"Los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan la comunidad de creyentes". El papa Francisco muestra en unas pocas palabras lo terrible que es para los afectados la violencia sexual de los clérigos. Al hacerlo, introduce nuevas normas para la acción dentro de la Iglesia, que en pocas semanas serán vinculantes en todo el mundo. Son importantes, aunque lleguen tarde. Y son mucho más estrictas que hasta ahora. Esto se aplica inicialmente a las diócesis de todo el mundo: en el futuro, sacerdotes y religiosos deberán informar de manera completa e inmediata a las autoridades eclesiales correspondientes sobre cualquier caso sospechoso. Cada diócesis debe establecer una o más líneas directas de comunicación "de fácil acceso" en el plazo de un año, a través de las que se pueda dar aviso a la más mínima sospecha. El "encubrimiento" como nuevo delito eclesiástico La Iglesia católica es tanto una comunidad religiosa como un sistema de poder (de impronta masculina). Por lo tanto, la nueva tipificación como delito eclesiástico del encubrimiento de los abusos dentro de la Iglesia es extremadamente relevante. En un sistema lleno de amistades o camarillas y en una estructura en la que las carreras o el prestigio suelen ser controlados por supervisores individuales (directores de personal, obispos, arzobispos), este punto obtiene la mayor relevancia. En la lectura de la nueva reglamentación parece como si los autores conocieran o intuyeran la cotidianidad de los encubrimientos. El que es quizás el caso más famoso del año pasado implicaba a un obispo en la India, al que varias religiosas acusaban de violarlas. No solo el acusado presionó, sino que también otros cargos relevantes trataron de silenciar a las monjas. Hoy el obispo está bajo custodia. Pero las religiosas afectadas están decepcionadas por la jerarquía eclesiástica. Y el presunto autor sigue siendo sacerdote. Este ejemplo de la India puede verse en muchos otros países donde la Iglesia todavía es un sistema cerrado de poder. A finales de febrero, el papa invitó a líderes de las conferencias episcopales de todo el mundo al Vaticano. Las víctimas de abuso, no obstante, se quedaron fuera. Aunque llegara tarde, esa conferencia contra el abuso, seguida en todo el mundo, ofreció una clara señal de que algo estaba cambiando. Lo más irritante, sin embargo, fue el discurso final de Francisco, decepcionante para muchos observadores. Y, sobre todo, para las víctimas. Las actuales nuevas pautas normativas de la Iglesia demuestran ahora que el papa ha estado ocupándose del tema estas últimas diez semanas. Obligatoriedad de denunciar ante las autoridades estatales Aun siendo importantes las nuevas regulaciones, no contemplan la obligatoriedad de denunciar ante las autoridades judiciales. Este punto sigue siendo controversial. La ministra federal alemana de Justicia, Katarina Barley, actual candidata del SPD en la campaña electoral europea, pidió a la Iglesia, horas después del anuncio del Vaticano, que se denunciara inmediatamente cuando hubiera conocimiento de un caso de abuso sexual. Se trata al final de "terribles actos de abuso". Ella tiene razón. Solo en Alemania no existe una obligación general de denunciar los abusos sexuales. Así lo decidió el Parlamento alemán en 2010, del cual Barley ya miembro. Como justificación, en ese momento se afirmó que las víctimas deberían poder confiarles sus casos a alguien, sin que necesariamente condujera a una denuncia. Tal vez la señora Barley debería preguntarse si la legislación de 2010 sigue siendo oportuna. Porque esos actos "terribles" deben ser denunciados, ocurran en el deporte, en las iglesias o en cualquier otra parte. No hay necesidad de un trato diferencial para las iglesias. La violencia sexual en el sistema eclesiástico ha sacudido en los últimos años no solo a la misma Iglesia, sino a todo el mundo. La Iglesia ha perdido a menudo todo crédito moral. En Alemania existe una creciente conciencia del alcance de los abusos sexuales en el mundo del deporte. Probablemente sea necesaria una obligatoriedad de denunciar esos actos, tanto en un sitio como en otro. ¡Ministra de Justicia, ocúpese de ello! (lgc/rrr)