La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar este miércoles la libertad inmediata de Jesús Santrich, un excomandante de la extinta guerrilla de las FARC pedido en extradición por Estados Unidos señalado de narcotráfico, ha provocado un terremoto político de consecuencias imprevisibles en Colombia. Pocos minutos después de que se conociera la decisión del sistema de justicia transicional, el controvertido Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su “renuncia irrevocable”. En un caso de profundas ramificaciones, la sección de revisión de la JEP anunció antes del mediodía que decidió aplicar la garantía de no extradición contemplada en los acuerdos de paz a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el nombre legal de Santrich. Al explicar su decisión mayoritaria –que tuvo el salvamento de voto de dos de cinco magistrados-, el tribunal señaló que no pudo evaluar la conducta de Santrich, ni determinar la fecha, “dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas” y en las interceptaciones telefónicas de otro caso, que la fiscalía envió a la JEP, “no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”. A los pocos minutos, Martínez presentó su dimisión. “Se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”, declaró el fiscal al señalar que la sección de revisión del tribunal para la paz adoptó una decisión que “desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía”. Martínez se aseguró de subrayar vehementemente que en su opinión “las pruebas son concluyentes, inequívocas”, y que el dictamen de la JEP “hace trizas la cooperación judicial internacional”. “Ese desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito”, concluyó con dramatismo. Para empeorar el vacío institucional, la vicefiscal María Paulina Riveros, la llamada a remplazarlo mientras se elige un nuevo fiscal, también dimitió. Al final de la jornada, el presidente Iván Duque respaldó en una declaración la decisión de la procuraduría de apelar el fallo de la JEP. Aunque lamentó la renuncia del fiscal, se mostró respetuoso de la separación de poderes y prometió preservar la solidez institucional. "No estamos ante un caso cerrado", apuntó. "Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial, y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas". La oposición ha pedido en reiteradas ocasiones la renuncia de Martínez, a menudo asediado por presuntos conflictos de interés en el caso Odebrecht. El también ex ministro ha cultivado desde el ente investigador un perfil de mano de hierro y aireado con frecuencia sus reparos al acuerdo de paz. Enfrentado en diversos frentes con el sistema de justicia transicional, Martínez ha encontrado en el caso Santrich una fuente de fricciones permanente por la diferencia de interpretaciones acerca de las facultades del tribunal. Mientras la fiscalía sostiene que la JEP únicamente puede certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, el tribunal invoca potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición y evaluar la conducta. Santrich, que siempre ha asegurado ser víctima de un “montaje judicial”, lleva poco más de un año detenido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, a la espera de una decisión, después de que un juzgado de Nueva York lo acusó de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su captura ha tensado desde entonces la implementación de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con diez escaños en el Congreso. Según la fiscalía, Santrich formaba parte de una red que llevaba delinquiendo desde junio de 2017, un semestre después de la firma del acuerdo final. El pacto establece que solo podrán beneficiarse de la JEP quienes se acojan por delitos cometidos antes de la firma, y los que reincidan después de esa fecha serán juzgados por la justicia ordinaria. En cualquier caso, la sección de revisión de la JEP aclaró que no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, y por lo tanto “en el caso en concreto nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla”. La garantía de no extradición no implica que los señalamientos se queden sin investigar y las “autoridades judiciales nacionales” deben ahora “definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente”. El dictamen concluye que juzgar a Santrich en Colombia “es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. La largamente esperada decisión de la JEP llega en un momento delicado para las relaciones entre Bogotá y Washington. La decisión de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes colombianas en las últimas semanas, en plena recta final del trámite de la reforma a la JEP propuesta por el presidente Duque, ha sido ampliamente interpretada como una presión indebida, además de desatar un intenso debate sobre la independencia judicial. Dos de las seis objeciones presentadas por el mandatario -y respaldadas tanto por la embajada de Estados Unidos como por el dimitido fiscal Martínez- se concentran en la figura de la extradición. Tras ser rechazados por la Cámara de Representantes y sin mayorías claras en el Senado, los reparos presidenciales se encaminan a una revisión integral de la Corte Constitucional.(EL PAIS)