Tras un primer intento fallido que terminó declarándose vacante en un proceso cargado de denuncias, YPF finalmente se quedaría con la central termoeléctrica Ensenada Barragán de manera conjunta con Pampa Energía. Las petroleras abonarían 229,4 millones de dólares, se harían cargo de una deuda estimada en 304 millones de la misma moneda y se comprometen a completar las obras de cierre de ciclo cuyo costo ronda los 200 millones, totalizando una inversión total de 733 millones. De esta manera, YPF profundiza su estrategia de hacerse fuerte en el mercado de generación eléctrica, un plan cuestionado por diversos especialistas del sector como el radical Jorge Lapeña. De acuerdo al nuevo plan de negocios para el período 2019-2023, este sector triplicará su producción al incrementar entre 3 y 4 GW la capacidad térmica instalada, mientras que las fuentes renovables llegarán a representar el 20% de la generación total. Tras invertir 1.500 millones de dólares e incorporar a General Electric como socio, YPF Luz salió al mercado en junio de 2018 y hoy en día tiene cuatro complejos térmicos y está construyendo tres parques eólicos en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. Ahora, con esta nueva central de 540 MW, suma 2.500 MW y prevé llegar a los 3.000 MW en el corto plazo con los proyectos que tiene en ejecución, posicionándose como uno de los jugadores más importantes del sector. Si bien falta que la aprobación formal por parte de de IEASA (ex Enarsa), se descuenta que en esta oportunidad otorgará el visto bueno, dado el interés del Gobierno de Macri de privatizar esta central y el poco atractivo que se generó en el mercado. Es que tras la primera licitación que terminó siendo declarada vacante, YPF y Pampa resultaron los únicos oferentes. En este primer intento, la petrolera estatal se había presentado por su cuenta en una oferta ampliamente superada por Central Puerto, la firma de Nicky Caputo que ya se había quedado con la central Brigadier López, la primera en ser privatizada. No obstante, ninguna oferta fue aceptada por IEASA en medio de las denuncias del kirchnerismo que alegaba una venta a "precio vil". Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares. La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas. (LPO)