poder y con el tiempo empezaron a abusar de los lugareños acusándoles de ser colaboradores clandestinos de los terroristas. Una macabra ironía que acabó con Epifanio en el hospital con lesiones cerebrales que le provocarían una parálisis en la mitad derecha del cuerpo para el resto de su vida. “Yo estaba en la casa comunal cuando esos militares llegaron y sin mediar palabra nos dispararon a mi compadre y a mí. Él cayó muerto, yo sobreviví por los pelos”, cuenta este hombre, que habla quechua mientras gesticula con dificultad, sentado en el patio de su casa. “Pensábamos que estos milicos nos venían a salvar, pero la realidad es que los sinchis se convirtieron en otro terror, aún más terroristas que los senderistas”. Carentes de una clara y adecuada estrategia contrasubversiva, las fuerzas del orden se limitaron a utilizar todo tipo de mecanismos que les permitieran controlar a la población, desde detenciones, secuestros y torturas hasta violaciones de mujeres. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú asegura que la población fue obligada a entregar leña, carne y demás enseres para la manutención del puesto militar hasta que en 1994 el ejército decidió retirarse de la zona. Es en este momento que la población se empezó a organizar en rondas campesinas para encargarse de la seguridad; ello ayudó sustancialmente, y la intensidad de la violencia fue disminuyendo progresivamente hasta que la pacificación fue evidente. Durante dos décadas, el enfrentamiento armado entre Sendero Luminoso y el ejército dejó 69.000 muertos en todo Perú. La peor parte se la llevaron los campesinos indígenas de las zonas andinas como Ayacucho. Desde entonces su nombre cobró más sentido que nunca, pues en lengua quechua Ayacucho quiere decir “tierra de muertos” y es precisamente aquí donde se concentra el 40% de las víctimas y los desaparecidos de todo el conflicto. La guinda del pastel la puso la desnutrición, que es hoy uno de los grandes problemas que se han instalado en estas comunidades: uno de cada tres niños sufre de desnutrición crónica, y tres de cada cinco padecen anemia, según la oenegé Acción contra el Hambre. Como explica Alejandro Vargas, el coordinador de programas de la organización, “la devastación de la economía doméstica y de las organizaciones comunitarias durante el periodo de violencia tuvo gran parte de responsabilidad”. Frente a la inseguridad y el miedo, y el saqueo de los recursos de las familias, la población se vio obligada a huir, abandonando sus casas, sus cultivos y sus animales para vivir en los cerros, barrancos y cuevas. Resaltan en los recuerdos de las mujeres las dificultades por las que pasaron cuando no podían contar con los recursos suficientes para alimentar a sus hijos. “A veces, al huir, pasábamos días enteros en los cerros sin probar bocado, sobreviviendo a base de coca y hierbas silvestres, y los niños, comiendo tierra”, cuenta Teófila, una mujer de 68 años que teje unos calcetines sentada en el poyete de su portal. El hambre hace del cuerpo el lugar de memoria de esa precariedad, reflejada en los cuerpos debilitados, enfermos y prematuramente envejecidos de quienes vivieron su infancia en esos años. Cuerpos que hoy se describen en estas tierras como iquyasqa. Los niños de la guerra. Uno de ellos es Epifanio hijo. Cuando concluyó el conflicto, las autoridades lo pasearon por Ayacucho, exaltaron su ejemplo y le concedieron un trofeo por su valentía el día de la matanza de Lucanamarca. Un trofeo que hoy es un trasto inútil. Epifanio tiene 44 años y aparenta 60. Dice su padre que debido a la desnutrición no pudo estudiar y tuvo que migrar a la capital departamental como jornalero. Su sueño, como el de tantos otros, es que sus descendientes puedan dar el paso del trabajo físico al trabajo profesional. “Ya nosotros vamos a estar acá nomás, en la chacra sudando, pero no queremos esto para ellos. Queremos que estudien y se conviertan en profesionales”, asegura. Así, aunque todos estos atropellos dejan una marca indeleble en la memoria colectiva y como tal, Lucanamarca se conozca desde 1983 como “el pueblo de la masacre”, las propias víctimas piden no ser tratadas sólo como afectados. Sienten que esto equivaldría a atribuirles una forma de discapacidad. Y quieren ser reconocidas como luchadoras, como personas que no se han paralizado, inmovilizadas por el llanto. Como si de un dicho local se tratase, los lugareños repiten incansablemente: “No queremos ser vistos como dolientes marías”. (LVB)