El brasileño Paulo Abrao es visto como un héroe en la Nicaragua gobernada con mano dura por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega. Abrao y otros expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA aterrizaron en el país centroamericano hace un año para documentar las violaciones perpetradas por el régimen nicaragüense en el marco de la represión contra las protestas que exigen el fin del Gobierno sandinista. La CIDH señaló que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, denuncias que hicieron que Ortega expulsara a sus expertos en diciembre. La expulsión, sin embargo, no ha impedido que continúen monitoreando la situación nicaragüense. En la entrevista Abrao advierte que se ha impuesto en Nicaragua un Estado policíaco y que Ortega se mantiene, sostenido por su “policía política”. Nicaragua y Venezuela son “las dos situaciones más críticas que vivimos en las Américas”, dice. Pregunta. ¿Considera que ha empeorado la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde que la CIDH fue expulsada del país en diciembre? Respuesta. Es claro que las formas de represión han cambiado. Obviamente se puede decir que ha bajado el número de víctimas fatales. El Gobierno ha retomado el control. A su vez hay un ambiente de intimidación, ha habido una disminución del número de protestas en el país, pero esto no significa que la represión haya bajado, se ha transformado por medio de otras prácticas. P. ¿Esta situación es para ustedes la crisis más grave de derechos humanos en el continente? R. Hay en la región situaciones muy complejas y la Comisión está recibiendo un incremento de denuncias de violaciones en todos los países, pero Nicaragua se constituye como una situación generalizada de violación de derechos humanos, apenas comparable con lo que pasa en Venezuela. Obviamente la crisis en Venezuela lleva ya mucho tiempo y por eso creemos que es fundamental una reacción muy contundente por parte de la comunidad internacional, con mucha atención a lo que pasa en Nicaragua, para no permitir que la crisis se consolide por tanto tiempo, igual a lo que pasa en Venezuela. Las dos situaciones son las más críticas que vivimos en las Américas. P. ¿Qué pueden hacer los países más allá de condenar? ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos? R. La comunidad internacional tiene instrumentos fijados en el derecho internacional. Hace dos días la Comisión ha acudido a la Corte Interamericana, en San José [Costa Rica], para solicitar que se tomen medidas provisionales en defensa de los detenidos políticos. Lo que esperamos es que la Corte pueda proceder con la decisión que obligue a Nicaragua a la cancelación definitiva de las detenciones. Para nosotros está más que probado que hay un riesgo de la integridad física de las personas detenidas, lo que puede generar un daño irreparable. Otros órganos no jurídicos y con carácter más político, como el propio Consejo Permanente de la OEA, han insistido en la activación de la Carta Democrática. Tenemos mucha expectativa en la Asamblea General de la OEA de finales de junio, ya que desde ahí también se puedan tomar decisiones concretas para que la comunidad internacional tenga una mejor capacidad de contribuir a la superación de la crisis. P. ¿Qué debería pasar con los procesos abiertos contra las personas que han sido detenidas en el marco de las manifestaciones y la represión en Nicaragua? R. Estos procedimientos son arbitrarios, se generaron como una manera de intimidar y desmovilizar el derecho legítimo a las protestas y retomar el control territorial del país a punta de la fuerza, como un patrón de gobernabilidad. Me asusta mucho la dependencia del Gobierno de la acción de la Policía Nacional. Nicaragua es un Estado policíaco y el Gobierno depende mucho de su policía política para sostenerse. Son muchos los retos estructurales que el país tiene que enfrentar y el primer paso es liberar a los detenidos, el segundo es habilitar las condiciones con garantías de protección para el regreso de los exiliados, para en seguida reparar a cada una de las víctimas, generar una Fiscalía Especial independiente para proceder con las investigaciones de lo ocurrido de manera seria. Esas son las condiciones que permitirían que el país recuperara sus libertades y su democracia. Es una lástima que el Gobierno no lo perciba como una agenda de oportunidades. P. ¿Qué tipo de reparación deben recibir estas personas que han sido detenidas ilegalmente? R. La reparación debe de ser económica para compensar pérdidas: se deben indemnizar los daños que las personas han sufrido. Debe ser moral, por medio de actos de reconocimiento públicos por parte del Estado a las víctimas y sus familiares, promoviendo justos homenajes a quienes perdieron sus vidas debido al uso excesivo de la fuerza y a la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad en contra de su propio pueblo. También la reparación debe ser psicológica: esta debe alcanzar a los familiares directos, a los hijos, para que se puedan recuperarse de ese trauma. P. Usted menciona la creación de una Fiscalía Especial que investigue lo que ha ocurrido en Nicaragua, ¿cómo debe trabajar esa Fiscalía? R. Debe promover una investigación de los hechos, debe reunir todas las documentaciones probatorias de las violaciones, debe de escuchar ampliamente a todos los distintos sectores involucrados y promover la posibilidad de sanciones para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad en el país. P. ¿Cómo debería estar conformado un organismo así? R. Lo ideal sería que se pudiera crear algún tipo de panel de especialistas que procedieran a la selección de este fiscal especial. Nosotros hemos identificado experiencias en las que hay contribuciones de otros actores internacionales o nacionales para ayudar a mejorar el ambiente de justicia y generar investigaciones confiables. P. ¿Qué consecuencias tendría que en Nicaragua se imponga la impunidad después de todas estas violaciones que ustedes han documentado? R. Las consecuencias son históricas, porque toda una generación cargará con un resentimiento del pasado. Eso impide que el país pueda pensar en el futuro, en la construcción de la identidad nacional, de un proyecto nacional que mejore la vida de la gente. Pero también hay consecuencias jurídicas, porque en algún momento los organismos internaciones de protección a los derechos humanos van a actuar. Todas estas denuncias sin respuesta nacional algún día serán procesadas, ya sea en la Corte Interamericana, por medio de la Comisión que presenta los casos, o en tribunales internacionales. (elpais.es)