El presidente Javier Milei redobla su reciente giro ofensivo contra el Reino Unido por la soberanía sobre las islas Malvinas. El Gobierno argentino intimó a Londres a frenar en un plazo de dos semanas la explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas. En paralelo, el mandatario anunció el inicio de un arbitraje sobre el Derecho del Mar, el mecanismo que la Convención de las Naciones Unidas prevé para resolver controversias entre Estados parte.
La medida apunta a las vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte. De no haber respuesta, Buenos Aires pedirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar sus derechos sobre la plataforma continental. "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS [sic] y se defienden con hechos, no palabras", escribió el presidente en sus redes sociales. El canciller Pablo Quirno informó luego que la notificación ya fue enviada a Londres.
La decisión llega cinco días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde cuestionó al organismo por no hacer cumplir sus propias resoluciones y citó Malvinas como ejemplo. El reclamo ahora se canaliza a través de un tratado surgido de ese mismo sistema multilateral, aunque el tribunal al cual apeló funciona como órgano judicial autónomo.
Sea Lion es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. El yacimiento fue descubierto en 2010 y su primer crudo estaba previsto originalmente para 2020, pero la decisión final de inversión recién llegó en diciembre de 2025, con un desembolso de 1.800 millones de dólares hasta el inicio de la producción.
La primera fase apunta a extraer 170 millones de barriles, con un pico cercano a 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Esa etapa representa menos de una quinta parte de los 917 millones de barriles de recursos que una certificadora independiente atribuyó al yacimiento, cuyo desarrollo completo requeriría al menos una plataforma flotante adicional y decenas de pozos submarinos.
La intimación corona una escalada que comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei anunció por cadena nacional el decreto que reglamentó la Ley 26.659 de 2011 contra la exploración no autorizada en la plataforma continental. Desde entonces, la Cancillería abrió procedimientos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores, y denunció penalmente a Navitas y a sus filiales.
Quirno advirtió además que las compañías que operen en las islas quedarán excluidas de proyectos estratégicos en territorio argentino, como la formación de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén (sur). El Gobierno también envió al Congreso el 17 de septiembre un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía el alcance de las restricciones a empresas vinculadas.
El comunicado presidencial sumó un frente aéreo: ordenó sanciones y denuncias penales contra Thales UK Limited, filial británica del consorcio de defensa francés Thales, por un vuelo no autorizado entre las islas y la ciudad chilena de Punta Arenas, en la región de Magallanes. La aeronave trasladó a una delegación isleña a un foro empresarial que busca abrir una ruta comercial con Chile.
El episodio expuso una tensión con Santiago. A comienzos de septiembre, los Gobiernos de Milei y José Antonio Kast firmaron un comunicado en el que Chile respaldó el reclamo argentino y se comprometió a no brindar apoyo logístico a las islas, pero la Cancillería de dicha nación defendió luego el derecho de empresas y ciudadanos de Magallanes a comerciar con el archipiélago.
Londres, por su parte, sostiene que la Resolución 2065 de la ONU, aprobada en 1965, no prohíbe el desarrollo económico de las islas ni desplaza el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. Argentina invoca en cambio la Resolución 31/49 de 1976, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.
El plazo fijado por el Gobierno vence el 12 de octubre si se computa desde el anuncio. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, está integrado por 21 jueces y funciona desde 1996. La Convención de la ONU que lo creó entró en vigor en 1994 y fue ratificada por Argentina en 1995 y por el Reino Unido en 1997, lo que habilita a ambos Estados a someterse a sus mecanismos.
"El anuncio es importante, porque el avance petrolero británico tendría grandes y graves consecuencias, ya no solo para la Argentina", dijo a Sputnik el politólogo especializado en geopolítica Lucas Melfi. Para el experto, el impacto alcanzaría a toda la región, explicó, porque allí se proyecta la OTAN, que "es una organización bélica, en una zona de influencia que no es la suya".
Melfi sostuvo que el proyecto Sea Lion "genera toda una capacidad para abastecer directamente de combustible a la logística de la OTAN", una alianza que "pondera como teatro de operaciones ya la globalidad, no solo lo que es su región tradicional". Recordó además que "Inglaterra pretende también una porción de la Antártida".
El especialista precisó que el motor de las islas es "la economía azul", con un 96% de exportaciones pesqueras, dos tercios de ellas hacia España: "Esto es algo que no es casual". Lo definió como una "estrategia de cuña", en la que "un actor aislado, como pueden ser las islas Malvinas, intenta meterse en la cadena de valor de un bloque supranacional, como es la Unión Europea".
Consultado por Sputnik, el analista internacional Ezequiel Magnani consideró que la medida constituye "un cambio grande, porque el Gobierno suelta la negociación y apela a una entidad tercera para que arbitre sobre el conflicto". Para el experto, se trata de un paso de alcance incierto, porque "hay que ver cuál es la respuesta británica y, sobre todo, si el tribunal acepta el caso".
"Es una decisión riesgosa, que redobla la apuesta, porque puede terminar generando un perjuicio al reclamo de la soberanía", remarcó el entrevistado. En ese eventual escenario, "un fallo adverso llevaría a reforzar el argumento británico, citando esta potencial decisión como un antecedente concreto que respaldaría la postura de Londres".
Para Melfi, la ofensiva oficial "está resultando muy rupturista de lo que es el posicionamiento tradicional en materia de política exterior de la República Argentina, que siempre fue más cautelosa, apostando por la negociación". "Creo que nos va a costar mucho reconstruir y restaurar una posición creíble después de esto", afirmó.
El especialista planteó que "hay que actuar de una manera estratégica, sabiendo qué es lo que se juega", porque "ya tuvimos horrendas experiencias de actuar de manera demagógica". También encontró una semejanza con la guerra de 1982, "cuando los militares ponderaban a Estados Unidos como su máximo aliado", al referirse a los riesgos de la estrategia actual.
En diálogo con Sputnik, el analista internacional Lucas Molinari sostuvo que la ofensiva del presidente Milei "se contradice con lo que está pasando después en los hechos, que es la explotación hidrocarburífera continúa". A su juicio, la raíz del problema está en el mar: "La pesca ilegal es lo que sostiene la usurpación de Malvinas".
"Son los usurpadores de las Malvinas los que venden licencias ilegales, que es algo que se ha vuelto ya consuetudinario", explicó Molinari. Según el periodista, desde 1982 "la usurpación británica no solamente fue creciendo, sino que se fue haciendo más sustentable, con la pesca ilegal como principal recurso, y la proyección es la hidrocarburífera".
El investigador citó el foro que reúne en Chile a empresarios isleños y magallánicos: "Hoy en Punta Arenas están discutiendo cómo comerciar entre Chile y Malvinas". Frente a eso, Buenos Aires "protestó, pero casi como una cuestión diplomática o meramente diplomática", advirtió. "Hoy la Argentina está retrocediendo en soberanía", remarcó.
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