BUENOS AIRES – “Cada vez tenemos menos compañeras y menos recursos para sostener el centro comunitario en el que entregamos comida, acompañamos situaciones de violencia de género o ayudamos con trámites a los ancianos”, cuenta Norma Morales, quien vive desde hace 30 años en Danubio Azul, un barrio popular del sur de los suburbios de Buenos Aires.
Por la escasez de recursos y personal, el centro de ayuda social Arco Iris, que antes abría sus puertas todos los días, tuvo que pasar a atender solo tres veces por semana. Justo cuando la crisis social en Argentina se profundiza –con mayor pobreza, mayor desempleo y menor actividad económica, según datos oficiales-, los más necesitados quedan más solos.
Desde que asumió el gobierno del ultraderechista Javier Milei, en diciembre de 2023, se desmantelaron o desfinanciaron 48 de las 50 políticas públicas que existían en este país sudamericano de 46 millones de habitantes para sostener la vida de las personas más vulnerables, según un relevamiento del colectivo denominado La Cocina de los Cuidados.
«Los recortes se suman a la crisis de cuidadores: cayó el número de candidatos a la residencia pediátrica, hay vacantes en los servicios de protección. Está comprometida la vocación de cuidar y la situación de los niños ni siquiera está en la agenda del gobierno”: Gabriela Bauer.
Se trata de un espacio intersectorial que hace un seguimiento de las medidas y un acompañamiento de los actores afectados por el avance del programa económico y social en ejecución, que tiene su corazón el ajuste de las cuentas públicas para lograr superávit fiscal y está castigando especialmente a niños, niñas y adolescentes de hogares pobres, personas mayores y discapacitados.
La sede de La Cocina de los Cuidados está en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización de derechos humanos más prestigiosa de la Argentina, fundada durante la última dictadura militar (1976-1983) por familiares de desaparecidos.
El peso abrumador de la realidad social en Argentina recae sobre las mujeres, que, por citar un ejemplo, dedican 6,4 horas por día a tareas domésticas, según un estudio del no gubernamental Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
“Quienes cuidamos somos trabajadoras sin sueldo, sin derechos. Y hoy hay una situación de multiempleo y de falta de acompañamiento estatal que está dejando sola a las personas. Yo formo parte de una cooperativa textil con 13 compañeras, pero los fines de semana voy a vender ropa usada en una feria barrial”, cuenta Morales a IPS.
Una de las medidas con mayor impacto sobre personas vulnerables que ha tomado Milei fue la suspensión de la entrega gratuita de medicamentos para los afiliados a Programa de Atención Médica Integral (Pami), la mayor obra asistencial del país y que da cobertura a más de cinco millones de jubilados.
Mientras, los discapacitados han sufrido una pérdida del valor real de sus pensiones por invalidez de 12 % cuando se compara 2025 con 2023. Además, el número de pensiones cayó, porque se eliminaron miles y la mayoría de las nuevas solicitudes se rechazaron, ya que solo se está concediendo una de cada 10 demandas.
También ha sido un golpe significativo la eliminación del Plan Potenciar Trabajo, una política de inserción laboral que tenía más de un millón y medio de beneficiarios. Estos cobraban 50 % del salario mínimo, vital y móvil y como contraprestación debían realizar tareas coordinadas por cooperativas, como limpieza de espacios públicos.
El salario mínimo, vital y móvil es un monto fijado por el gobierno como lo mínimo que debe cobrar un trabajador y la administración de Milei lo ha fijado en unos 250 dólares, que no llega a cubrir siquiera la cuarta parte de la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro personas, que supera los 1000 dólares, de acuerdo a datos oficiales.
“Ese congelamiento afecta a todas las políticas sociales, que en su mayoría están atadas a ese monto”, dice a IPS la economista Lucía Cirme, uno las coordinadoras de La Cocina de los Cuidados.
“Ante este retiro del Estado, la sociedad civil puede organizarse para monitorear, que es lo que estamos haciendo, pero también para imaginar cuáles son la mejor versión de las políticas que necesitamos y reclamarlas. Si bien las cocineras comunitarias siguen cocinando con lo que pueden, hay cosas que no pueden venir sino del Estado”, agrega.
En Argentina crece el trabajo informal, con precarización y bajos ingresos, que ahora sufren también muchos de quienes tienen un empleo formal: 20 % de ellos cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza, según un reciente estudio del Instituto de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El deterioro de los salarios ha obligado a los argentinos a endeudarse para gastos corrientes y la morosidad en los créditos se ha quintuplicado en los últimos 18 meses, según datos privados.
Mientras esto sucede, Milei niega todo, dice que la morosidad es un “problema entre privados” y celebra sus resultados.
“Los indicadores económicos están arrojando cualquier cosa”, dijo en una reciente entrevista televisiva, mientras pone el foco en los buenos rendimientos de actividades como la minería y la extracción de petróleo, que se benefician con recortes impositivos y cuyos éxitos que le quedan a años de luz de distancia a la enorme mayoría de la población.
En 2023, durante su campaña electoral, y en un contexto de gran malestar social con quienes gobernaron el país durante los últimos años, Milei había prometido que los recortes los iba a pagar lo que denominaba “la casta política”, por su situación privilegiada. Pero eso no ha sucedido.
“La crisis de cuidados ocupa un lugar muy trascendental. Los chicos han perdido la matriz social por la crisis de las cuidadoras y las trabajadoras de los comedores. La tarea de los centros comunitarios en los barrios populares está siendo reemplazada en muchos casos por el narcotráfico”, advierte a IPS la médica pediatra Gabriela Bauer.
Bauer trabajó durante 30 años y fue presidenta del consejo de administración del Garrahan, el hospital público para niños que trata casos de alta complejidad y es el más importante de Argentina y referencia de excelencia en América Latina. Cada año atiende más de 600 000 consultas a familias que llegan a Buenos Aires desde todo el país y realiza unas 12 000 cirugías y más de 100 trasplantes.
El Garrahan sufrió recortes presupuestarios que el año pasado dispararon una grave crisis. “Hubo un éxodo de trabajadores. Por los bajos salarios se fueron más de 300 trabajadores formados y capacitados y ni siquiera se cubrieron los puestos de quienes nos jubilamos”, cuenta Bauer.
“Los recortes se suman a la crisis de cuidadores: cayó el número de candidatos a la residencia pediátrica, hay vacantes en los servicios de protección. Está comprometida la vocación de cuidar y la situación de los niños ni siquiera está en la agenda del gobierno”, agrega.
Efectivamente no se conocen políticas públicas destinadas a los menores de 14 años, grupo en el cual la pobreza alcanza la impactante proporción de 44,5 %, en un contexto general de 32,3 %, de acuerdo a los números difundidos este mes de septiembre por la agencia pública de estadísticas.
Ante esta realidad, las organizaciones sociales, políticas, académicas y sindicales que conforman La Cocina de los Cuidados presentaron en agosto una propuesta que busca instalar en el debate público la idea de que sostener la vida es una tarea colectiva y una responsabilidad social compartida.
La misión es generar oportunidades para niños, niñas y adolescentes, acompañar a los mayores y apoyar a los discapacitados para que puedan llevar una vida independiente.
La propuesta del llamado Acuerdo Nacional por los Cuidados parte de la premisa de que reorganizar las responsabilidades es una condición para garantizar derechos, crear empleo, dinamizar la economía, reducir desigualdades y pobrezas, y fortalecer la democracia.
“Lo primero que decimos es que cuidar es un proyecto de país y que los recursos están, porque los cuidados no son un gasto sino una inversión”, afirmó Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda feminista del CELS.
Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires –la más grande y poblada del país- se presentó un proyecto de ley para crear un plan de cuidados, que busca que sean reconocidas con un pago educadoras populares, cuidadoras en jardines comunitarios, cocineras, promotoras de salud y acompañantes en situaciones de violencia de género.
“Buscamos que se articulen distintas políticas sociales de la provincia que se han puesto en marcha en las últimas décadas, desde que comenzó a extenderse a la pobreza. Hay una multiplicidad de acciones y espacios que a nivel nacional están siendo desmanteladas”, dijo a IPS la senadora provincial María Rosa Martínez.
“Necesitamos que se reconozca que el cuidado es trabajo y se remunere a través de los presupuestos públicos. Hoy los mayores cada vez viven más y cada vez necesiten más cuidados. Y este es uno de los trabajos que no va a desaparecer con las nuevas tecnologías”, concluyó.
IPS - ED: EG - Daniel Gutman
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