La demanda, cuyas audiencias comenzaron en abril, se lleva adelante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Se trata de una petición de arbitraje que los hermanos Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla, ambos colombianos, presentaron ante el organismo multilateral. Los colombianos sostienen que Chile no otorgó un trato justo y equitativo a sus inversiones hechas cuando eran operadores de Transantiago, la empresa de transporte público de la capital chilena. El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, rechaza las acusaciones hechas por los hermanos Ríos Velilla y resalta que su país tiene una respetada trayectoria como receptor de inversión extranjera. El caso Transantiago A principios de siglo, Chile buscaba modernizar el sistema de transporte de la capital y realizó una concesión abierta a la que se presentaron varias empresas. Los inversores Ríos Velilla lograron adjudicarse los contratos a través de las empresas Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A. Empezaron con el proyecto en 2005 y luego renovaron los términos con el gobierno chileno en 2011. Los demandantes alegan que entre 2005 y 2010 invirtieron US$430 millones en el proyecto Transantiago. En la solicitud de arbitraje, presentada ante el CIADI en mayo de 2017, se señala que "el aparato estatal chileno no estaba preparado para lanzar un proyecto tan ambicioso en un periodo de tiempo tan corto". El documento añade que, desde la firma de los primeros contratos, "los operadores privados del Transantiago se vieron afectados por la incompetencia y negligencia de las autoridades chilenas que, contrariamente a lo que habían prometido, fueron incapaces de poner los medios necesarios para permitir una operación eficiente". Los demandantes acusan a Chile de otorgar a sus inversiones "un trato menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales y no les brindó protección y seguridad plenas". De acuerdo al caso planteado por los hermanos colombianos, Chile cometió "increíbles omisiones" como incumplir con el Plan Maestro de Infraestructura que se había diseñado para el periodo entre 2011 y 2015. También se señala que el país "no hizo sino empeorar la situación económica de las compañías controladas por los demandantes". Los Ríos Velilla añaden que Chile "no hizo nada" para ayudarlos a controlar y evitar la evasión y el vandalismo. Afirman, además, que el país se negó a adquirir más buses para cumplir con las operaciones, y que "nunca" se mejoraron las vías, paradas y plataformas de trasbordo como se tenía acordado. "La falta de cooperación del Estado chileno para con Alsacia y Express fue claramente contraria al principio de la buena fe", señala la demanda. Transantiago, ahora conocido como Red Metropolitana de Movilidad, todavía opera en el área metropolitana de la capital chilena con flotillas de buses y trenes urbanos. Cuenta con apoyo estatal y este año estrenó sus primeros 100 vehículos eléctricos. La respuesta desde Santiago La delegación chilena que se trasladó a Londres, donde se realizaron las audiencias de abril, fue enfática en rechazar "categóricamente acusaciones irrespetuosas en contra de la reputación y el buen nombre del Estado". En una comunicación enviada a BBC Mundo desde la Cancillería de ese país se señala que "Chile respeta los compromisos adquiridos y sus autoridades actúan de buena fe, de manera fundada, justificada y razonable". "Lo hace como una cuestión de Estado y lo hizo también, sin lugar a dudas, en el contexto de la reforma del Transantiago", indica el documento. Chile solicitó al tribunal arbitral que rechace la demanda en su totalidad, y condene a los demandantes al pago de los costos del procedimiento arbitral y de los gastos incurridos por el país. BBC Mundo se comunicó con la firma de abogados de la parte demandante y, pese a que se envió una lista de temas a tocar tal y como había solicitado, no hubo respuesta. Fallo inapelable Se estima que el laudo de este arbitraje se emitirá a finales de año, aunque no hay una fecha definitiva. Los fallos del CIADI no pueden ser apelados debido a los compromisos hechos por los estados miembros del convenio. En los últimos años, países como Argentina, Bolivia, España o Venezuela fueron conminados a compensar a diferentes empresas que los llevaron hasta esa instancia. De hecho, Colombia tiene siete causas abiertas por incumplimientos con inversiones en el CIADI y otra instancia de Naciones Unidas. La más grande de ellas es con la multinacional Glencore, que le reclama al Estado colombiano US$450 millones.(BBC)