El fallo firmado por los jueces Ricardo Guido Barreiro, Mariano Lozano y Richard Gallego -que reveló En Estos Días- argumenta que debe ser el Estado Nacional quien se encargue de proveer el aceite de cannabis y no es potestad de la familia realizar la medicina de forma casera. El año pasado, Macarena Navarro, mamá de Joaquin, promovió una acción de amparo para lograr la autorización para el cultivo y fabricación del aceite. Fue acompañada por los abuelos del niño, María Eugenia Sar y Gabriel Navarro, y por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Nicolás Rochas y Javier Iud. En la presentación solicitaron al Estado el suministro de aceites, cremas y material vaporizable de cepas identificables de cannabis con balances variados de CBD y THC, en cantidad de cepas suficientes para su rotación permanente, necesario para el tratamiento del niño dado que padece síndrome de Tourette. En el mismo amparo, reclamaron que hasta tanto el demandado diese cumplimiento a lo reclamado, se dispusiera cautelarmente la autorización para cultivar cannabis en su domicilio, petición que tuvo respuesta favorable por parte de la Jueza Federal de Viedma. En ese momento, Filipuzzi entendió que si bien la Ley 27350 de cannabis medicinal establece que deben ser el CONICET y el INTA los encargados del cultivo, esta situación aún no está operativa. Por ello, considerando la urgencia de la necesidad de la salud del niño, amparó a la familia en el cultivo para evitar cualquier persecución penal. Sin embargo, el Tribunal de Apelación modificó el fallo y obligó a la familia a interponer un recurso contra el Estado para que le provean el aceite. Puntualmente le impone a la familia que “se inscriba en el registro nacional voluntario para pacientes (y en su caso a sus familiares) que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de Hospitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis”. Establece el reciente fallo que, en caso de un incumplimiento estatales, podría volver a analizarse la posibilidad del autocultivo. “Hasta tanto la administración (el Estado) se expida, con el objetivo de evitar que cualquier suspensión en la provisión al menor de la sustancia que motiva este proceso pudiera derivar en perjuicios y afectación en su salud, entiendo que debe ordenarse cautelarmente al Estado Nacional su entrega”, señaló el juez Barreiro en el fallo que se conoció este miércoles. Por su parte, el juez Gallego negó la provisión casera “sin el debido control estatal y liberado a la preparación artesanal por quienes -si bien con una gran dosis de voluntad- carecen de los conocimientos apropiados para ello”. La resolución fue recibida con “mucha bronca” por parte de la familia, quienes anticiparon que seguirán presentando “todos los recursos judiciales necesarios”. Gabriel Navarro, abuelo de Joaquín, en diálogo con En Estos Días, aseguró que “esta medida representa que el Estado no se haga presente y desplace la necesidad de protección y promoción de la salud. Eligen desproteger a un niño, desplazar a la familia a la criminalidad, dejarnos vulnerables a la persecución judicial por cultivar y fabricar el aceite”. “La idea -agregó- es ir a las instancias máximas de la Justicia argentina y rezar, rezar porque que se cumpla la Constitución y los tratados internacionales. Y si esto no sucede, seguiremos estando en la ilegalidad, pero no nos va a detener absolutamente nada para sostener la salud de Joaquín”, concluyó. (ADN)