“A nosotros nos volvieron locos porque una parte del presupuesto de la SIDE era secreto, y nos pedían que hagamos públicos los gastos reservados”. ¿Es así? Ante la consulta de Chequeado, el ex jefe de Gabinete confirmó que se refirió al Decreto N° 656/16 firmado por Mauricio Macri en mayo de este año, y que derogó, entre otros, un artículo de un decreto anterior (el 1311/15) de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que distinguía entre fondos públicos y reservados. “Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”, establecía el artículo derogado, que buscaba cumplir con un compromiso asumido por el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner con las víctimas del atentado a la AMIA, que el 18 de julio provocó 85 muertes. En la actualidad, la AFI considera que la negativa a difundir la parte pública de los gastos es por la necesidad de mantener reservada la identidad del personaldel organismo, según expusieron sus autoridades, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la Comisión de Acuerdos del Senado en agosto último. “El único propósito que tiene la Agencia es hacer inteligencia. Entonces, todos hacemos tareas de inteligencia, porque las personas que trabajan con nosotros día a día, de una manera u otra, están envueltas en el trabajo y tienen acceso al trabajo que nosotros estamos realizando, con lo cual es riesgoso dejar esa identidad fuera de la reserva”, sostuvo Arribas. Frente al nuevo decreto, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), espacio en el que participan distintas asociaciones de la sociedad civil, advirtió que la no publicidad de los fondos de la AFI “constituye una flagrante violación a la ley vigente (artículo 19) y al compromiso del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formalizado en el Decreto N° 812/05”. A su vez, expresó su preocupación por el control de la AFI, ya que consideró que la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fue ineficaz en esa tarea. “Lo que no sincera [Arribas] es que la Comisión, de la que Majdalani fue vicepresidenta entre 2012 y 2015, no goza de buena reputación, justamente porque no se le conoce antecedente de haber ejercido efectivamente las facultades que dispone ni voluntad de transparentar su trabajo”, señaló el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la ICCSI. Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, añadió a Chequeado una crítica más sobre la nueva situación: “El decreto anterior también disponía de qué modo los fondos reservados debían ser registrados para su consulta posterior por las autoridades competentes, pero eso quedó anulado por la nueva disposición. Si los gastos reservados no se registran, es imposible controlar”. Previo al decreto de Macri, la legislación anterior no se terminó de implementar por lo que en el período en el que estuvo vigente el decreto de Fernández de Kirchner, entre julio de 2015 y mayo de 2016, tampoco se pudo acceder a la información de los gastos de la AFI. “No pudimos saber el detalle de los fondos públicos ni el organigrama del personal, y otras disposiciones que debían formar parte de la información accesible. Hicimos un pedido a la Comisión Bicameral, que es quien regula a la AFI, y nos respondieron que esa información era reservada”, explicó a este medio Valeria Calaon Moscova, coordinadora del Sector Inteligencia del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), y concluyó: “Ni siquiera pudimos saber si la Comisión solicitó esa información a la agencia”. (Chequeado)