El Parlamento español ha tolerado desde hace tiempo fórmulas creativas para prometer el obligado acatamiento de la Constitución pero este martes los partidos de derecha manifestaron su indignación y reclamaron poner fin a esta práctica. El reglamento del Congreso y el Senado establecen claramente el procedimiento: a la pregunta "¿juráis o prometéis acatar la Constitución?", el nuevo parlamentario debe responder "sí, juro" o "sí, prometo". Pero desde hace años, los diputados nacionalistas vascos, catalanes y los de la formación de izquierda radical Podemos se salen de la norma. "Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo" acatar la Constitución, declaró este martes el nuevo diputado Oriol Junqueras, número dos del gobierno regional catalán durante el intento de secesión. En prisión provisional desde hace año y medio, el presidente del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por rebelión, un delito contra la Constitución. Él y los otros ocho dirigentes catalanes encarcelados preventivamente se presentan como "presos políticos". Antes que él, su compañero de filas Raül Romeva, elegido senador, prometió acatar la Carta Magna "como preso político y por imperativo legal" pero solo "hasta la proclamación de la república catalana". Los diputados independentistas vascos del partido EH Bildu también prometieron "por imperativo legal y hasta la creación de la república vasca". El jefe del partido de centroderecha liberal Ciudadanos, Albert Rivera, reprochó a la nueva presidenta del Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet, haber aceptado estas fórmulas. Y el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, denunció que "se ha humillado a la democracia española". Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, que irrumpió por primera vez en el Congreso español, afirmó que las "arengas golpistas" no eran fórmulas de acatamiento sino "una apología de golpe de Estado". Batet respondió que no era la primera vez que este tipo de fórmulas se utilizaban y que el Tribunal Constitucional las había permitido. En efecto, este alto tribunal consideró en dos sentencias en 1990 y 1991 que el matiz "por imperativo legal" usado inicialmente por los separatistas vascos no invalidaba el acatamiento. La misma fórmula había sido utilizada durante el proceso a los líderes independentistas, despertando el enfado del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. A los testigos que aseguraban responder "por imperativo legal" a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, el magistrado terminó por responderles: "¡Todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal!". (AFP)