"Más que buscar justicia individual, nos interesa presentar el emblemático caso de Damián Gallardo para que trascienda e incida en cambiar la grave situación de los defensores de derechos humanos en México", dijo a DW Emily de Wolf, responsable de incidencia en Consorcio Oaxaca. Esta organización de la sociedad civil, junto con otras más de cien, trajo hasta las instancias europeas en Bruselas el informe sobre la tortura, que se acaba de presentar en Ginebra, de la mano del maesro y activista indígena Damián Gallardo, que pasó arbitrariamente en prisión cinco años y siete meses. La actividad de las organizaciones y la presión internacional, incluida la de la delegación de la UE en México, incidió en su liberación, en enero de este año. "En el Servicio Europeo de Acción Exterior expusimos lo mismo que ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas. Hemos hecho hincapié en que si bien, en este momento, México tiene un marco legal mejor, este no ha trascendido a la práctica", agrega De Wolf. Llevamos años El tema viene de lejos. En 2014, el relator de la ONU para la Tortura y otros tratos o penas indignos o degradantes (TPCID) resaltó en su informe que el uso de la tortura en México es generalizado. En 2017, el informe de seguimiento refrendaba la conclusión. El mismo año, en la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad, se constataba que en los centros penitenciarios del país, el 75,6% de la población había sufrido violencia psicológica, el 63,8%, violencia física, el 49,4% había sido incomunicado, el 39,4% había recibido patadas o puñetazos y más del 23% había recibido golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento. Según consta en el informe sombra, presentado por las ONG a la ONU, los TPCID se dan tanto en reclusión como en hospitales psiquiátricos, en centros de detención migratoria como en centros de menores. Transversal a todo esto sería, según el informe, el alto grado de impunidad: en febrero de 2018, la Fiscalía informaba que, a nivel federal, de 8.335 investigaciones por tortura se habían llegado a acciones penales solo en 17 casos. Por otro lado, el Centro Prodh, coautor del informe sombra, documenta 29 casos en 2018 ee mujeres denunciantes de tortura sexual recluidas y acusadas con base en pruebas ilícitas, que incluyen declaraciones autoincriminatorias sin pruebas, algo incompatible con los estándares internacionales. Damián Gallardo "Yo mismo tengo interpuesta una denuncia por tortura desde el 2014. Hasta la fecha no hay respuesta ni avance", cuenta a DW Damián Gallardo después de uno de sus encuentros con interlocutores de la UE. Ese año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió una opinión sobre su caso y permitió documentar la existencia de un patrón generalizado en México. "Mi caso fue considerado emblemático porque reúne todos los elementos que aplican para muchos otros casos: comienzan con detenciones sin órdenes de allanamiento. Ahí empieza un período de desaparición temporal ligado a la tortura física y psicológica", explica Gallardo, quien hasta su detención en mayo de 2013 llevaba años luchando por el derecho a la educación. Violación al debido proceso, prisión preventiva que se prolonga por años y falta de acceso a la justicia acompañan a la tortura. ¿Qué hay que entender bajo este término? "Te detienen de manera violenta, te vendan los ojos y esposado te conducen a un lugar que no conoces, una casa clandestina. Hay golpes entretanto sofisticados para que no dejen mucha marca, vejaciones, toques eléctricos (en los testículos, en diferentes partes del cuerpo). También es recurrente la asfixia con bolsa de plástico en donde sientes morir. Y al final la tortura psicológica y emocional: te denigran hasta hacerte sentir que tu vida no vale nada y te hacen firmar un papel en blanco a cambio de no hacerle daño a tus familiares", cuenta Gallardo. Respuesta estatal Tanto al informe sombra presentado por las organizaciones como al informe del CAT, el gobierno mexicano sigue respondiendo que son casos aislados, que no es una práctica generalizada. "Es una lástima que este gobierno mexicano mantenga la línea de los anteriores. Esto nos deja claro que la lucha contra la tortura no está en la agenda", lamenta Gallardo. "Por eso recurrimos a diferentes instancias, con el afán de lograr que el Estado mexicano reconozca la práctica y que el estado de derecho se cumpla, porque generalmente hay una legislación bastante buena, garantista; pero la realidad la contradice, es letra muerta. Tenemos que crear los mecanismos para que la ley se cumpla", subraya Gallardo. "Que así como con Damián Gallardo, a quien miembros de la delegación de la UE en México fueron a visitar a la cárcel, nos parece de suma importancia que en todas las instancias de diálogo bilateral se mantenga sobre la mesa la preocupación por falta de acceso a la Justicia, que se mantenga la atención en los casos de detenciones arbitrarias que lleva en este momento la ONU", concluye De Wolf. Mirra Banchón (lgc)